La rentabilidad del gasto social

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JORGE CAUMONT

Últimamente es frecuente escuchar el beneplácito oficial por el "fuerte incremento del gasto público social desde 2005". Desde entonces el gasto primario del Gobierno Central en términos reales aumentó lo mismo que el PIB, 46% aproximadamente y debido a la caída del valor del dólar, aumentó 222% en esa moneda.

Una evolución realmente explosiva, especialmente cuando se considera que la mayor parte tuvo lugar desde 2008 en adelante, lo que ha significado un esfuerzo tributario enorme de los contribuyentes y también será enorme el sacrificio de quienes tendrán que pagar el servicio de la deuda, que ha subido vertiginosamente en igual lapso.

Es difícil definir precisamente qué se entiende por gasto social, ya que no sabemos si se trata exclusivamente de aumentos salariales a funcionarios públicos, de subsidios, incluidos los que tienen por objeto evitar subas de precios, de traslaciones de ingresos a los grupos relativamente más pobres o de otras cosas por el estilo. Lo que sí es relativamente evidente es que no hay lo que los economistas llaman evaluación social de esas erogaciones, para ver si el sacrificio que hace toda la sociedad para financiar ese gasto social le es devuelto y con creces. En otras palabras, lo que no se conoce es si lo que los contribuyentes vuelcan a la Tesorería, el Gobierno Central lo deriva a los sectores de la población que efectivamente más lo necesitan y de una manera tal que se les prepare para ser, esos grupos también, futuros contribuyentes al mejorar su situación. Tampoco se conoce si fruto de esa política de aumento del gasto público, más adelante se logran beneficios para todos los grupos contribuyentes como lo sería por ejemplo, entre otras cosas, una mayor eficiencia en el funcionamiento de la economía.

EVALUACIÓN SOCIAL. Para convencer que el aumento del gasto social es bueno, debería ser evaluado desde ese punto de vista. Si los contribuyentes que aportan para el gasto tienen un costo, que es también social, lo que deberían recibir en el futuro es un retorno que, al menos, le permita compensarlo. El gasto público social tiene su costo y es el que enfrentan los contribuyentes. Son ellos los que a través del pago de impuestos proveen los recursos necesarios para la realización del gasto público social. Y ellos, los contribuyentes, no pertenecen únicamente a los grupos de ingresos mayores en la sociedad, sino que son todos los integrantes de ella. Algunos de esos grupos, además de soportar la carga, son también beneficiarios de la traslación de ingresos de contribuyentes a receptores del gasto. Otros, que no reciben la traslación de manera directa, deberían lograr un beneficio que justifique su esfuerzo tributario aunque no sea con otra cosa que con un funcionamiento más eficiente de la economía y con una buena provisión de los servicios estatales que financia el que paga impuestos.

Para poder señalar sin duda alguna que hoy hay más justicia social que la que había hasta hace algunos años atrás, concretamente que en 2004 y antes de ese año, como se ha enfatizado desde círculos oficiales, se debe también probar que el gasto es eficaz para solucionar problemas presentes y, además, que lo hace de modo eficiente.

Asimismo, debe probarse que en el futuro quienes reciben ese gasto serán también contribuyentes y en consecuencia desaparecerá la necesidad de una presión fiscal tan alta como la de hoy, sobre los estratos de población de ingresos medios y altos. Hasta ahora no existe evaluación que conozcamos que ratifique la eficacia del gasto, su eficiencia y la seguridad que en el futuro las transferencias irán mermando.

INTERROGANTES. Un gasto social beneficioso para la sociedad es aquel que logra mejorar la distribución del ingreso en un momento determinado y de manera permanente, sin requerir la reiteración por largo tiempo de grandes sacrificios de los contribuyentes. De nada vale que la mejoría se deba a transferencias que tan pronto desaparecen por distintas circunstancias, se vuelve a la situación anterior. Transferir ingresos de un sector a otro sin que las condiciones estructurales cambien, sin que se progrese en el tránsito hacia la igualdad de oportunidades o sin que haya contrapartida de los recipientes, es un ejercicio inútil con un costo social neto importante. Las transferencias deben existir, pero con el objetivo de colaborar para que quienes las reciban se transformen luego de cierto tiempo en ciudadanos a los que no sea necesario apuntalarlos sino que, por el contrario, ellos contribuyan en el esfuerzo general.

Es entendible que el gasto en educación sea un gasto social, como también lo es el gasto en seguridad y en salud, solo por citar algunos. Y en esas áreas el gasto ha crecido fuertemente pero no hay evaluaciones que muestren que el beneficio social alcanzado con ese gasto sea superior. Para poder afirmar que sí, que el retorno de la inversión en esas áreas es beneficioso para la sociedad, deberían conocerse los resultados de una evaluación que por el momento solo emerge del lenguaje político, un idioma que no siempre describe la realidad.

En educación terciaria por ejemplo, se invierte una porción creciente de la recaudación impositiva de uruguayos de clase alta, media y baja. Sin embargo, el resultado de ese gasto social, para la sociedad, no ha sido evaluado. Puede sí contribuir al bienestar de los que egresan pero, ¿contribuye al de la sociedad en su conjunto, como debería ser?

El valor presente de los flujos netos pecuniarios y no pecuniarios implícitos y explícitos que tiene una persona que se recibe es mayor que la suma de los costos de igual naturaleza en los que incurre. Hay claramente un beneficio privado para el egresado, de lo contrario no entraría a recorrer el tercer ciclo. Pero cuando se considera todo el gasto social, no solo el de quien se recibe, y se agrega el de quienes financian su aprendizaje, el de los contribuyentes, ¿es también beneficioso el resultado para la sociedad? No se ha probado que el costo social sea menor que el retorno que tiene para la sociedad. La igualdad de oportunidades que desea conferir el Gobierno Central con su política de gasto social en este caso no se verificaría en la realidad pues además, hay proporcionalmente muchos más egresados de clase alta y media que de las clases de estratos de ingresos menores. Sería interesante conocer algún ensayo que muestre si en la educación terciaria existe o no un retorno satisfactorio para la sociedad: si no lo hubiera, el gasto social asignado a esa área sería excesivo.

Asimismo, se podrían pedir evaluaciones similares para el gasto en otras áreas sociales en las que el Gobierno Central participa a partir de la exacción tributaria general. Con esos resultados, de ser favorables, se podría sí aseverar que la justicia social se beneficia con el gasto social.