Sector energético, fantasía y socios

SERGIO ABREU

La reciente visita del presidente de Venezuela reavivó las dudas y temores sobre el futuro energético del Uruguay, al firmarse documentos que en la práctica generan dudas sobre las posibilidades concretas, y la legalidad de las actuaciones de la Administración.

Tres temas surgen renovados de los acontecimientos recientes: las inconsistencias de la política energética, los riesgos y fantasías de las soluciones basadas en supuestas afinidades políticas, y la falta de transparencia de proyectos de asociación de Ancap con Pdvsa, que jerarcas del gobierno dan como un hecho inexorable antes de fin de año.

La vulnerabilidad energética del Uruguay es indiscutida, como también la insuficiencia estructural en generación de energía. Ello inserto en un escenario que se orienta a poner en práctica una cadena de relevos que a grandes rasgos pasa por el gas natural, la energía nuclear, el etanol y otras fuentes renovables.

A la hora de definir las fuentes de energía y las inversiones en infraestructura de producción de combustibles y electricidad, es esencial incorporar una visión de largo plazo del sector. Sin embargo, los dichos y hechos de distintos actores del gobierno, incluyendo el Poder Ejecutivo, las empresas públicas y actores políticos responden a una sintonía ideológica con otros países, en particular, con Venezuela, que tienen mucho de voluntarismo y fantasía.

¿"EL SUEÑO DEL PIBE"? El gobierno sigue viendo a la refinería de Ancap -que a pesar de cuantiosas inversiones en el pasado, nos obliga a consumir combustible más caro que el importado- y al petróleo y sus derivados como el núcleo de la política energética. En función de esto se está negociando una ampliación y reforma de la refinería para poder procesar crudos pesados y la participación minoritaria en una sociedad en territorio venezolano. Con semejantes decisiones Uruguay estaría ignorando los elementos básicos que ayudan a definir una matriz energética. En su lugar, viene profundizando un relacionamiento con Pdvsa, principal instrumento de la política exterior del gobierno venezolano, basado en coincidencias políticas y no en una visión estratégica del Uruguay.

El ritmo caribeño incorporaría un socio a Ancap que dominaría el abastecimiento de crudo, limitaría el propio accionar de la empresa (cualquiera sea el instrumento jurídico a elegir) e incorporaría al estado uruguayo en un proyecto de prospección y extracción de crudo pesado en la Cuenca del Orinoco. Autoridades de Ancap definen a esto como "el sueño del pibe". Con tan ligera apreciación nos orientamos a una fenomenal concentración de riesgo sin antecedentes para el sector y no aconsejable para un país pequeño que tiene que debatirse permanentemente frente a los condicionamientos de las economías más grandes. ¿Qué pasaría si la chequera populista no tuviera fondos algún día? ¿Que sucedería si el librador del cheque deja de ser titular de la presidencia del país bolivariano? ¿O si el destinatario del cheque, en este caso el Uruguay, se enfrenta a un giro gubernamental que se aleja de las simpatías políticas? Como puede apreciarse, es un tema muy serio que no admite planteos facilistas de confrontación entre derecha e izquierda. No tiene ni debe tener un componente ideológico porque ni siquiera estas categorías mantienen su identidad. Ni desde quienes cuestionan estas decisiones y advierten estos riesgos, ni desde quienes los defienden.

Una vez más, debemos tener en claro que las economías pequeñas que se equivocan al tomar decisiones centrales se ponen al borde de su crisis existencial, mientras que las más grandes siempre tienen el recurso del incumplimiento… y el de la fuerza.

En ese sentido, es conocido que la incorporación de gas natural a la matriz energética se vio limitada por la crisis de abastecimiento desde Argentina. Y la solución que ya adoptaron otros damnificados por los problemas de abastecimiento desde Argentina y Bolivia, se orientan a la construcción de plantas de tratamiento de gas licuado de petróleo. Si Uruguay impulsara dicha decisión se diversificarían las fuentes de abastecimiento, atendería la demanda nacional y probablemente podría utilizar los gasoductos ociosos para exportar gas a los circuitos argentinos. Sin embargo, no sólo se demoraron los estudios y decisiones, sino que el gobierno está considerando la participación, junto con Argentina y Venezuela, en la construcción de una planta de regasificación de GLP en territorio argentino. Una vez más, un error estratégico que nos ata a un proyecto que no controlamos, y a un país que incumplió como proveedor.

EMPECINAMIENTO. Esto nos enfrenta a un resultado desalentador en relación con los debates sobre el posicionamiento energético del país. Lamentablemente, el gobierno sigue empecinado en preservar una matriz basada en petróleo y energía hidráulica, y en hacer de la refinación nacional una cuestión estratégica, cuando en realidad es la razón de nuestra vulnerabilidad.

