Lucro y seguridad social

JOSANTONIO LICANDRO (*)

El pasado mes aprovechamos la controversia que existe en la interna del partido de gobierno referida al sistema de ahorro individual para discutir los argumentos a favor y en contra. Esa controversia no solo se ha centrado en la visión reparto vs. ahorro individual. En efecto, también incursionó en otro aspecto no menos interesante: si es aceptable o no que en este tema existan empresas con fines de lucro que administren los fondos previsionales. Esta última discusión no es nueva en el país ni tampoco se circunscribe únicamente al ámbito de las jubilaciones y pensiones. Permítanme hoy reflexionar sobre esta otra vieja pero renovada controversia.

ÁNGELES Y DEMONIOS II. Esta discusión también la podríamos titular con el nombre de la novela de Dan Brown. A primera vista, hay quienes entienden que existen ámbitos de la actividad económica que deben ser reservados para el Estado. Tal parece que uno de los argumentos para ello radica en que no sería conveniente que empresas con fines de lucro manejaran los fondos de ahorro previsional puesto que dicho lucro se haría a expensas de las jubilaciones y pensiones futuras. De existir un administrador que no persiguiera fines tan mundanos, sería notoriamente mejor que los que buscan ganar dinero a costa de los trabajadores.

Este tipo de argumento también se está sosteniendo en el ámbito de la salud y fácilmente podría extenderse a muchísimas áreas de la actividad económica. Si lo lleváramos al extremo, podríamos plantear que también los temas vinculados a la alimentación son esenciales, por lo que no sería lógico que dejáramos la producción, el comercio y la distribución de los alimentos en manos privadas, pues el lucro que persiguen las empresas no haría más que encarecer esos productos, y pondría las necesidades humanas básicas al servicio de aspectos mezquinos.

Con esta manera de pensar, no cabría más que abolir la propiedad privada —al menos de los medios de producción— y dar paso a otro tipo de organización social en la que todos actuaríamos en función del bien común. Este es un hermoso ideal, tan hermoso como utópico, al menos si nos guiamos por el estrepitoso fracaso de la experiencia de los llamados países del socialismo real durante el siglo XX. Bajo esas banderas vimos experiencias sociales que no satisficieron las necesidades materiales de los pueblos, e incluso arrasaron con otros bienes tan caros para el ser humano como la libertad de pensar, de creer, de expresarse. Se llegó a pensar que se justificaba sacrificar la libertad personal en aras de otros bienes como la igualdad, el acceso universal a los bienes y servicios, etc.

Hoy tenemos una sociedad fragmentada, con muchos ciudadanos que no logran cubrir sus necesidades básicas y se encuentran inmersos en la pobreza. Y es cierto que ello se deriva de nuestra propia organización económica y social, lo que nos debería sacudir la conciencia. Por lo tanto, para muchos —sobre todo para los más jóvenes que están más expuestos al idealismo ingenuo— es legítimo plantearse estas interrogantes. Y los que tenemos algunos años no debemos escurrir el bulto. Los jóvenes aportando su espíritu crítico y creatividad y los más veteranos aportando nuestra experiencia. Todos animados por la esperanza de un país mejor.

Vamos pues con la experiencia.

DIABLILLOS SOLIDARIOS. Aunque sea paradojal, la finalidad de lucro no siempre es dañina. Asimismo, la finalidad solidaria muchas veces sí lo es. Me explico. Si una persona espera obtener beneficios de una actividad económica, y tiene que enfrentar un mercado en competencia, deberá esforzarse en ser eficiente en relación a sus competidores (producir el bien o servicio que satisface necesidades de sus congéneres al menor costo). Si así no fuera, por más que quisiera obtener beneficios de su actividad, no podrá hacerlo porque nadie le comprará algo que es caro o de mala calidad. De esa manera, el interés individual se canaliza hacia la mejora de los procesos de producción y hacia la innovación, haciéndolo eficiente desde el punto de vista social. En ese sentido la finalidad de lucro (ciertamente con un rasgo egoísta) resulta instrumentalmente admisible pues aporta valor. Luego, discutir si es bueno o malo que las personas persigan un beneficio individual resulta de segundo orden, al menos desde una perspectiva pragmática. En este sentido, la libre empresa no tiene por qué aceptarse como un dogma, sino como un aspecto práctico que aporta. Lo mismo sucede con la libertad de elección. Es el balance necesario para que no haya abusos de poder. Si a Ud. no le gusta lo que le vende el panadero de la esquina, no es bueno que esté obligado a comprarle a él. Si ese fuera el caso, tendrá que comer pan malo y caro. Al estar sujeto a la competencia y a su libertad de elegir, el panadero de la esquina sabe que su ambición está restringida a que le provea algo de buena calidad y precio razonable.

