Los errores en la relación laboral

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SERGIO ABREU

Todo inversor que analice la posibilidad de radicarse en el país, toma en cuenta tres situaciones. En primer lugar, el mercado al que accede, es decir, cuál es el potencial número de clientes que tiene para la comercialización de los bienes o servicios que produce. En segundo lugar, la presión tributaria que tiene que soportar sobre la actividad de la empresa para que la relación capital-renta le permita alcanzar niveles de eficiencia que se traduzcan en una adecuada rentabilidad. Y finalmente, en qué ambiente laboral se va a desarrollar su empresa en lo que hace a la relación obrero-patronal y en particular, a la defensa de los derechos de ambos más allá de los distintos roles que cada uno desempeña.

De los dos primeros, acceso a mercado y presión tributaria, podríamos hacer referencia en otra ocasión. Pero el último, el que refiere a la relación laboral, está adquiriendo una especial sensibilidad a la luz de una sucesión de leyes, decretos y proyectos de ley que vienen instalando en el sector empresarial un temor creciente sobre la seguridad jurídica y una adecuada relación con los trabajadores. Ya están en aplicación la Ley de Fuero Sindical, las normas que hacen extensible el Derecho de Ocupación al ejercicio del Derecho de Huelga, la Ley de Tercerización que extiende la responsabilidad solidaria a distintos actores en la contratación de mano de obra y últimamente, la Ley de Convenios Colectivos, que ha provocado un público y fuerte enfrentamiento entre el Gobierno, el sector empresarial y los sindicatos.

El grado de conflicto que se viene desarrollando no sólo afecta la credibilidad del país como receptor de inversiones, sino que está poniendo en peligro el crecimiento del país en su relación inversión-producto. En ese sentido, la inversión -sea extranjera o nacional- es la condición para el crecimiento sostenido de la economía, y está directamente relacionada con las expectativas de rentabilidad y riesgo. Y el crecimiento de la economía y la productividad, son las únicas fuentes genuinas del incremento del empleo y los salarios. Esto es particularmente relevante en un país como el nuestro, donde se registran empresas de baja rentabilidad crónica -sea por la naturaleza del negocio o por su gestión-, lo que las hace muy sensibles frente a los cambios en el mercado y frecuentemente, al impacto de las negociaciones colectivas en materia salarial.

Sin embargo, en los últimos años el crecimiento de los salarios se debió en parte a la negociación y no a ganancias de la producción; los intereses sectoriales han venido disociando la relación entre productividad, empleo y salario, ignorando que éste es la razón de ser del empleo, y que la calidad de este último vincula el empleo genuino con la mejora del salario real, con el crecimiento de la economía y con los resultados económicos que obtienen las empresas.

El empleo y el salario son la bisagra entre el funcionamiento de la economía y las necesidades de la sociedad. Las políticas en materia de empleo y salario y la política económica tienen que ser consistentes entre sí, tanto en el plano global como sectorial, y preservar un margen de rentabilidad empresarial que facilite las decisiones sobre inversión y expansión de actividad.

Lo anterior exige que la relación obrero-patronal sea administrada dentro del marco de las insatisfacciones compartidas. Tradicionalmente, ha sido asimétrica a partir de una parte más débil, reconocida por el propio Derecho Laboral, que consagra un tratamiento tuitivo del trabajador. Ahora bien, si detrás de cada acción y de cada norma subyace un concepto de lucha de clases, si a los derechos del trabajador se le agrega un componente ideológico en el que el capital es un enemigo y no un compañero de ruta con intereses diferentes, la negociación siempre va a afectar la productividad de la empresa, la renta del capital, el nivel de empleo y la diversificación de la producción de bienes y servicios en nuestro país.

En el Uruguay, una combinación de circunstancias políticas y sociales, sumada a una competencia por el liderazgo sindical y debilidades del sector empresarial, contribuyen a mantener una conflictividad que va más allá de lo razonable y afecta a la sociedad y la economía fuera del área específica de conflicto. Es parte de la polarización que estamos sufriendo y de la simplificación que clasifica a un país de tres millones y medio de habitantes dividiéndolo entre buenos y malos, ricos y pobres, conservadores y progresistas, en un ejercicio de antagonismos que han conducido a fracturar a la sociedad uruguaya.

