Viejos problemas del vino

JULIO PREVE

Explota en las manos del MGAP, sin que tenga en este caso responsabilidad alguna, la crisis de la vitivinicultura nacional. Hace ya muchos años que en diversos ámbitos incluido el periodístico, vengo advirtiendo esencialmente sobre varios elementos de política sectorial capaces de generar una implosión como la que acertadamente aparece descrita por el presidente de Inavi en la última edición de Búsqueda. Una combinación de políticas equivocadas, llevadas adelante por las corporaciones y no por los gobiernos que siempre las toleraron, causan ahora un problema muy grave que afectará probablemente mucho más a los productores de menor porte, a los que quizás creyeron que estar representados en una persona de derecho público no estatal, el Inavi, les iba a generar una mejor suerte.

LA VIEJA POLÍTICA. La política elegida por las corporaciones y, subrayo, tolerada por los gobiernos anteriores, consistió en admitir la protección casi total del mercado interno para los vinos comunes -el 95% de la producción- y la promoción y desarrollo para exportar mínimas cantidades de un vino fino supuestamente muy bueno para nosotros, pero por lo visto no para el mercado mundial. Vamos a llegar así a la próxima zafra con una producción de 115 millones de litros de vino de los que consumiremos unos 80 u 85, exportando apenas unos dos millones de vinos finos. Además hay que sumar unas decenas de millones de litros más de remanente de la zafra anterior. En otras palabras según parece, y así viene resultando desde hace algunos años en forma creciente, sobreabundará un vino imposible de tomar y difícil de exportar. Aquella política de exportación de vinos finos era en mi opinión claro que debía tener enormes dificultades, a menos que descubriéramos el elixir de todos los vinos, o que en Uruguay viviera el Bill Gates del marketing. Y nada de eso tenemos. Menos aún; apostar a reconvertirse para exportar administrando el mercado interno parecía de salida una contradicción técnica.

Toda la política se caracterizó desde hace muchos años precisamente por convertir al mercado interno como buen negocio pero a través de distintos instrumentos. Uno de ellos que tiene que ver con el Imesi, deja al vino en mejor situación tributaria que la cerveza o las bebidas cola que con él compiten. Este tributo además se aplica sobre una base imponible ficta, que cuando se trata de cervezas o bebidas importadas es el doble que la base para bebidas nacionales.

Asimismo, la vitivinicultura dispone de una regla aceptada por el Mercosur que establece que está prohibido hasta el año 2010 importar vino en envases mayores a un litro (decreto 325/97), aunque en el país se toma más del 90% del vino en envases como los que se prohíbe importar, y aunque nosotros mismos exportamos vino a granel. Se trata de una disposición que encarece el ingreso de vinos populares, lo que podría perjudicar según se decía por parte del Inavi el proceso de reconversión. Es decir que una de las bases de la política vitivinícola fue encarecer en base a protección los vinos que consume la gente más humilde. Pero como esta medida parece que resultó insuficiente para impedir la competencia de vinos argentinos económicos, por la ley 17.458 de la administración anterior, se permitió incrementar la llamada tasa de promoción y control que cobra Inavi, de $ 0.5 a $ 2.8 por litro de vino embotellado, lo que excluye al 90% de la producción nacional. Ello resultó por tanto en un arancel intrazona, que en los vinos populares sobrepasa el 10%. Por otra parte es un secreto a voces que el Inavi habría logrado de los bodegueros argentinos un compromiso no público de autolimitación de cantidades exportadas al país, así como un precio mínimo de entrada al Uruguay, todos ellos "logros" de la vitivinicultura criolla, lejos del interés general, aunque tolerables si estuviéramos en un proceso cercano a su fin: la reconversión de la actividad hacia algo genuinamente competitivo, no necesitado de ayudas de nadie. El proceso de importación con la intervención de Inavi es además tan engorroso según me informan importadores, que todo el sistema administrativo es también una traba al comercio. Si todas estas medidas hacen mirar con atención al mercado interno como negocio, es inconsistente pensar que la estrategia exportadora tuviera éxito.

Además, al sector se le han dispensado ayudas a través de múltiples programas con el fin de incrementar la calidad de las uvas a juicio no del mercado sino de algunos intérpretes del mismo, organizados institucionalmente. Lo claro a partir de las cifras anteriores es que el gran negocio parece haber sido en general vender vino protegido caro en damajuana (90 millones de litros) pero haciendo a la gente mirar el éxito de la venta de 5 millones de litros de vino fino parcialmente exportable.

