OPINIÓN

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La política monetaria, la fiscal y la política cambiaria se emplean para corregir problemas macroeconómicos, es decir, los relacionados con el comportamiento de la producción, el de los precios y el del sector externo —exportaciones e importaciones de bienes y de servicios, movimientos de capitales hacia y desde el exterior—.

Se trata de políticas para, en un corto plazo, corregir desequilibrios de esa naturaleza. La política comercial —o de comercio exterior de mercaderías— tiene otro objetivo, que es el de lograr la mejor asignación de recursos productivos del país: empleo y uso de recursos naturales y de capital. Para alcanzarlo tiene a disposición instrumentos —aranceles, subsidios y detracciones— cuyo buen uso tiene resultados en el mediano y en el largo plazo.

El pasado

En nuestro país, el uso de los instrumentos de política exterior en los últimos setenta años ha tenido resultados que, comparándolos con los de otras naciones —del Este asiático por ejemplo—, son insatisfactorios. En los años cincuenta del siglo pasado, la política comercial buscaba el crecimiento de la economía con un modelo de sustitución de importaciones. Se impusieron altos aranceles sobre las compras en el exterior, de modo de generar condiciones para el crecimiento de la actividad industrial en el país. Una alta protección efectiva al valor agregado local estimuló el surgimiento de actividades industriales con el consiguiente costo para consumidores finales —debían pagar más que importando lo mismo—, y el desestímulo a los exportadores, pues la protección reduce el tipo de cambio efectivo. Fue una etapa que se agotó rápidamente por la escasa dimensión del mercado uruguayo y la falta de competitividad externa. A ello, le sobrevino un largo período de estancamiento de la economía.

La creación de la Alalc (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) por el Tratado de Montevideo de 196, apuntaba a una ampliación de las posibilidades de comercio externo de nuestro país. Se negociaron concesiones —rebajas— arancelarias entre las partes que no mejoraron el panorama. Las concesiones que se lograron por la negociación entre las partes del acuerdo tuvieron escasísima utilización, por no ser en productos elaborados en el país o competitivos ante los similares del exterior.

Hacia fines de los años sesenta se entendió que, si la industria local no podía exportar y la Alalc no era eficaz para el comercio exportador uruguayo hacia la región, el paso siguiente, en medio del estancamiento industrial, era crear condiciones para darle competitividad externa. Bajo el mal llamado nombre de “reintegros de impuestos” a las exportaciones, se comenzaron a dar subsidios a las exportaciones “no tradicionales”. Los subsidios aumentaban el precio local de los productos exportables, castigaban a los consumidores y a los contribuyentes de impuestos y no tenían la respuesta esperada en términos de inversiones. Por su lado, las exportaciones “tradicionales”, constituidas por las de origen pecuario, soportaban el castigo de impuestos denominados detracciones, que obstaculizaban su expansión.

En la primera mitad de la década de los setenta se procedió a levantar, previa autorización, la prohibición de importar, que recaía sobre insumos y productos terminados, que de todos modos seguirían afectados por los altos aranceles vigentes.

Hacia el final de la década se inició una disminución de esos aranceles que gravaban a las compras en el exterior y el retiro de otras medidas de efectos equivalentes.

Además, ante la amenaza del Departamento de Comercio de Estados Unidos de introducir derechos compensatorios a las exportaciones subsidiadas, se inició el progresivo corte de los reintegros junto con la eliminación de las detracciones al agro.

La formalización de la Aladi en 1980, sucesora de Alalc, autorizó la realización de acuerdos de alcance parcial entre naciones del grupo, no aplicables a otros países del conjunto. Se concertaron acuerdos especiales con Brasil y con Argentina, que implicaron rebajas arancelarias a las exportaciones uruguayas. Fue un período de estabilidad en las relaciones comerciales, que no modificaban la estructura productiva ni estimulaban las inversiones en Uruguay. Los convenios con esos países se discontinuaron con la creación del Mercosur, en marzo de 1991. Mejoró escasamente por un par de años el comercio y no fue estímulo para su expansión ni para alcanzar una estructura productiva diferente. Solo recientemente y debido a variaciones temporales de los precios internacionales de los productos del agro y a exoneraciones tributarias a ciertas actividades agroindustriales, se han producido aumentos de exportaciones.

El camino

Nuestro mercado interno es pequeño y el área óptima de comercio de una nación con esas características es el mundo. Es por ello que, ante la situación actual del comercio exterior, se deben levantar las interferencias a la proyección externa de Uruguay como —reconociendo que hay otras como la estructura arancelaria de nuestro país— la oposición de Argentina a la posibilidad de que un miembro del Mercosur pueda entrar en negociaciones comerciales con otras naciones que son parte del grupo. Hace 30 años, a Argentina se le vendía el 11% del total de las exportaciones y hoy apenas es el 4%, mientras que las ventas a China pasaron del 3% del total al 21,1%. Un acuerdo comercial con esa nación como con otras, caso Estados Unidos, Japón o la Unión Europea, mejoraría los precios de exportación, estimularía la inversión y el empleo y aumentaría el bienestar de los consumidores.

Los números indican el camino a transitar. Es el camino que se ha iniciado y que no se debe abandonar.