OPINIÓN

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La Corte Electoral confirmó para fines de marzo, la realización del referéndum de 135 artículos de la Ley 19889, la ley de Urgente Consideración, conocida como LUC. Entre ellos, hay seis artículos que se refieren a la Regla Fiscal, concepto que es muy importante en el manejo macroeconómico de una nación a través del uso contractivo o expansivo del gasto público, del aumento o de la reducción de los tributos y de cómo se usa o se financia el resultado financiero positivo o negativo de esas acciones. Pero así como se debe entender que una regla fiscal no es un capricho ideológico y es de gran importancia por los motivos señalados, también afirmo que creo y, lo he comprobado en conversaciones con colegas y amigos, que la inmensa mayoría de quienes votarán en la instancia que se avecina, no tiene cabal conocimiento de los efectos económicos del comportamiento fiscal que la regla pretende imponer y los objetivos que aspirar a lograr. Es algo a lo que apunta esta columna y no tanto a quienes ni a cómo se va ensayar la determinación de dicha Regla.

En nuestro país, la evidencia empírica nos muestra que el resultado conjunto negativo de la actuación del gobierno central, de los organismos del artículo 220 de la Constitución —entre otros los de la enseñanza—, y del BPS, se ha venido financiando de manera creciente, con aumentos de impuestos —con alzas de sus alícuotas o con cambios en su base imponible— para recaudar más. Dado que aún con esas acciones con una política tributaria contractiva de la actividad privada el resultado fiscal no ha sido posible equilibrarlo —no se cubre la brecha entre gastos e ingresos—, se recurre al endeudamiento tanto con instituciones financieras y residentes del país como del exterior —préstamos, emisión de títulos en distintas monedas y en otros instrumentos por el estilo, tanto en moneda local como extranjera—. Los déficits de las cuentas de la administración y su financiamiento con impuestos o con endeudamiento, comprometen a la actividad económica presente y futura y, en particular, a las futuras generaciones, que deberán repagar la deuda que cubriera a los desequilibrios como el señalado.

En la década y media anterior a la pandemia, la información disponible de fuentes oficiales muestra un significativo y progresivo aumento anual del gasto del gobierno central y del BPS que, para financiarlo, se creó y se comenzó a aplicar el Impuesto a la Renta de la Persona Física (IRPF) —en realidad no a la renta sino al ingreso de la persona física—; se modificó para aumentarlo, al Impuesto a la Renta de las empresas (IRAE); se subió la tasa de algunos tributos como la consular que grava a importaciones, y se modificó en varias ocasiones y para recaudar más, la base imponible de los impuestos directos, es decir, los que gravan al ingreso y a la riqueza. Estos dos tipos de impuestos pasaron de constituir el 24% de la recaudación total de la DGI en 2004 al 42% en la actualidad. Ello implica que el ahorro privado para invertir pasó a ser una transferencia significativa de ingresos para sostener parcialmente al gasto público, un gasto que tiene menos influencia expansiva que el resto de la economía, que es menos multiplicador que el del sector privado. Basta recordar que desde que el gobierno traslada lo tributado por los contribuyentes y se alcanza el objetivo final del gravamen, pasa por numerosas etapas en las que los recursos que salen son cada vez menos que los que llegan a quienes son los beneficiarios, el verdadero objetivo del gasto. La tributación para financiar gastos tiene, definitivamente, un costo social que generalmente no se considera. Reduce significativamente a la inversión privada que solo encuentra su oportunidad con los programas especiales de exoneraciones e gravámenes.

El aumento de tributos para mejorar sustancialmente la recaudación impositiva no ha sido suficiente para financiar el mayor gasto público y el déficit que subsistiera y subsiste, se debe financiar con endeudamiento. Hoy el déficit de caja del gobierno central y del BPS, es del orden de 2.550 millones de dólares anuales y requiere el financiamiento de instituciones financieras e inversores locales y del exterior y el de organismos multilaterales de crédito. Pero, además, en el lapso de un año se debe cumplir con el repago por algo más de 2.100 millones de dólares por el financiamiento al que se recurrió en años anteriores ante el déficit fiscal. La situación es compleja, ya que las necesidades de financiamiento anual para el gobierno representan no menos del 8% de la producción de bienes y de servicios del país, del PIB.

La situación a la que se ha llegado es consecuencia de políticas que se han conducido con objetivos diferentes a los que sugeriría cualquier economista sin aspiraciones políticas. Basta reparar que los resultados fiscales responden a políticas pro cíclicas, es decir, por ejemplo, que expanden el gasto público cuando existe crecimiento de la economía y lo contraen cuando existe declinación. Eso se puede observar en varias etapas de la historia económica de las últimas tres décadas. La más remarcable fue la política fiscal entre los años 2007 y el 2015 que fue sumamente expansiva, lo que no era tan necesario con el PIB creciendo tasas altas. En otros años, la política fiscal fue contractiva, cuando la economía declinaba.

El objetivo de la introducción de una Regla Fiscal —que se debe considerar en el contexto del ciclo económico— obedece a la necesidad de contar con una guía esencialmente técnica alejada de cualquier ideología, para evitar el mal uso de la política fiscal y que ella opere de manera contraria a la etapa del ciclo económico que ocurra: que sea contractiva cuando la economía crece por encima de su tasa natural de expansión dados sus factores productivos y que sea expansiva cuando crece a un ritmo menor o decrece.

Todos sabemos que se debe ahorrar en los años buenos para gastar en los años malos. Algunos no lo recuerdan.