Esto tiene una simple expresión en la falta de voluntad de un precandidato presidencial, el senador Mujica, de concurrir a los foros empresariales a los que se le invita, como si no necesitara ni de la opinión ni del concurso de uno de los principales actores que crean la riqueza nacional, dan empleo y posibilitan un proceso de distribución.

Estamos en el siglo XXI. En el resto del mundo, la "lucha de clases" del siglo XIX como conflicto existencial que buscaba la eliminación del capitalismo, se ha transformado en una negociación continua en la que ambas partes -capital y trabajo- aceptan una mutua dependencia. Las visiones socialistas y colectivistas han asumido la necesidad de fortalecer al sector privado como motor de crecimiento y han replanteando la confrontación entre capital y trabajo, que pasó de ser un proceso revolucionario violento, a la administración de un conjunto de intereses en parte compartidos y en parte contrapuestos. Pero en el Uruguay se viene un peligroso proceso de limitación del derecho de propiedad, a través de normas ya aplicadas y de propuestas políticas que pretenden incorporar incluso su discusión en una Asamblea General Constituyente. Esto responde al viejo concepto de que el lucro es un pecado y que el inversor, aún siendo necesario, debe ser mirado con recelo por no ser parte del mismo esquema ideológico. Asistimos a un incipiente proceso de concentración de poder que no sólo afecta la modernidad del pensamiento, sino que se orienta a relativizar el pluralismo, como parte de una sociedad acostumbrada a administrar el disenso y por tanto, esencia del funcionamiento de las democracias modernas.

Defendemos los derechos de los trabajadores, pero este juego de poder que se está dando en la relación social no puede ir contra los que traen la inversión y trabajo al país, ni conducir a retracciones en el nivel de empleo.

La tasa de desempleo subió dos puntos porcentuales en los últimos cinco meses, alcanzando el 8,3% en abril. Las mediciones indican que lo que está aumentando son los desocupados propiamente dicho, es decir, aquellos que perdieron su empleo. Es decir, los despidos. En valores absolutos quiere decir que si en noviembre eran 105 mil personas las que buscaban trabajo, hoy ya son 137 mil los que lo buscan y no lo encuentran. Al mismo tiempo, las mediciones también indican que quienes buscan trabajo por primera vez, están disminuyendo. En consecuencia, el problema central está en el nivel de empleo, es decir, en el número de puestos de trabajo. El panorama es preocupante: en un escenario de falta de flexibilidad y de disociación entre la situación real de las empresas y los niveles de recuperación real de los salarios, el ajuste del empleo viene por el lado de los despidos y de la disminución de las plazas de trabajo.

El principal error que se comete es pensar que el empresario tiene una empresa grande, rica, con grandes plantillas laborales y que incluso, la estructura trasnacional de muchas justifica un modelo permanente de confrontación. Nos olvidamos que las víctimas de esta visión antagónica son los micro, pequeños y medianos empresarios, que constituyen más del 90% de las empresas nacionales, absorben el 60% del empleo nacional y un porcentaje similar del Producto Interno Bruto. Hay muchos patrones que quieren sobrevivir en la formalidad, pagando los impuestos, los aportes patronales, manteniendo los puestos de trabajo para empleados que tienen una vida menos conflictiva y que hasta ganan más en tranquilidad y en salario, que la rentabilidad de sus patrones. Y si eso se ignora, aumentará la destrucción del tejido social del país, con incremento del desempleo, un sistema de capacitación deficiente para la oferta de mano de obra y una puerta abierta para los que buscan fuera del país un destino mejor; aunque para ello, sigan buscando los mercados del capitalismo, la única opción de vivir dignamente.

En este escenario, es importante canalizar el diálogo, ya que el trasfondo ideológico de la socialización de los medios de producción, es para muchos dirigentes un motivo de excusa para mantener la conflictividad latente. Para ello, debemos seguir insistiendo en el apoyo a la inversión y a la productividad, en el fortalecimiento de las empresas y en una estrategia de inserción externa que aumente el mercado disponible para bienes y servicios nacionales. Estos -más allá de las luchas por el poder y de las expresiones ideológicas- son los únicos requisitos que se deben cumplir para aumentar el nivel de empleo y mejorar los salarios en términos sustentables.