OPINIÓN

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Dos columnas y cuatro semanas atrás, me refería a la promesa electoral del presidente Luis Lacalle Pou acerca de reducir el peso de los impuestos a la renta personal, el IRPF y el IASS. Veíamos entonces que, más allá de lo discutible de la decisión, ella era legítima pues había sido parte de la plataforma programática con la cual fue electo presidente. En dicha columna analicé específicamente dicha promesa y todos los aspectos referidos a ella.

Pero esa no fue la única promesa con indudable contenido económico que yo encuentro relevante en el programa del gobierno electo. Hubo al menos otras tres que creo que vale la pena repasar aquí y ahora.

Reforma previsional.

La reforma de la seguridad social tenía un lugar relevante en el programa del gobierno electo y, más aún, constituía un tema de consenso en el sistema político. Basta recordar los dichos del entonces ministro de Economía Danilo Astori, acerca de la necesidad de proceder a actualizar el régimen previsional, reforzados recientemente por su felicitación al presidente por encarar el tema. Por lo que, no habría dudas acerca de la necesidad de hacerlo. Pero quiero poner el foco en un aspecto concreto de la posible reforma en el que no existe el mismo consenso: la subida de las edades de retiro.

En las últimas semanas se recordó que el entonces candidato Lacalle Pou había señalado que no debían subirse dichas edades y que Rodolfo Saldain, el experto que lidera el equipo técnico que ha preparado el proyecto de reforma, le había hecho ver que eso no sería posible. Efectivamente, en ese proyecto se plantea la subida de las edades de retiro por lo que el presidente ha sido criticado por su cambio de posición.

En este caso, no debe ser criticado por ello, porque es de buen criterio reconocer errores y actuar en consecuencia. En todo caso sí debe ser criticado por haber realizado aquella promesa, quizá por falta del asesoramiento debido o, si lo tuvo, por no llevarle el apunte.

Tarifas públicas.

En este caso es bien recordado el discurso del entonces candidato presidencial en un estadio deportivo, al inicio de su campaña hacia las internas, exclamando que se terminaría con los aumentos de los precios de los combustibles. Sin embargo, desde que asumió el gobierno y hasta este mes (30 meses, la mitad del período), los combustibles subieron 50%.

En este caso se trata, sin lugar a dudas, de una promesa mal formulada, al menos por dos razones. Primero, porque estamos en un país con una inflación media del orden del 8% anual (alta en el mundo “normal” de entonces) y en un caso así, todos los precios tienden a ajustarse en torno al crecimiento medio, unos más, otros menos. De hecho, en esos 30 meses la inflación superó el 23%. Una forma más razonable de pronunciar aquella promesa debió aludir a las tarifas en términos reales. Pero aun así el presidente habría estado en problemas por la segunda razón: el combustible es producido con petróleo importado y su precio está fuera del control del gobierno. Además, es altamente volátil, el más volátil entre los precios de las materias primas.

Justamente, la enorme volatilidad del precio del crudo y los exorbitantes niveles alcanzados, llevaron a aumentar los precios de los combustibles muy por encima de la inflación. Y esto, a pesar de no haberse aplicado a pleno la nueva regla de fijación de los precios en función de la paridad de precios de importación (PPI), lo que hubiera dado lugar a aumentos aún más considerables.

No subir impuestos.

La más “fuerte” de las promesas electorales de Lacalle Pou en materia económica consistió en que no habría de subir los impuestos y que el ajuste fiscal, sobre cuya necesidad y urgencia entonces había consenso, se podría realizar mediante ahorros en los gastos del gobierno y de las empresas públicas. Incluso se llegó a estimar en más de US$ 900 millones los ahorros a realizar en el primer año de mandato.

Algunos colegas consideramos “imposible” lograr ese ajuste en ese plazo y expresamos que para lograr el ajuste fiscal requerido (llegar a un déficit de 2,5% del PIB en el corto plazo) sería menester subir los impuestos. También manejamos el argumento conceptual de que un gobierno no debía amputarse la posibilidad de utilizar todos los instrumentos posibles, en particular el tributario.

¿Qué ocurrió desde entonces? Resulta imposible evaluar el cumplimiento de tal promesa sin entrar en el terreno de lo contra fáctico. Es sabido que en el inicio mismo del gobierno llegó la pandemia y que esto dio lugar a un muy fuerte deterioro fiscal por caídas de ingresos y aumentos de gastos.

Los datos muestran que, hasta ahora, efectivamente, no se han subido impuestos. También muestran que, a pesar de la incidencia de la pandemia, la situación fiscal ha mejorado considerablemente. El déficit fiscal fue de 4,4% del PIB en 2019 y de 2,9% del PIB en los 12 meses a junio de 2022.

Cabe señalar que, en 2019, con las cuentas nacionales “viejas”, el déficit fue de 4,8% del PIB y al subir el PIB con las “nuevas”, bajó al 4,4% referido. El mayor PIB hizo parte del ajuste. ¿Y el resto? En gran parte lo hizo la mayor inflación (no voy a entrar en la sutileza de que se trata de un impuesto): en las remuneraciones hubo un ajuste de 0,4% del PIB y en las pasividades otro tanto. Además, hubo una reducción en las inversiones por 0,6% del PIB.

En definitiva, el gobierno hasta ahora ha cumplido con no subir los impuestos, pero la pandemia nos impidió saber si hubiera cumplido con el ajuste fiscal prometido y, más aún, con el requerido para 2020.