La seguridad pública como prioridad

Según la Organización Panamericana de la Salud, la mayor causa de muerte entre la población masculina de cinco a 60 años en América Latina es el homicidio. Datos de la Unicef apuntan que más de seis millones de menores mueren víctimas de la violencia en la región anualmente.

En Brasil, según información a 2005, las llamadas causas externas provocaron 12,7% del total de muertes registradas en el país. Es que el precio de la violencia es cada día más alto en la región. En algunos países, el gasto en salud pública relacionado con casos de violencia supera el 4% del PIB.

La seguridad pública, por lo mismo, debe ser prioridad para los gobiernos latinoamericanos en 2008. Y no en forma aislada, sino que conjuntamente. Hoy, el crimen organizado está a la vanguardia de la integración regional y representa cada vez más una amenaza para las democracias de la región. Como ya quedó en evidencia por las conexiones de la narcoguerrilla colombiana con el tráfico de drogas en Brasil, por el tráfico de armas que abastece el Cono Sur vía Paraguay, por el contrabando y la piratería que financian cuadrillas desde la triple frontera, por la internacionalización de las maras en América Central y sus vínculos con bandas de inmigrantes latinos en Estados Unidos.

En un reciente seminario en Sao Paulo sobre el tema, el investigador Michel Misse, de la UFRJ, señaló que este escenario ponía en riesgo la sobrevivencia de la democracia.

"No se trata de conspiración", afirmó. Así, la acción directa contra el crimen será más que bienvenida.