Nicolás Cichevski

Semanas atrás, el gobierno anunció una baja de impuestos por un monto de US$ 150 millones. A las rebajas preanunciadas del IRPF (por un total de US$ 80 millones) y IASS (US$ 30 millones) se le sumó una baja por US$ 40 millones orientada a micro y pequeñas empresas. A continuación, comparto algunas reflexiones sobre el tema.

En primer lugar, por más que integran un “paquete”, los tres cambios anunciados no necesariamente “son lo mismo”. En el caso del IRPF y en los ajustes en la tributación de las micro y pequeñas empresas, uno de los objetivos buscados parece ser el de perfeccionar el diseño de las herramientas. En el caso del IRPF, se aumentan las deducciones y no se modifican las franjas, lo que se traduce en que —razonablemente— el pago efectivo del impuesto reflejará de forma más adecuada la “renta” del trabajador.

En el caso del IASS, se eleva directamente el mínimo no imponible, por lo que todos los contribuyentes actuales de ese impuesto (el 25% de los jubilados de mayores ingresos) se verán beneficiados. En este caso, existe una dimensión adicional a considerar, ya que es importante tener en cuenta que la recaudación de IASS se vuelca enteramente a financiar el déficit de la seguridad social (unos US$ 3.000 millones). Quizá hubiese sido razonable esperar el resultado de la discusión sobre la —necesaria— reforma de la seguridad social, que entre otros aspectos busca lograr la sostenibilidad del sistema en el largo plazo, antes de acentuar el déficit del sistema (o lo que es lo mismo, aumentar el subsidio implícito a las pasividades).

En cualquier caso, y si bien el gobierno podría haber argumentado que la pandemia “trastocó” los planes, se trata de una promesa de campaña cumplida, hecho destacable. Por lo tanto, cabe analizar el conjunto de medidas desde la óptica de la sostenibilidad fiscal y la asignación de recursos.

Desde el punto de vista fiscal, la rebaja de impuestos puede analizarse desde una óptica coyuntural o estructural, siendo esta última la más relevante. Si nos enfocamos en los números observados, el déficit fiscal aumentó desde 2,6% en setiembre a 3,5% en enero. Ello se explica por un incremento en la inversión pública (que aumentó notoriamente su ejecución sobre finales de 2022) y una caída en la recaudación de la DGI, posiblemente explicada por el menor dinamismo de la economía. En este contexto, al que deberá sumársele el efecto de la sequía, se podría argumentar que la rebaja de impuestos aleja al déficit fiscal de la proyección realizada por el gobierno para 2023 (2,7%).

Sin embargo, cuando analizamos el tema con un enfoque estructural, la historia cambia. Una reducción estructural de los ingresos (por US$ 150 millones) podría ser compensada por un aumento menor del gasto real estructural en 2023, algo posible teniendo en cuenta que el gasto en pasividades aumentará en torno al 1% real y que la inversión pública ejecutada —que aumentó 40% en 2022— podría mantenerse en ese nivel (en ambos casos, por debajo del tope de aumento de gasto real estructural de 2,1%). Quizá la principal fuente de incertidumbre es lo que pueda suceder con la recaudación de la DGI, que evolucionó por encima del PIB en 2020-21 posiblemente ante cambios en los patrones de consumo en medio de la pandemia. Una reversión (estructural) de dicho proceso requeriría de una reducción adicional del gasto real estructural (o un aumento menor).

Por último, es importante hacer algunas precisiones sobre la población afectada (y no afectada) por las rebajas de IRPF y IASS. Suele afirmarse que, en Uruguay, a diferencia de lo que sucede en varios países en la región en donde los niveles de desigualdad suelen ser superiores, gran parte de la población es de “clase media”. Si bien no existe una definición formal del “umbral” que separe a las clases baja, media y alta, en base a criterios del Banco Mundial uno podría plantear de forma resumida que, si ordenamos a la población según su nivel de ingresos, el 20% de la población con menores ingresos es de “clase baja” (la mitad de ellos pobres), el siguiente 75% es de “clase media” y el 5% con mayores ingresos es de “clase alta”. Bajo esa lógica, la rebaja de impuestos estaría enfocada en el tercio superior de la “clase media”. Los restantes dos tercios (del percentil 20 al percentil 70 de la distribución), que no necesariamente reciben transferencias sociales, no se beneficiarán directamente de la medida anunciada.

Naturalmente, lo anterior no implica afirmar que los ingresos del tercio superior de la clase media sean elevados en relación al costo de vida. Pero por cada persona de la “clase media” beneficiada por la rebaja, hay dos personas de (“clase media” y con un ingreso menor) que no se beneficiarán. El problema de los ingresos en Uruguay no es otro que el de la baja productividad. Mejorarla, en un país en que solamente 1 de cada 11 trabajadores cuenta con estudios terciarios, requiere de recursos en primera infancia, educación y recapacitación. Si bien se ha hecho énfasis en estas áreas, no parece ser suficiente para revertir la tendencia, que por cierto no empezó en 2020.