A la luz de estos hechos, las soluciones políticas planteadas hasta ahora pueden situarse en el terreno de la fantasía. Primero fue el anillo energético, con Bolivia y Perú como proveedores. Rápidamente se comprobó que Perú no iba a suministrar gas hacia el sur sino hacia el norte, y Bolivia ingresó en reformas que crean, al menos hasta ahora, incertidumbres sobre el abastecimiento, que ya sufren Argentina y Brasil. Después fue la iniciativa del gasoducto Bolivia, Paraguay y Uruguay, que dio paso casi inmediatamente al mega gasoducto que llevaría las reservas venezolanas de gas hasta Tierra del Fuego. Casi diez mil kilómetros de extensión y miles de millones de dólares en un proyecto de compleja ejecución quedó en un estado de "divertimento" político.

Pero además, a esto debe agregarse una reflexión sobre la conducta del gobierno venezolano que en los últimos años ha cambiado generosidad por adhesión, creando expectativas de soluciones a la demanda energética de los países de la región, cuya suma está fuera de su alcance. La política regional e internacional de Venezuela llevó a reducir la inversión extranjera en la prospección y extracción de petróleo. Las reservas reales se convirtieron en un secreto de Estado, la extracción de barriles de petróleo no excede los 2.5 millones diarios. Estas cifras se confrontan con las que publicita el gobierno de Venezuela, y hoy parece dudoso que la dadivosidad venezolana sea sustentable a mediano plazo. Por tanto, una concentración de negocios del sector energético con Venezuela es una opción de alto riesgo, que además toma un tiempo del que no disponemos para el diseño de alternativas más seguras.

En realidad, muchos piensan que el antiimperialismo de Chávez no deja de ser envidiable, ya que su posición antinorteamericana se ha tornado compatible con el volumen de negocios que mantiene con los Estados Unidos. El gobierno bolivariano, si quisiera efectivamente fastidiar al "Imperio" le cortaría el abastecimiento de petróleo y retiraría sus inversiones de territorio norteamericano, de lo cual hasta ahora no hay indicios. Como tampoco hay señales que Estados Unidos vaya a dejar de importar petróleo venezolano. En la realidad, Venezuela y Estados Unidos actúan como un matrimonio mal avenido durante el día, pero que comparte el lecho durante la noche.

DECISIONES PARALIZADAS. El panorama no es más alentador en el caso de la energía nuclear. Como sucede en tantas otras áreas de la política oficial, hay distintos criterios antagónicos que paralizan las grandes decisiones. La discusión sobre la generación eléctrica a partir de la energía nuclear estuvo postergada por décadas y la administración recién empieza a promoverla más por compromiso que por convicción. En particular, porque tomar una decisión favorable genera temor de alentar una confrontación política de muchos "militantes" que podría afectar la "clientela política" del partido de gobierno.

Finalmente, cabe hacer una reflexión sobre el papel de las denominadas empresas públicas. En el régimen legal y constitucional uruguayo, Ancap está dotada de autonomía en los términos que establece la Constitución y la ley de su creación. Su gestión se rige por el derecho público y sus funcionarios son empleados públicos, pero la responsabilidad de la definición y conducción de la estrategia energética del país debe estar en manos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el monopolio del que disfruta la ha llevado a sustituir las decisiones del Poder Ejecutivo en materia de política energética por sus intereses corporativos, algo que también sucede en UTE. Las consecuencias no pueden ser positivas. El interés nacional no puede ser representado por una empresa, mucho menos cuando sus decisiones exceden el campo comercial y comprometen la política exterior del país, la construcción de la matriz energética y fundamentalmente el encare con el que se quiera realizar la reforma del estado.

De todas formas, es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo dirigir y controlar la gestión de los entes autónomos y servicios descentralizados, y en particular, asegurar la transparencia y legalidad de sus actividades, especialmente cuando los socios que se aproximan están bajo una generalizada sospecha. El MIEM es consciente de esta situación y su responsabilidad política está en juego.

Para volver al camino cierto analicemos y definamos: la potenciación de la represa de Salto Grande, la decisión sobre la opción nuclear para la generación de electricidad. Una renovada política gasífera; los incentivos adecuados para la generación de energía por parte del sector privado; un paquete realista de estímulos para el desarrollo de energías renovables; y una política de interconexión eléctrica que responda a una elaborada visión estratégica del país. Y por último, un efectivo cumplimiento de lo dispuesto en la ley de Marco Eléctrico.

Lo demás es fantasía.