¿Disciplina partidaria?

AGUSTÍN MAYER / FERRERE ABOGADOS

Meses atrás, en una acalorada discusión en la Cámara de Senadores, un Senador de la República fundamentó largamente su desacuerdo con el proyecto de ley interpretativa de la Ley de Caducidad. Al final, sin embargo, votó a favor del proyecto y explicó que lo hacía por "disciplina partidaria" o alguna idea o concepto muy similar.

¿Cuál es el significado profundo de esa conducta, más allá de lo circunstancial? Olvidemos quién es, cuál fue el tema específico y otras condicionantes que puedan desenfocar nuestro análisis. Pensemos, como corresponde, en el acto en sí mismo y en su significación formal.

Todos entendimos a qué se refería el Senador cuando manifestó que el voto -discorde con su pensamiento y visión del tema- respondía a un acto de "disciplina partidaria". Es sencillo: es el partido político el que toma las decisiones mediante sus órganos internos y los legisladores, que pertenecen al mismo, deben respetar lo resuelto en ese ámbito.

¿ZOMBIES O LEGISLADORES?

Quizás en un comité de algún partido político, embelesado por la ilusión de la suprema consistencia, desprecian el valor del afiliado que piensa, ese individuo que elabora sus posturas combinando ideas y libre albedrío con talentos y saberes. Pero el Parlamento no es un comité. Esta "disciplina partidaria", no está prevista en la Constitución de la República y, además, distorsiona el sistema representativo que sí está establecido en nuestra Carta Magna. En un sistema republicano con división de poderes y en una democracia representativa, el legislador electo representa, antes que nada, y en primer lugar, los intereses de los votantes. Los requerimientos del partido que integra o del gobierno de turno no son la prioridad absoluta. El electorado lo vota y lo elige para que lo represente y para que, de acuerdo a su leal saber y entender, vote a favor o en contra de los proyectos y manifieste las necesidades de los ciudadanos. Todo ello conforme lo dictaminen sus valores, su inteligencia, sus convicciones y su conciencia.

Pero en ningún caso la Constitución prevé que un representante de la ciudadanía deba seguir los mandatos del partido político del que forma parte y votar absolutamente siempre conforme a sus directivas. Se supone que por eso los grupos políticos seleccionan personas con diversas cualidades y experiencia, capaces de resolver ante sí mismos, ante la ciudadanía, su partido, el gobierno y la posteridad, dilemas complejos; quizás en el marco de un enfoque general, una estrategia o una ideología, pero nunca sin un profundo análisis propio.

AUTÓMATAS

Si predominara la idea de una asamblea de robots, poco importaría la integración de las listas a senadores y diputados. La situación se reduciría a un asunto numérico; tantas bancas para cada partido político y si las ocupan Juan, Pedro o María daría lo mismo, sería indiferente. Las decisiones tomadas por el partido serían inapelables y los representantes electos no serían más que "números", meros autómatas ejecutores, en sintonía automática y absoluta con las decisiones de su agrupación partidaria. Este no es el sistema previsto en nuestra Constitución, ni es la forma en la que debe funcionar una "democracia representativa". Podrá decirse que el votante no analiza a todos los integrantes de una lista y que vota a un conglomerado, un "combo" determinado. Sin embargo, los votantes sí suelen conocer, preferir y confiar en individuos que, según estiman, defenderán con un estilo o énfasis particular el interés general. Votan persuadidos de la conveniencia de apostar a las cualidades y características de personas con méritos específicos. Y creen que legislarán con su criterio. En un país en que "somos pocos y nos conocemos" la gente sabe, más o menos, quiénes son los legisladores.

EL DEBER DEL PENSAMIENTO PROPIO

Ocurre que la defensa de los intereses ciudadanos, que los miembros de un partido político pueden interpretar de modo similar, no necesariamente obliga a la unanimidad. Es más, puede merecer y hasta requerir que cada parlamentario, según su saber y entender -que puede implicar aspectos técnicos o cuestiones éticas- discuta, argumente, negocie y vote. Esos matices enriquecen el debate público, tanto en "la interna" partidaria como en el parlamento y la comunidad. Quizás en desmedro del maniqueísmo militante, pero a favor de la madurez del análisis y del fortalecimiento del sistema democrático. Poner "la disciplina partidaria" por encima de las decisiones particulares de cada legislador hiere la Constitución, contamina el sistema de democracia representativa y, finalmente, resulta una traición al electorado. Éste elige a sus representantes para que lo representen a él y no meramente a los intereses de un partido político en una coyuntura determinada.

RESPETAR A LA NACIÓN

Respetar el régimen jurídico vigente y sus reglas de juego, de la primera a la última, hacen a la vigencia de un Estado de Derecho. No por tener elecciones democráticas cada cinco años vivimos en un Estado de Derecho. Lo hacemos, si efectivamente respetamos el Derecho como regla que guía la conducta de todos los ciudadanos. Nos gusten o no, nos parezcan circunstancialmente justas o injustas, son las reglas que se dan en una sociedad para poder convivir. Si pretendemos respetar los derechos de todos, crecer como país estable, con instituciones sólidas y seguridad jurídica, empecemos por entender que las reglas de juego esenciales las fija el régimen jurídico vigente y no están sujetas a la voluntad de los partidos políticos. Sea cual sea el partido en cuestión.