No es fácil para un pequeño empresario vivir en Brasil. Más aun, comenzar a serlo. Si no, pregúnteles a los emprendedores que han gastado 152 días inscribiéndose en diez órganos distintos y presentando más de 10 documentos para crear una sociedad. Esto es sólo superado en Haití, donde los empresarios pasan por 203 días de trámite, y contrasta con Australia, donde todo se hace en sólo dos días, según el Banco Mundial. Ante eso, mejor no pedirle permiso a nadie, pensaron los dueños de los 10 millones de empresas informales que hay en Brasil, contra 5 millones de formales.
En un país en que las pymes son el 99,2% del total de las compañías y el 20% del PIB, el problema es serio. Por eso, los pequeños y medianos empresarios están con los brazos abiertos aguardando la promulgación final de la Ley General de Micro y Pequeñas Empresas, aprobada en diciembre de 2005 en comisión especial. Ésta pretende desburocratizar la apertura de empresas y bajar impuestos. Una gran oportunidad, que tiene el apoyo de la industria, comercio y del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dice André Silva Spínola, consultor de Políticas Públicas del Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae).
"Se van a formalizar empresas que nunca pagaron tributos, porque con una carga tributaria baja no vale la pena correr el riesgo de evasión", dice Ives Gandra da Silva Martins, abogado tributarista en San Pablo. La ley, dice, quitaría un peso a las firmas, cuya carga actual llega al 38% del PIB. "En Brasil se trabaja casi la mitad de año para sustentar al gobierno", se queja el letrado.
Según Spínola, no hay ninguna ley tan amplia como la que pretende ser aprobada en Brasil. Trata sobre la tributación, la apertura de empresas, el acceso al crédito y la innovación tecnológica, al tiempo que contempla inversión en Investigación y Desarrollo y en capaci- tación tecnológica para la microempre- sa (con renta anual bruta de hasta U$S 104.000), y a las empresas de pequeño porte, EPP (entre U$S 104.000 y U$S 1,04 millón).
Cuenta regresiva. Crear un programa de compras gubernamentales es otro punto fuerte de la ley. Además, se permitirá que las ME y EPP que lleven tres años o más sin movimiento concluyan sus actividades sin tener que pagar multas o impuestos.
Se espera que la ley se apruebe a fines de junio, con un apoyo unánime. Pero quien todavía no está muy convencido es el fisco, pues teme la posibilidad de fraudes, aunque también se advierte que el gran electorado está en las micro y pequeñas firmas. (america economia)