LAS CORPORACIONES. Se trata de un sector en el que sus corporaciones manejan en mayoría frente al gobierno no solo las políticas públicas, sino como se ve la negociación externa, el comercio exterior e interior, y hasta el contralor de los mismos involucrados. Me refiero al Inavi, creado al final de la década de los ochenta con el propósito central de promoción, de reconversión, pero convertido hoy en la figura clave de la defensa del mercado interno. Acierta y mucho el Presidente del Inavi cuando señala que los representantes del Poder Ejecutivo están "pintados" en esa institución. Este tema es y siempre fue muy grave porque supuso montar un instituto en el que no solo sus miembros han sido jueces y partes. Además porque por tolerancia de los gobiernos, esas partes se convirtieron en administradoras de la política, esto es de la protección del mercado interno.

¿Qué ha pasado con la producción? Parece haber crecido algo en los últimos años llegando a la del actual, que no solo es enorme sino que acumula un saldo grande del anterior. Pero cuánto hay de producción de vinos finos en la actualidad, supuesto objetivo del marketing de la política, después de casi 20 años: entre 3 y 5 millones de litros en 75 a 90 millones (este año 114). El resto es el vino en damajuana, suelto o en botellas de más de un litro. ¿Y cuánto se exporta?: entre un millón y un millón setecientos mil litros en casi cien millones -alguna vez fueron algo más de tres- , que suponen exportaciones por entre 4 y 6 millones de dólares o sea, comparando con el valor de toda la cosecha, virtualmente muy poco. Nada diría yo para 20 años, y además con tendencias, tanto en volumen como en valor de lo exportado, decrecientes. Debo señalar además que algo más de la mitad de esas exportaciones se dirigió a Brasil, país cuya vinicultura se encuentra en franca expansión.

De modo que no se confunda el lector: algunas botellas de vino han llegado a Europa, es verdad. Pero el negocio central ha sido la venta de vino común protegido, en damajuana y al mercado interno; y el centro de las exportaciones ha sido el Brasil. Todo lo anterior puede ser bueno o malo, justificado o no. Para mí fue siempre malo, a veces corporativista, y esencialmente injusto, por obligar a la gente humilde a pagar precios protegidos por un vino nacional fuera de competitividad. Yo sé que hay vinos finos buenos que se exportan, pero aquí no ha estado el corazón económico de la vitivinicultura.

No señalo hoy en absoluto que los beneficios de la vitivinicultura deban eliminarse. Lo que sí demando, es que el sector renueve su contrato con la sociedad, que le está entregando para su administración muchos recursos. Y no me refiero a los 3 millones de dólares anuales de presupuesto del Inavi, ni tampoco a los subsidios entregados a través de los programas del MGAP -por ejemplo el Programa de reconversión de la granja- como tampoco a los subsidios a los seguros, o las reparaciones por pérdidas climáticas. Me refiero especialmente al sobreprecio que se debieron pagar hasta ayer por vinos nacionales, los de batalla, los que toman doña Ramona y Don Fermín. Por mencionar una cifra de transferencias de la sociedad estimo que en 20 años, sumando presupuesto de Inavi, subsidios, y transferencias a través de sobreprecios, la sociedad no ha aportado menos de 120 millones de dólares. A esto también se refirió con acierto en el mismo artículo el ministro de ganadería.

SINCERAMIENTO. No quisiera estar en el pellejo de Mujica o del presidente de Inavi quien hizo un buen diagnóstico de la situación. No hay nada para hacer que evite un ajuste del precio interno del vino común. Ya se mencionan valores de entre 6 y 10 pesos el litro, lo que va a generar esos dolorosos ajustes hacia adentro del sector, que -lo subrayo- no serán responsabilidad de esta administración, sino de las anteriores. Pero que no necesariamente tienen que implicar una quiebra total. A lo mejor hay algunas bodegas que encuentran un espacio para exportar. A lo mejor hay otras que pueden vivir con una producción de vinos modestos, sanos y baratos. Nada de lo que haga el MGAP será sencillo ni bonito. Y yo no le voy a hacer desde ya el cargo al MGAP por lo que haga, aunque sea feo. Y no va a ser fácil porque el vino que sobra, o se regala, o se subsidia su exportación, lo que no es algo sencillo de decidir. A la única tentación que no debería sucumbir el MGAP, es a la de querer evitar el sinceramiento. Lo podrá atenuar, alargar, moderar, y será justo, porque mucha gente de buena voluntad creyó.

En definitiva hay una oportunidad que se abre para replantearlo todo. El enfoque del presidente de Inavi cuestionando la política anterior, y al mismo instituto por su sesgo corporativo, abren un espacio de esperanza.