TEMA DE ANÁLISIS

Como todos los trimestres, el Instituto Brasileño de Economía de la Fundación Getulio Vargas publicó recientemente el Indicador de Clima Económico (ICE) de América Latina. Dicho indicador, elaborado en base a consultas con expertos económicos de los países de referencia, tiene un recorrido que va de 0 a 200, siendo 100 el nivel de neutralidad. El ICE se elabora en base a dos componentes, que son el Indicador de Situación Actual (ISA) y el Indicador de Expectativas (IE) que pretenden reflejar la situación económica de cada país en el momento, y en los próximos seis meses.

El último registro correspondiente al tercer trimestre de 2022 fue de 54,7 puntos lo cual ubica a la región en un terreno marcadamente negativo, superado únicamente en I/09 cuando estalló la crisis financiera internacional, y II/20 durante el peor momento de la pandemia. La caída se verifica a su vez tanto en el ISA como en el IE. ¿Cuál es el motivo de esta disminución luego de haber alcanzado un máximo relativo en III/21? Sin duda la situación más precaria en materia inflacionaria constituye un factor explicativo, aunque también se alude como explicación que los expertos esperan una desaceleración económica en los próximos meses.

Pese al dato negativo en el promedio regional, en la desagregación del ICE por países Uruguay se destaca liderar la tabla con 122,6 (gráfico 1). En su informe, la FGV resalta a su vez que Uruguay es el único país que se encuentra en zona favorable (es decir por encima de los 100 puntos) en los tres indicadores (ICE, ISA IE). Ciertamente, Uruguay figura entre los países con mayor crecimiento esperado para el año 2022 en Sudamérica según expectativas de analistas privados y eso incide en los mayores niveles de ICE.

A su vez, en el último reporte de LatinFocus publicado en el presente mes de agosto, Uruguay figura como el tercer país con mayor crecimiento esperado para el año 2022 detrás de Colombia y Venezuela (en este último caso la tasa está más asociada a una recuperación parcial luego de la estrepitosa caída del PIB en los años previos) tal como puede verse en el gráfico 2.

En lo que sigue de la presente columna, queremos aprovechar para recordar la importancia que tiene la estabilidad institucional, no sólo para generar un clima de negocios favorable, sino también como garante del crecimiento económico sostenido. En particular, las instituciones sólidas permiten reducir la incertidumbre asociada a cualquier tipo de alteración en las reglas del juego que afecte a los inversores predispuestos a arriesgar su capital en un emprendimiento productivo cuyo período de recupero insume algunos años. Por tanto, cuando un inversor extranjero evalúa el destino donde radicar sus fondos, además del retorno esperado de la inversión, se debe calibrar el riesgo de que dicho retorno esperado no se verifique en el futuro, y ese riesgo no solo es macroeconómico sino también institucional. De hecho, la estabilidad institucional contribuye a la estabilidad macroeconómica.

Un aspecto que hace a la estabilidad institucional tiene que ver con la seguridad jurídica. Partiendo de la base de que una de las claves del crecimiento económico está cifrada en la acumulación del capital, debe entenderse que dicha acumulación tendrá lugar siempre que sea garantizada por los derechos de propiedad. Si los derechos de propiedad no están protegidos, ningún inversor serio querrá embarcarse en una aventura de hundir millones de dólares en un activo que el día de mañana pudiera ser expropiado, o bien sufrir una alteración unilateral de los contratos a instancias del gobernante de turno. La evidencia empírica es bastante categórica en cuanto a que los países con mayor calidad democrática son también los que gozan mayor fortaleza institucional, y Uruguay puede vanagloriarse de estar bien posicionado en este aspecto.

Todos los años, The Economist Intelligence Unit elabora un Índice de Democracia en base a categorías tales como procesos electorales, libertades civiles, funcionamiento del gobierno y cultura política. En la última edición correspondiente al año 2021, Uruguay figura liderando cómodamente el ranking de América Latina y el Caribe. Como puede verse en el gráfico 3, junto con Costa Rica son los únicos dos países calificados como “democracia plena” (puntaje mayor a 8 según la metodología del EIU), mientras que muchos están catalogados como “democracia débil”, habiendo incluso algunos países (la mayoría centroamericanos) que califican como “régimen híbrido” o “régimen autoritario”. Es de hacer notar que Uruguay no sólo se destaca en la región, sino también en el mundo. En el gráfico 4 se exhibe a nuestro país empatado en el noveno puesto junto con Australia, Canadá, Países Bajos y Suiza.

Hay otros indicadores elaborados por organismos internacionales que permiten evaluar la calidad institucional de los países. Por ejemplo, el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparency International. En la última edición de 2021 Uruguay aumentó su puntaje, liderando nuevamente el ranking regional de países con menor percepción de corrupción, y compartiendo el puesto número dieciocho a nivel mundial junto con Australia, Bélgica y Japón (ver gráfico 5).

En los tiempos que corren, donde la independencia del Poder Judicial está en jaque, también vale la pena recordar que Uruguay goza de muy buena reputación. Según el Índice de Independencia del Poder Judicial elaborado por el Word Economic Forum en sus reportes anuales de competitividad, nuestro país está segundo en toda América (únicamente detrás de Canadá), y figura empatado en el puesto número 20 del ranking mundial.

Justo es decir que, en un sentido más amplio, el WEF elabora un índice global de Instituciones que abarca tanto las instituciones públicas (derechos de propiedad; corrupción; influencias indebidas; performance del sector público y seguridad) como las instituciones privadas (ética y responsabilidad corporativa). En dicho índice Uruguay está rankeado en el puesto 34 a nivel global sobre un total de 134 países, es decir un poco más rezagado que en los indicadores previos, pero de todas formas sigue liderando en América Latina y el Caribe (gráfico 6).

Resumiendo, en un contexto donde las economías regionales tienen un grado de permeabilidad similar a los shocks externos en el mercado de bienes (precio internacional de commodities) y en el mercado financiero (tasa de interés internacional), la calidad institucional constituye uno de los diferenciales que pueden concitar la atención y confianza de los inversores, elemento crucial para garantizar el crecimiento económico. Siendo la nuestra una economía pequeña sin un mercado interno atractivo, el pilar institucional es clave y felizmente los distintos gobiernos que se han sucedido a lo largo de las últimas décadas fueron consecuentes en el manejo de este pilar.

(*) Ec. Marcelo Sibille, gerente senior del área de asesoramiento económico y financiero de KPMG en Uruguay.