ENTREVISTA A PABLO ANTOLÍN

Para Pablo Antolín, Economista Principal de la Unidad de Pensiones de la OCDE, es fundamental lograr la confianza de la sociedad a la hora de impulsar cambios al sistema previsional. “Si piensan que le estamos vendiendo gato por liebre, es muy malo para el éxito de la reforma”, asegura. Antolín participo recientemente en un foro virtual sobre el sistema previsional uruguayo, organizado por la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS). En diálogo con El País, sostiene que cualquier mejora de un sistema de pensiones tiene que partir de que todos los ciudadanos a la hora de alcanzar la edad de jubilación tienen que estar protegidos, al menos por un ingreso mínimo, en base a rentas generales. Pero advierte que, más allá del “pilar cero” deben introducirse mecanismos que incentiven a la contribución, partiendo de la base que todo período de aporte, por escaso que sea, sumará a la hora del retiro. Y si bien estima que los cambios en el mundo del trabajo pueden incrementar los desafíos a la hora del aporte previsional, subraya que la función de un sistema de pensiones no es la de resolver los problemas de un mercado de trabajo. A continuación, un resumen de la entrevista.

—¿Cuánto incide la coyuntura actual en un rediseño de los sistemas previsionales que responde a necesidades de largo plazo?

—Cuando la coyuntura económica es complicada resulta muy difícil abstraerse del corto plazo, de la situación cotidiana y centrarse en temas de largo plazo. Y estos son temas que hay que afrontarlos mirando siempre el largo plazo.
Por eso esta coyuntura es aún más desafiante, pero en la experiencia que hemos tenido de discutir y evaluar las reformas que se han implantado en diversos países del mundo, hemos aprendido que todo pasa por la voluntad política de discutir hacia dónde queremos ir y llegar a un acuerdo de cómo queremos llegar. Lo que no quiere decir que esos cambios deban implementarse inmediatamente, ya que muchas veces, debido a la coyuntura compleja, no es posible poner en marcha las reformas que se acuerden.
Insisto, lo importante es el acuerdo, una hoja de ruta y un destino donde todos estén de acuerdo. Aunque los cambios se implementen más tarde. Hay países que han hecho eso y el proceso ha llevado muchos años. Se puede y se debe tomar distancia de los problemas coyunturales.
En la mesa de análisis que participé en Uruguay observé que tienen un consenso político de que deben hacerse cambios al sistema.

—Uruguay tiene la particularidad de un consenso básico acerca de la necesidad de hacer ajustes al sistema, más allá de diferencias en los énfasis…

—Eso es natural, Lo importante es acordar, siempre, en los pilares fundamentales de la reforma. Los cambios tan profundos como los de un sistema previsional necesitan esa base para tener éxito. Eso vale para Uruguay y cualquier otro país, de los muchos que están enfrentados hoy al desafío de reformas. Y es fundamental explicarle a la población por qué se necesitan reformas, qué es lo que proporciona el sistema y cómo está organizado.

—La urgencia de sistemas previsionales bajo tensión es regla general en la actualidad…

—Los problemas son los mismos; los fenómenos que afectan los sistemas de retiro están afectando a todos. La diferencia entre aquellos países que identificamos como desarrollados y el resto es que los primeros, probablemente, tengan más recursos que permitan posponer la discusión y la puesta en marcha de los cambios. Pero las soluciones que vemos desde OCDE son las mismas: se necesitan sistemas multipilares, de componentes diversos, que se complementen y funcionen de una forma integrada que ofrezcan soluciones a todos.

—En ese menú de instrumentos que universalicen la cobertura, cuando participó del foro virtual en Uruguay, usted puso énfasis en la generación de una pensión básica de carácter no contributivo…

—Los estudios que hemos efectuado (en OCDE) sobre sistemas de pensiones en países en desarrollo y también desarrollados —el último que hicimos fue para Perú— hacemos hincapié en un punto esencial. Cualquier mejora de un sistema de pensiones tiene que partir de que todos los ciudadanos a la hora de alcanzar la edad de jubilación tienen que estar protegidos, al menos por un ingreso mínimo; no decimos cuánto, eso es una cuestión que debe decidir cada país en base a definiciones y recursos con lo que cuenten. Y eso tiene que financiarse con los presupuestos generales del país…

—El Estado debe hacerse cargo de aquellas personas cuya trayectoria laboral no les permite una jubilación.

—Por la razón que sea que un ciudadano no pudo llegar a tener una jubilación por las vías habituales de un pilar de reparto o uno de capitalización, siempre tiene que estar protegido. Eso tiene que estar fuera de discusión; lógicamente, es un mínimo de pensión donde seguramente la gran mayoría no querría estar, porque es bastante bajo en la mayoría de los países. Básicamente, algunos países lo definen en base a que no queden por debajo de la línea de pobreza, eso es ya una discusión interna.

