Las buenas intenciones en la discusión presupuestal

Entraremos en breve enla discusión parlamentaria del marco presupuestalen el que se moverá, durante su gestión, la nueva administración de gobierno. Si bien muchas de las propuestas que se conocen para incorporar a la discusión reflejan buenas intenciones, las consecuencias pueden no ser las esperadas. Quienes impulsan objetivos —incluso loables— no deben obviar considerar los costos que se pueden presentar para alcanzarlos por restricciones o reacciones que para ellos se pueden presentar.

Al inicio de la nueva discusión presupuestal, se reclaman —como ha sido habitual en similares ocasiones anteriores— recursos adicionales desde y para las diferentes reparticiones y funciones públicas. Los reclamos son considerados muy necesarios pero pocos de quienes los hacen, tienen en cuenta que afectan las cuentas fiscales obligando a la disminución de gastos alternativos (lo que nunca ocurre); al aumento de la presión fiscal de los contribuyentes (generalmente con impuestos directos nuevos o con aumento de tasas de los existentes); al financiamiento de terceros (organismo internacionales de crédito, instituciones financieras locales y del exterior, inversores particulares, etc.).

Uno de los reclamos de hoy es el aumento de recursos para mejorar los resultados de la educación. Los nuevos recursos se destinarían a incrementos de sueldos en la enseñanza básica, media y superior; a infraestructura educativa; a tener mejores condiciones de acceso a los medios complementarios de la enseñanza y a otras cosas por el estilo. Los objetivos del reclamo —se reitera—, no son rechazables. Por el contrario, es lo que todo uruguayo querría. O tal vez, como esbozara alguno de los reclamantes, es dar un paso más hacia más gastos en educación que sería lo ideal. Con el aumento presupuestal solicitado se piensa que se estaría realizando una inversión con rendimientos mayores para el futuro según lo expresado en manifestaciones estudiantiles y por parte de dirigentes políticos —no solo oficialistas—, y sindicales del sector. Pero la historia no pasa solo con plantear los objetivos sin reparar en los costos directos y de oportunidad para lograrlos.

Aumentar el gasto en educación no asegura que la educación mejore. Si ha habido progresos derivados del incremento de recursos en presupuestos pasados, se deben probar, sobre todo en relación con lo ocurrido en otros países destacables. De lo contrario nos quedamos con lo que dicen de la educación en Uruguay las pruebas internacionales, que nos alejan, cada vez más, de países con los cuales en algún momento pudimos competir y no solo en educación, también comercialmente. Además de tener que probarse que más recursos para la educación han tenido su retorno positivo, igualmente se debe analizar el costo que traería la nueva partida que hoy se reclama. El costo es el efecto que tiene lograr los recursos adicionales para evitar ampliar el déficit fiscal. Existen costos a evaluar, si el financiamiento será subiendo la ya alta presión tributaria sobre cierto núcleo de la población, que excluye a los receptores de beneficios estatales sin contrapartida. O si no se suprimen gastos que hoy hay, y que siendo innecesarios, los egresos que les financian se puedan reasignar a la educación. O si la partida incremental que se solicita para la educación se tendría que financiar con aumento de la deuda pública.

Archivo El Pais

Si para cumplir con el aumento de recursos para la educación se ampliara la presión fiscal, se afectaría a los contribuyentes. Asimismo, volver sobre nuevos impuestos directos o aumentar la tasa de los actuales o sobre los indirectos o sus tasas, no asegura que el efecto positivo de la transferencia de esos recursos a la educación sea mayor que el costo para la sociedad y los contribuyentes gravados. Una mayor presión fiscal sobre ellos implica un efecto depresivo adicional de su ingreso disponible para gastar que afectará, como en el caso del financiamiento con deuda pública, con presiones bajistas al nivel de actividad, pues quienes resulten gravados dejarán de emplearlo en su consumo e inversión reduciendo la actividad, el empleo y la propia recaudación impositiva. Evidentemente no hay prácticamente espacio para seguir gravando con impuestos o haciendo más restrictiva la determinación de bases imponibles de los gravámenes —como ha ocurrido y sigue ocurriendo— para aumentar así, la tributación.

Si la alternativa de financiamiento fuera con deuda pública, el perjuicio vendría por el lado del aumento del costo que pasaría a tener el financiamiento general que hoy pesa sobre toda la deuda pública. El aumento del costo del endeudamiento —la tasa de interés que podría tener que pagarse—, también podría generar presiones bajistas sobre la inversión, el consumo y la actividad productiva y el empleo, lo que sería una carga adicional para la sociedad.

El camino para lograr más recursos para la educación debe ir por otro lado. Es tiempo que, en un mundo digital que favorece la eficiencia en general y que vemos que es aprovechado por el sector privado para reducir costos y egresos en su funcionamiento, también lo aproveche el sector público para encontrar los recursos adicionales que se piden. Soluciones que comienzan por evitar el gasto improductivo, tanto por el lado de los recursos humanos que se emplean sin retorno positivo o con uno que no es el conveniente. Y que también deriven de la eliminación de los gastos que no respondan a actividades diversas de la función que deban cumplir.

Los aumentos presupuestales, por las razones citadas anteriormente, se deben discutir a partir de la consideración no solo de sus eventuales beneficios. También de sus indiscutibles costos macroeconómicos.