La responsabilidad de llegar a un punto de encuentro

LAURA ARAÚJO / FERRERE ABOGADOS

Aquí somos pocos y nos precisamos. Tenemos una tasa de natalidad (14/1000) bajísima, un promedio de edad que nos avejenta y escasa densidad de población. Las consecuencias de esa demografía se verifican en cada análisis de los desafíos que enfrenta el país. Una de nuestras necesidades es gente joven.

Cada niño, en cualquier país, es una promesa que como seres humanos deberíamos atesorar. Pero acá, en Uruguay, es posible cuidarlos más que en muchos otros lugares del mundo y, sin embargo, no estamos haciendo todo lo que podemos. Eso también nos define como sociedad. La estadística o la preocupación son el principio, la cuestión requiere ocuparse más y mejor. A los niños que viven sin su familia hay que darles eso, una familia. Y a los que quieren ser padres, también hay que darles una familia. Una vida acorde con sus derechos sin un vacío que condicione su desarrollo humano. Desarrollo entendido en su sentido más amplio; físico, intelectual y emocional.

NIÑOS Y PADRES

Hay un número significativo de parejas que no pueden tener hijos ni acceder a tratamientos médicos que lo posibiliten. Otras que por diferentes circunstancias quieren y pueden criar niños. Quizás no todas sean capaces de hacerlo y es posible que unas pocas no deban. Y tenemos niños que necesitan quién vele por ellos, como padres afectuosos y responsables.

Se trata de derechos fundamentales, de valores morales y de ética, se trata de humanismo. Pero la adopción, también, como un acto de inclusión social, es un aporte a la contención de la marejada de incivilidad que ha venido, paradójicamente, acompañando la mejoría económica. En un tema tan importante como el destino de esos niños, nuestros niños, todos podemos opinar, pero todos, como miembros de esta sociedad, debemos hacernos responsables. El Estado como protagonista indiscutible, que tiene todos los recursos para resolver, salvo la imprescindible agilidad y el sentido de lo urgente. Junto a las diversas ONGs con mérito suficiente.

La cantidad de adopciones es insuficiente y disminuyó notoriamente los últimos tres años. Ese lapso es el que transcurrió desde que entró en vigencia la ley 18.590.

CRECER EN FAMILIA

Lo que se pretende es que el niño permanezca bajo el cuidado de su familia biológica y se intenta todo lo posible para lograrlo. Así debe ser y nuestras leyes no han sido ajenas a este principio. Sin embargo, cuando ello no es posible, hay que procurar evitar la institucionalización de los niños.

El Estado, con su exorbitado bagaje de datos respecto a los ciudadanos, sus potestades específicas para la evaluación de las parejas que desean adoptar y sus muchísimos funcionarios, podría agilitar un proceso con todas las garantías si entre sus prioridades incluye un equilibrio razonable de todos los factores en juego, como el paso del tiempo y el transcurso de la vida. Todas las precauciones tienden a parecer excusas burocráticas si los niños que esperan ser adoptados terminan creciendo sin familia, esperando, y las parejas que desean adoptar sufren demoras injustificadas.

Considerando el problema de una rápida reinserción de los niños que por diferentes razones están en situación de adopción en el marco de la enorme carga presupuestal que se dedica a los programas de inclusión social en Uruguay, se comprueba que la magnitud cuantitativa de esta cuestión específica no admite dilatorias. Ni, por supuesto, teorizaciones que intentan explicar por qué las entidades estatales deben considerarse mejores que selectas ONGs privadas. La monopolización de todas las funciones de análisis, evaluación y contralor termina por dificultar seriamente el compromiso más importante: una solución inmediata para procurarle a estos niños un hogar.

PUNTO DE ENCUENTRO

El Estado puede y debe agrupar, coordinar y considerar a todos, órganos de control, poder judicial, organizaciones sociales, profesionales especializados, madres sustitutas experimentadas, entre otros, en un proceso ágil. Durante algunos años el monopolio estatal ha enlentecido el proceso, a veces arguyendo la necesidad de controles a los padres adoptantes, verdadera, pero realizable en plazos más cortos, o invocando carencia de recursos humanos capacitados de dinero, lo que en realidad es un tema de organización y distribución de recursos. Una vez más, la maldita burocracia, pero en este caso, los rehenes son niños. Niños que crecen, tornándose más frágiles al desarrollarse menos y más lentamente en un contexto de institucionalización y, también, resultando progresivamente menos elegibles ya que los padres adoptantes suelen preferir niños de corta edad. Esto, aunque pueda resultar lastimoso, es uno de los hechos que deben considerarse en una situación delicada, sensible e íntima que, precisamente por eso, requiere de parte de todos los involucrados eficacia y discreción. Con la lentitud y la ineficacia los niños dejan de serlo y pueden perder la oportunidad de integrar una familia.

Los anuncios de un nuevo marco legal que contemple mejor la realidad de las cosas y nos incentive y obligue a mayores esfuerzos es una buena noticia; quizás resulte un punto de encuentro. Un punto de apoyo para mover este mundo…