El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, y el Directorio del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) comparecerán ante el Parlamento el jueves 2 de febrero a raíz de la polémica adopción de la beba Mía.
La Comisión Permanente del Poder Legislativo aprobó ayer el llamado a Olesker y a las autoridades del INAU por diez votos en diez y designó al senador colorado Alfredo Solari (Vamos Uruguay) como miembro convocante.
El oficialismo, sabiendo que habría unanimidad, coordinó de antemano la fecha para recibir al ministro y a los jerarcas del INAU, indicó al finalizar la sesión (que duró menos de 20 minutos) el senador socialista Daniel Martínez, presidente de la Comisión Permanente.
Además de intercambiar opiniones sobre el caso Mía, los legisladores quieren conocer la visión de Olesker y de las autoridades del INAU en relación a los cambios que se proyectan a la ley de adopciones.
Aunque todos los partidos apoyaron la convocatoria, se redactó una moción de consenso que "es mucho más adecuada en sus términos" a lo que se había planteado inicialmente, dijo en sala el diputado Edgardo Rodríguez (Espacio 609), quien calificó de "bastante lamentable" el manejo mediático que se hizo del caso Mía.
Solari se sintió aludido por la afirmación de Rodríguez y pidió la palabra para explicar los motivos por los cuales junto a otros cuatro legisladores de la oposición firmó un comunicado "muy duro" en el que se reclamó la renuncia de los directores del INAU por la "filtración" a la prensa de informes internos del organismo.
"El Estado (a través del INAU) abusa de la intimidad de las parejas con las cuales trabaja", sostuvo Solari.
Según el informe, la madre cuidadora de Mía, que tuvo la niña a su cargo durante 16 meses, quería adoptarla porque en base a la presencia de la pequeña en su casa recompuso la relación con su esposo, de quien estaba separada.
Por su parte, el senador Luis Rosadilla, dijo que sintió "la misma indignación" que su par colorado por la divulgación del informe, "pero no se puede inferir ni quién ni de dónde se filtró la información".
Rosadilla, miembro de la CAP-L, sector que integra el presidente del INAU, Javier Salsamendi, dijo que el organismo abrió una investigación interna para saber si la "filtración" ocurrió desde la institución.