«Uruguay más que en reciclaje tiene un problema en la recuperación», dijo Peña. En su plan de recuperación de plástico, el Ministerio planteó a las industrias metas muy ambiciosas, ya que hoy solo se recupera el 3,7% del total, aunque es mayor si se considera el mercado informal. «Pusimos en la resolución (de abril) metas que las empresas ya esperaban alcanzar en los plazos establecidos. Un 30% al 2023 y 50% al 2025 y la obligación de incorporar un 40% de reciclado en 2025, a partir del 1° de enero, son objetivos que creo que las cámaras están mostrando su compromiso para alcanzarlos. Apostamos y confiamos en eso».

La ley 19.829 establece la «responsabilidad extendida del productor de resiudos». «El Estado uruguayo y el legislador ha sido claro: el concepto sería ‘el que contamina paga’, debe generar los planes para que los productos vuelvan. (...) No estamos pensando en dar incentivos», dijo Peña. En cuanto a la tasa que esa ley faculta a cobrar a fabricantes o importadores por kilo de envase, dijo que «por ahora la línea de trabajo es otra». «Es no aumento de carga impositiva, no prohibir todavía ningún tipo de envase y trabajar en conjunto con las cámaras empresariales para avanzar en los planes». «Estamos apostando a que eso pase», señaló.

Peña se mostró afín a que en sus llamados para compras públicas el Estado dé ventajas a las empresas amigables con el ambiente que se postulen como proveedoras. «Para nosotros es importante llegar a determinadas certificaciones. Por ejemplo, con respecto a las resoluciones vinculadas a envases y plásticos, estamos generando un sello de ‘libre de plásticos de un solo uso’, para que precisamente las empresas gastronómicas y de hotelería que trabajen así puedan tener una ventaja llegado el momento. Nos parece una herramienta bien importante (...) para que podamos incentivar ese modelo de economía circular», dijo.

Aprobada en julio pasado, la ley de Sociedades Comerciales de Beneficios e Interés Colectivo aún no está reglamentada, pero Peña dijo que está previsto que lo esté antes de fin de año. «La reglamentación es clave. Está en el ámbito del Ministerio de Economía pero hemos solicitado participar y ser activos en ese trabajo. Estamos en ese proceso», destacó. «Los tiempos públicos a veces son un poco más lentos, pero también entiendo que hay que hacerlo con cuidado... aquello de ‘vísteme despacio que estoy apurado’, porque en la reglamentación está gran parte del éxito posible de esta muy virtuosa ley», afirmó.

Calificó de «hito» la construcción del equipo interinstitucional que está midiendo la huella ambiental de la producción ganadera, integrado por organismos vinculados a la parte ambiental y la productiva. Lo mismo se hará con otras cadenas. «Alguna (huella) va a dar negativa, no tenemos que tenerle miedo a eso. Lo que no puede haber es ocultamiento», enfatizó. «La gran suerte de Uruguay se juega en esto. Uruguay seguirá siendo un productor de alimentos. Incorporar la dimensión ambiental en nuestra producción es una gran oportunidad, no una amenaza. Por suerte lo están entendiendo productores y sistema político».