¿Lo anterior limita otras formas de organización que no tengan como lucro su finalidad? La respuesta es un rotundo no. Podemos dejar que convivan pacíficamente, pues también es común que muchas mejoras de eficiencia y de descubrimientos benéficos para la humanidad surjan de organizaciones de estas características (cooperativas, organizaciones sociales sin fines de lucro como las hoy llamadas ONG son una muestra elocuente de lo que digo).

El secreto del aporte efectivo a la sociedad parece estar en someter a estas organizaciones a la competencia, independientemente de su organización societaria y de los fines inmediatos de quienes están aportando capital y asumiendo emprendimientos. Si se prohíbe la iniciativa privada y se la sustituye por formas de organización diferentes, se corre el riesgo de que las cosas degeneren. Sobre todo cuando ello implica coartar la posibilidad de elección del proveedor por parte del ciudadano. El hecho de que una persona tenga libertad de elección impone un serio freno a la ineficiencia y a los abusos. Creer que la forma de organización en la producción ya resuelve los problemas es un error. Está lleno de ejemplos de organizaciones sin fines de lucro que no cumplen con su prometido rol. Muchas veces utilizan esa fachada para aprovecharse de exenciones impositivas bien intencionadas al servicio del enriquecimiento personal de quienes las manejan. Asimismo, se valen de su supuesta finalidad de servicio a la comunidad para exigirle al Estado que las ampare, que las subsidie y, cuando no, que les proteja su cuota de mercado. Eso sucede en el sistema de salud, donde pueden observarse instituciones fundidas con directivos ricos; donde el descalabro y la corrupción han sido tales que los servicios son malos y muy caros. Y cuando el usuario, aburrido de los malos servicios pretende cambiarse, recurren al Estado para que se lo impida. Si no me creen pregúntele a los trabajadores afiliados por Disse, quienes tienen serias limitaciones para irse de una mutualista a otra porque el Estado ha decidido desampararlos en beneficio de aquéllos. ¡Ni piensen que se les permita usar sus aportes para obtener los servicios de un seguro privado de salud!

Por otra parte, debido a que puede llegar a existir el empresario inescrupuloso que engañe a las personas o que saque beneficios de una posición dominante en el mercado (existen los monopolios naturales), tienen que existir mecanismos que limiten la ambición sujeta a no perjudicar a sus semejantes. En esta función de contralor el Estado parece insustituible: administra las disputas, la justicia, los controles, etc.

Volvamos ahora al sistema de seguridad social. ¿Qué sentido práctico tiene abolir las otras AFAP porque son privadas y tienen fines de lucro? Primero que no todas tienen esa finalidad, al menos una dice ser cooperativa. Segundo, la AFAP del Estado deberá demostrar que es eficiente. En un mercado donde hay competencia limitada debido a las economías de escala de esta industria, la mejor contribución de una empresa estatal será la de competir con eficiencia. Si entramos en el juego de estatizar todo, lo más probable es que República AFAP empeore su gestión, puesto que los ciudadanos no podrán someterla a la disciplina de mercado (si no estoy conforme con el servicio me voy con otro proveedor). Esa sencilla pero eficaz respuesta, es la mejor garantía para limitar las anomalías, ineficiencias y abusos de los proveedores, independientemente de si las mismas provienen del afán de lucro de los empresarios, o de administradores públicos o privados ineficaces —cuando no corruptos— que dicen perseguir la felicidad pública.

Si el señor empresario gana dinero prestándome un buen servicio, ¡bien por su lucro! Mal hacemos con limitar o impedir su ingreso en actividades tan importantes, sólo porque busca ganar dinero. Hay maneras de control social que permiten mitigar los abusos y explotar el espíritu empresarial a favor de la comunidad. He ahí el rol primordial que el Estado debe cumplir como regulador y controlador de los mercados. Por otra parte, si por abolir el lucro también destruimos el principal y más eficiente mecanismo social de control (la libertad de elección del consumidor), terminaremos probablemente con servicios malos y caros. Por otra parte, dado que los recursos públicos siempre serán limitados, si no se deja entrar al capital privado seguramente se invertirá poco, o se dejará de hacerlo en otras áreas en las cuales el Estado es insustituible.

Podemos aspirar a un mundo más equitativo y con más oportunidades para nuestros ciudadanos permitiendo que los privados inviertan capital de riesgo y sosteniendo un Estado fuerte en sus habilidades de regulador. Como dijo alguien, ello se puede hacer siguiendo la premisa: "todo el mercado que sea posible y todo el Estado que sea necesario". Al menos deberíamos intentarlo.

(*) Las opiniones vertidas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan las de las instituciones para las que trabaja.