A los 80, pensando en el futuro familiar

El general retirado Óscar Olivera tiene 82 años y presentó una solicitud para ampararse a la ley de beneficio jubilatorio en 2006. En 1973 tenía el grado de coronel, y era profesor en el Instituto Militar de Estudios Superiores. El 9 de febrero de ese año, cuando los generales desconocieron la autoridad del entonces presidente Juan María Bordaberry, lo mandaron para su casa. En 1977, Olivera fue uno de los altos mandos que debió pasar a retiro obligatorio por el "inciso G" de la Ley Orgánica Militar, que agregaba como causal de retiro el no estar de acuerdo con el golpe.

Luego, Olivera tuvo una pequeña empresa y trabajó en el transporte de pasajeros. En 2001, a través de una ley y junto a otros militares fue ascendido a general. Actualmente espera la compensación jubilatoria. "Para ayudar a mi hija y mis nietos", afirma.

El contraalmirante Noel Mancebo, de 81 años, está en una situación similar. En 1977 fue expulsado de la Armada Nacional junto a una decena de altos mandos, por disposición del "inciso G". Entonces se dedicó a sus otras dos profesiones, de contador público y perito naval.

Mancebo, junto a Olivera y otros 40 militares, reclamaron la indemnización a través de Gonzalo Aguirre, pero aún no recibieron respuesta. "Pedí por escrito y por vía oral, en cinco ocasiones, que me reciba el ministro" de Defensa José Bayardi, pero "no contesta", comentó Mancebo, quien dijo que utilizaría el dinero, que estima en US$ 30.000, para que sus hijos "puedan seguir sus carreras, y tengan seguridad por cualquier eventualidad".