—¿Cuán abarcativo debe ser el diseño de un pilar de esas características?

—Hay un piso: todo el mundo, cuando se jubile, estará por lo menos en ese nivel. Obviamente, es deseable que existan incentivos para que la gente contribuya al sistema, ya que quienes están en el último y penúltimo decil pueden pensar que no vale la pena contribuir porque más allá de que lo hagan o no, su ingreso al momento de retiro no variará. Entonces, el diseño debe incorporar, a ese piso, un aumento gradual en el monto a recibir de acuerdo con los años en que se contribuya a la seguridad social. Por tanto, existe un incentivo a aportar, más allá de los montos.

—Cuando no existe un mecanismo así, lo que vemos es que hay personas que contribuyen por períodos cortos, insuficientes para su retiro, no reciben beneficios de ese aporte. Solo la pensión mínima de parte de rentas generales.

—Ese es un aspecto importante, hay que hacer que todo aporte, por reducido que sea, tenga valor a la hora del retiro. La mayoría de los países tienen hoy un diseño así, recientemente lo propusimos desde OCDE para México y Perú, lo mismo para Chile.
Pero creo que hay algo más importante aún: que todos los integrantes de la sociedad sepan que están contemplados en un sistema confiable. La confianza en el sistema de seguridad social de parte de todos los ciudadanos es esencial.

—En un contexto donde el mundo del trabajo está desafiado por nuevas formas de vincularse con el mercado laboral, es probable que un mecanismo de las características de ese “pilar cero” cobre aún más importancia...

—Puede ser, sí, pero la función de un sistema de pensiones no es la de resolver los problemas de un mercado de trabajo; el objetivo de un sistemas previsional es que todos los individuos cuenten con una protección a la hora de su retiro, que la gente no quede por debajo de la línea de pobreza y que los individuos tengan la garantía de que sus ahorros de la vida laboral serán la base de su retiro de mañana. También hay otros objetivos país, como el de la sostenibilidad financiera, etc.
Pero cuando se piensa en diseñar un sistema de seguridad social que intente resolver los problemas del mercado de trabajo, seguramente estaremos ante un diseño que no va a funcionar.

—En cuanto a los trabajadores que sí pueden ahorrar, y lo hacen a través de los pilares contributivos, ¿qué otros mecanismos sugiere, que permitan mejorar su retiro?

—La combinación de un sistema que tiene un pilar público y otro de capitalización, de por sí promueve el ahorro. El problema no es que no haya formas de hacerlo, sino que, por razones diversas, la gente no ha ahorrado lo suficiente.
Hoy día ha ido tomando cuerpo todo lo relacionado con la economía del comportamiento, basado en hacer fácil las cosas para que la gente ahorro, estableciendo estrategias de inversión por defecto, entre otros mecanismos. Mucha gente que antes tenía que tomar la decisión de ahorrar, cuánto ahorrar y donde invertir sus ahorros, con la afiliación automática y las opciones por defecto, automáticamente el individuo ahorra más.

—En ese universo, la función del regulador se vuelve esencial…

—Sin ningún lugar a dudas. Tiene que velar porque los proveedores de todas estas opciones lo hagan respetando el interés de los individuos. Eso es crucial en estos sistemas.

—Al momento del desahorro, aparecen otros aspectos de diseño que generan problemas…

—La estrategia depende mucho del diseño del sistema. En el caso del sistema de reparto, la “aseguradora” es el Estado, que garantiza determinada cifra hasta el día que uno se muere. En el pilar de capitalización, hay una compañía de seguro que, tomando en cuenta determinadas tablas de mortalidad, las tasas de interés del país y estima cuánto puede garantizarle de retiro. La única diferencia que hay entre el Estado y la compañía de seguros es que esta última hace su evaluación todos los años, es una cuestión de supervivencia. No así el Estado. Y ahí hay un problema grave, ya que se basa en cálculos que muchas veces tienen décadas y distorsionan cualquier estimación.
Se necesita mucha información, clara y directa para que la sociedad comprenda esto. Es un rol fundamental que el Estado cumpla con este mandato. De qué forma se define y calcula cómo se cubre esa pensión desde que uno se jubila hasta que se muere. Y no se trata de que el ciudadano de a pie “no entiende”, somos nosotros los que debemos dar el mensaje bien claro.
El objetivo es cubrir el riesgo de longevidad; hoy se implementan diversos mecanismos que permiten combinar una renta vitalicia diferida con otros instrumentos. Pero a la gente hay que explicarle bien: si no lo hacemos, no lo entenderán. Y si no lo entienden, van a desconfiar. Y con desconfianza del contribuyente, es muy difícil llevarlo adelante.