OPINIÓN

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Culminado un año de complejidad extrema, puede decirse que Uruguay pasó la prueba mejor de lo estimado a sus comienzos.

El desafío sanitario fue dominado con éxito, aplicando una estrategia que operó en territorio desconocido, enfrentando detractores de enjundia, motivados en algunas circunstancias por las naturales dudas y en otros por la mala fe. Al final, fue apoyada de manera casi unánime por la sociedad, vistos los altos porcentajes de vacunación voluntaria alcanzados.

En el área económica, las cosas no estuvieron mal vistas las circunstancias. La brecha fiscal en expansión heredada detuvo su marcha, a pesar del aumento del gasto transitorio extraordinario, fruto de la pandemia. En los hechos, neteando esa componente, el déficit fiscal es hoy inferior al 4% del PIB. Superior al necesario para estabilizar la relación deuda-producto, pero con una trayectoria correcta, mirado en una visión de mediano plazo. Hecho que no impidió que tanto el índice de pobreza como el de mortalidad infantil disminuyeran de manera significativa. En tanto la tasa de crecimiento de la economía anualizada, converge hacia el 3,8% de la mano de una recuperación aún moderada del gasto doméstico y un desempeño extraordinario de las exportaciones. Uno de sus efectos es la disminución de la tasa de desempleo (8,2%), menor a la del nivel pre pandemia, junto a un aumento de la tasa de empleo y una caída significativa del número de trabajadores en seguro de paro.

En forma telegráfica puede decirse que la economía está en marcha, cuando restan aún computar los impulsos de la próxima temporada turística, que a pesar de sus limitaciones, serán importantes.

Por último, pero muy importante, el sistema político funciona fluidamente a pesar de que la oposición busca, por todos los medios anteponer su rechazo a las políticas del oficialismo. Y este, a través de una coalición que se suponía inestable, viene gobernando a pesar de las peripecias propias que su sustrato supone. Lo cual no es poca cosa, visto los desafíos que debió superar desde su bautismo de gobierno hasta hoy y lo que acontece en una América Latina surcada de disfuncionalidad política. La solidez de nuestra institucionalidad nos juega otra vez a favor, demostrando que es un activo que se debe proteger a ultranza.

Este escenario que irradia una atmósfera positiva solo muestra lo que se pudo superar desde un punto de partida malo profundizado luego por una pandemia inédita. Pero de ninguna manera que se hayan superado los obstáculos que impiden al país encarrilarse en una trayectoria de tasas de crecimiento robustas, que aporten más bienestar al ciudadano y solucionen sus problemas de pobreza remanentes.

La agenda por delante es diversa y extensa. Prescindiendo por el momento de lo global, donde lo único que puede decirse es que comenzó el fin de la liquidez extraordinaria pero aún no sabemos cuándo se hará presente el encarecimiento significativo del financiamiento externo, vale la pena detenerse en lo regional. En primer lugar, nuestros vecinos han empeorado últimamente sus desequilibrios macroeconómicos, donde uno de sus resultados es una depreciación significativa de sus monedas, lo que impone un desafío importante al manejo de la política económica local. No es cuestión de alarmas injustificadas, pero sí de estar alertas de cómo maniobrar ante esas circunstancias, para amortiguar su impacto. Por otro lado, esta realidad posibilita y justifica diluir este riesgo regional endémico, buscando una mayor integración con economías más estables del resto del mundo. La cercanía y dimensión mayor del mercado regional queda, en gran parte, neutralizado por la inestabilidad macroeconómica reinante.

Conclusión: una etapa nueva de inserción internacional no admite dilatorias.

Reformas estructurales, como la adecuación de los sistemas previsionales a las características demográficas de la población, son piezas fundamentales del funcionamiento de la sociedad y de las cuentas fiscales. La historia muestra que desde su creación hace más de un siglo, es un proceso vivo que requiere ajustes constantes insoslayables, que generan ansiedad y hasta tensiones sociales. No hay ni habrá “la” reforma de la seguridad social final ni perfecta, sino una obra en proceso constante adaptada a las circunstancias que determina la demografía, y la capacidad de transferencias intergeneracionales.

Por tanto, deberemos aceptar que los pasos a dar a veces serán insuficientes, no como postura conformista, sino como un dato que impone una realidad compleja.

Finalmente, el foco central de lo que siempre resta por hacer es aumentar la tasa de crecimiento de la economía. Tomando periodos largos, para depurarlos de efectos extraordinarios tanto internacionales como domésticos, la tasa promedio oscila en algo menos del 2% anual, insuficiente para colmar las aspiraciones del imaginario social respecto al nivel de bienestar social que le corresponde. Es una realidad con la que chocan la mayoría de las sociedades, que la política debe atender y la economía debe proveer.

Dejando de lado lo sociológico, el tema económico se resuelve aumentando la productividad, para lo cual es necesario aumentar la inversión, que a su vez implica incrementar su rentabilidad para que se efectivice. Tanto sea pública como privada, pues en el primer caso, si su retorno es menor al costo de los recursos empleados, destruye valor empeorando la situación. Ejemplos sobran.

Aquí nos adentramos en otro conjunto de reformas que van a las entrañas del funcionamiento de la economía, generalmente afincado en lo que llamamos el sector no transable. Ahí operan los mercados laborales y de factores provistos por las empresas públicas, las actividades de intermediación, servicios logísticos, transporte público, cadenas de distribución, aranceles y certificados profesionales, sistema de salud corporativizado, burocracia administrativa que cuando se traduce en costos excesivos, innecesarios u que operan bajo régimen de monopolio de hecho o derecho, todos aplican al resto de la economía un costo oculto que aumenta el costo país, erosiona la productividad global y por ende, la capacidad de crecimiento de la economía. En lenguaje más prosaico: la permanencia de ese estado de cosas es uno de los factores que “retrasan” el tipo de cambio real.

Es una agenda vastísima, compleja, sensible en muchos aspectos por las implicancias que supone cambiar prácticas que adquirieron, en muchos casos, el grado de hecho cultural o derechos adquiridos. Pero si necesitamos crecer más, transitar ese camino de reformas es un hecho insoslayable. De lo contrario, los efectos de una mejor inserción internacional y una macroeconomía más robusta quedan relativizados.