Turbulencia global y déficit fiscal

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SERGIO ABREU

El Poder Ejecutivo viene advirtiendo sobre la vulnerabilidad de nuestro país, como consecuencia de los escenarios turbulentos que enfrentan las economías centrales, y en especial, la de los Estados Unidos y Europa.

A pesar de ello, el contexto externo de los últimos ocho años, con excepción del 2009, fue favorable al Uruguay, fundamentalmente en la exportación de productos de origen agropecuario, que dio como resultado un constante crecimiento del Producto Interno Bruto a niveles históricamente desconocidos. Esto se debió, entre otras cosas, a que las economías emergentes directa e indirectamente, suplieron ampliamente la retracción de la demanda de los países centrales, mientras que Brasil y China se convirtieron en los principales socios comerciales del Uruguay. Es más, China es actualmente el primer exportador de bienes del mundo y el cuarto exportador de servicios.

Esta situación no parece modificable en el corto plazo, aunque las crisis de Grecia, España, Irlanda, Portugal, pueden extenderse al resto de la región y desembocar en una caída del sistema financiero de la zona euro, o de un ajuste muy fuerte, afectando también al resto de los Estados que deban sostener con sus recursos públicos las soluciones propuestas.

El escenario actual comienza a inquietar a nivel global y, también, en el ámbito nacional, lo que ha determinado que el Poder Ejecutivo encienda una luz amarilla preocupado por el eventual impacto que esta crisis pueda tener sobre la tasa de crecimiento, e indirectamente sobre el nivel de exportaciones y la captación de inversiones extranjeras. Si a ello sumamos la fuerte política proteccionista del Gobierno argentino (a cuyo territorio va el 7% de nuestras exportaciones con mayor valor agregado) y las medidas del Gobierno brasileño para contener la apreciación de su moneda y proteger a su industria nacional, puede afirmarse que, a mediano plazo, el contexto externo de la economía uruguaya presenta una mayor incertidumbre que pondrá de manifiesto algunas inconsistencias de la política económica que hoy no se sienten, salvo en las presiones inflacionarias, debido al flujo de recursos provenientes del exterior.

Mientras tanto, la inflación se ha convertido, una vez más, en el principal problema en el plano macroeconómico; y para combatirla, el equipo económico ha impulsado la depresión del tipo de cambio y ha tratado de frenar el incremento de precios en moneda nacional, subsidiando, -a través de un aumento del déficit fiscal-, las tarifas públicas con mayor incidencia en el IPC.

La decisión del Gobierno está basada en dos pilares: en primer lugar, en su voluntad de descartar una reducción del gasto público, no solo por consideraciones políticas sino por su rigidez puesta de manifiesto en el Presupuesto Quinquenal. Y esto es así porque, como es sabido, la mayor parte de éste se destina a salarios, programas sociales, inversiones y servicios de deuda, mientras una fracción menor se aplica a gastos de funcionamiento, único sector que admite una mayor flexibilidad. De todas maneras, los salarios y los gastos sociales aparecen como políticamente intocables, a diferencia de la inversión pública, que al ser estructuralmente insuficiente, ha motivado la aprobación de la Ley de Participación Público Privada que desembocó en una importante fractura dentro de la llamada "izquierda nacional".

En segundo lugar, el Gobierno argumenta que la salud fiscal está consolidada, por lo que existe margen suficiente para ampliar el déficit actual, dejando de lado los recursos genuinos de que dispone en el Fondo de Estabilización Energética, de aproximadamente 150 millones de dólares.

Más allá de la fuerte defensa que el equipo económico ha hecho de su política fiscal, preocupa esta decisión porque una orientación prudente debería centrarse en mejorar la productividad, asociar ésta al aumento de los salarios, en contener el gasto público (que viene acompañando peligrosamente el crecimiento del PIB), en reducir el déficit fiscal, y en particular, en absorber la brecha entre la economía transable y no transable que compromete la competitividad del aparato productivo, y en especial de aquellos sectores que agregan mayor valor en la cadena de producción.

GOBIERNO DIVIDIDO. La mitad del Gobierno (a través de su equipo económico) ha elegido el camino más fácil para no volver a enfrentarse a la otra mitad, que reclama mayores recursos, respaldada por un poder sindical cada día más poderoso e ideologizado, que sigue orientado a profundizar su tradicional visión de lucha de clases.

En esta pulseada contra la inflación, el Gobierno no está en condiciones políticas de contener el consumo privado porque para ello tendría que tocar el salario real o, por lo menos, alinearlo con el incremento de la productividad de la mano de una modernización tecnológica para mejorar la competitividad. Sin embargo, la Reforma del Estado anunciada como "la madre" de todas las Reformas, ha dejado en orfandad al resto de la sociedad uruguaya; los empresarios, y en especial las pequeñas y medianas empresas, se enfrentan diariamente a un insensible "Leviathan", mientras los monopolios estatales se consolidan cada vez más y se extienden a través de innumerables sociedades comerciales de Derecho Privado creadas, principalmente, para evitar los controles legales y constitucionales.

Por otro lado, la restricción al crédito se maneja a través de la tasa de interés, aunque sin poder neutralizar el aumento del consumo privado, impulsado por una variedad de instrumentos financieros, tanto bancarios como comerciales, que alimentan permanentemente una presión inflacionaria.

En definitiva, el aumento del déficit fiscal y la expectativa de una mayor inflación siguen siendo "el talón de Aquiles" de la gestión macroeconómica del Gobierno, que no está en condiciones de resolver los problemas que afectan fuertemente a la competitividad.

Al déficit en la cuenta corriente y en la balanza comercial de los últimos meses, se viene a sumar un aumento del déficit fiscal, cada día más lejos de alcanzar la meta de un superávit global, como correspondería a una prometida y no cumplida política contra-cíclica en tiempos electorales. En cambio, desde el punto de vista estructural, se sigue insistiendo en instrumentos pro-cíclicos que impactan sobre el sector productivo con un nivel de presión tributaria del Primer Mundo y una prestación de servicios públicos propia de los países del Tercer Mundo.

El espacio fiscal que debió generarse no se concretará, de manera que las rebajas impositivas en el IVA, en el IRPF, etc., lejos están de cumplirse, mientras la política fiscal se vuelve a utilizar como un instrumento de clientelismo político, extendido ahora durante los cinco años de Gobierno. En otras palabras, al desvincularse del ciclo, la conducción económica ha decidido alejarse de la reconocida práctica de ahorrar en tiempos de "vacas gordas", para cuando llegue el tiempo de las "vacas flacas".

La luz amarilla que el Gobierno ha prendido no alcanza para encolumnar detrás suyo a la totalidad de su fuerza política, porque sus ambigüedades siguen representando una "Misa Capitalista rezada por sacerdotes Socialistas". Y el resultado ya lo conocemos, porque todavía permanece en el Gobierno la idea de que el Socialismo como receta hay que seguirlo aplicando en forma dogmática, aunque esta decisión sea incompatible con la autodefinición del Frente Amplio, como fuerza política renovadora.