OPINION

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En nuestro país es muy difícil cambiar situaciones que se extienden desde hace mucho tiempo y que, aunque parezcan lógicas y convenientes, no lo son desde el punto de vista económico ni tampoco, las que más contribuyen al bienestar general. Es por eso que, como es necesario reformar el sistema jubilatorio, también lo es realizar otras reformas, algunas de las cuales planteo brevemente a continuación.

Comercio

El gobierno insiste en la necesidad de flexibilizar condiciones que impiden que partes contratantes del Tratado de Asunción realicen acuerdos comerciales individuales con terceros países. Por eso, Uruguay no puede negociar rebajas de los aranceles que cobran los países compradores de productos uruguayos y que, en consecuencia, los precios que se pagan por ellos sean menores a los que reciben competidores de otras naciones. El corolario es un desaliento de potenciales inversiones en la producción de los productos gravados y en el empleo que se derivaría.

La pérdida actual y potencial que implica esta restricción por ser miembro del Mercosur y que reduce la competitividad de la producción exportable local, debe considerarse en el contexto de la evolución, marcadamente declinante que han tenido las exportaciones de bienes a Argentina y Paraguay en el total de las ventas externas del país, y en el de la mayor importancia, en montos absolutos y en términos relativos, de las exportaciones uruguayas hacia naciones que aplican esos aranceles. China, Estados Unidos y la Unión Europea serían destinos que, tras negociaciones comerciales de concesiones arancelarias recíprocas, estimularían la inversión y el empleo en Uruguay. Además, por las concesiones en contrapartida que daría nuestro país, desde ellos se importarían bienes a menores costos que los que hoy habilita el alto arancel externo común, lo que favorecería a los consumidores uruguayos.

Por las ventajas comentadas, ha llegado el momento de analizar costos y beneficios de operar al margen de las reglas del Mercosur. La represalia de los que se oponen a la flexibilización poco significa en el comercio de bienes y difícilmente pueda afectar al de servicios.

También en términos comerciales con el exterior, es importante reconstruir la estructura arancelaria de nuestro país. Si bien el arancel externo que grava a las importaciones de fuera del Mercosur —el ya muy alto 20%— es el que se entiende como general para esas importaciones, la realidad es que no es único para toda mercadería, ya que existen numerosas excepciones difíciles de justificar, que gravan exageradamente y hasta son prohibitivas de las compras en el exterior, perjudicando a los consumidores y también, aunque menos, a inversores y al empleo.

Tributos

En 2007 se procedió a una reforma tributaria que hoy se puede evaluar amplia y negativamente por diversas razones. Negativamente porque impone gravámenes a tasas altas con diversos impuestos que se aplican sobre la misma base imponible o sobre algunos de sus componentes, lo que implica doble, triple y hasta cuádruple tributación.

Negativamente también, porque reduce el ingreso disponible para consumir e invertir y afecta a la baja al empleo. Además, porque implica transferencias injustificadas de ingresos con altos costos de transacciones que significan desperdicio de recursos —recaudar, controlar, declarar y pagar implica el uso del tiempo con su costo de oportunidad y dinero—. Negativamente, también, porque lo que pagan contribuyentes no se devuelve en los servicios que supuestamente deberían financiarse con la recaudación. Y porque no asegura que recipientes de transferencias en efectivo y especie, salgan de la pobreza y porque eso lleva a que, por razones políticas más que racionales y efectivas, se propongan nuevos aumentos de la presión impositiva sobre las mismas bases imponibles que, de darse, tendrían resultados idénticos a los que se desean superar.

Los impuestos directos que gravan a los ingresos, al patrimonio y a componentes de ese patrimonio, representan el doble de lo que era su participación en la recaudación fiscal hace catorce años. Son gravámenes menos efectivos que los indirectos —sobre ventas por ejemplo—, para mejorar la producción y las oportunidades de trabajo. La situación exige que, lejos de dar lugar a nuevas subas de impuestos directos como reclama cierta parte de la colectividad política, se deba revisar con objetivos económicos y no políticos de corto plazo, de modo de optimizar la asignación de recursos, la inversión y el empleo.

Empleo público

En nuestro país el empleo público tiene una característica que muchas personas consideran buena. Se trata de la inamovilidad del funcionario que, para ser despedido, se debe probar su ineptitud, omisión o delito y tras un proceso que lleva mucho tiempo y que debe tener aprobación legislativa.

Una protección de ese tipo no parece ser conveniente en los tiempos actuales en los que la instancia tecnológica de la que participamos provee recursos que aportan, en muchos casos, mejores resultados y a menor costo que los que se logran en muchas actividades realizadas por funcionarios de la administración. Ha llegado el momento de revisar, hacia el futuro, una reforma del empleo en el sector público de modo que vaya dando espacio para la disminución del gasto público, la presión impositiva con la consiguiente repercusión sobre el consumo y la inversión y sobre el propio empleo. Se cuenta con la institucionalidad para analizar y plantear una reforma.

Los tres temas señalados y sus consecuencias merecen cambios que se reflejen en beneficios para toda la población de nuestro país.