Hablemos de impuestos, aunque no guste

La presión de la tribuna volvió a incidir: así como en el período anterior se amputaron la posibilidad de subir impuestos antes del inicio del gobierno, ahora ocurre lo mismo cuando apenas han transcurrido 15 meses y la situación fiscal y sus perspectivas son preocupantes.

Pago de impuestos ante la Dirección General Impositiva (DGI).
Pago de impuestos ante la Dirección General Impositiva (DGI).
Foto: Archivo El País.

Hace tiempo que está casi prohibido hablar de impuestos. No por norma alguna, sino por los elementos más sonoros de la sociedad. Cualquier alusión a alguna idea en la materia hace saltar a la tribuna, que presume que se viene un aumento en algún impuesto o un nuevo tributo. Esto ha inhibido a los hacedores de políticas públicas a tomar decisiones en la materia, aun cuando se trate de modificaciones convenientes y que no impliquen modificaciones en la recaudación. El riesgo de la mera sospecha, paraliza.

En el caso del gobierno anterior, eso fue reforzado por el compromiso preelectoral de que no se subirían los impuestos y en los hechos así ocurrió. Es más: sobre el final del período, cuando la situación fiscal se encontraba en un notorio deterioro, se resolvieron rebajas impositivas efectistas, aunque poco significativas en materia de recaudación.

En el caso del actual gobierno, se introdujeron tres modificaciones impositivas que se estima que producirán cierta recaudación pero que tuvieron el propósito de dotar de más coherencia al sistema tributario: el aterrizaje local del impuesto mínimo global, la inclusión en el IRPF de las ganancias de capital para los activos en el exterior (las de los activos en Uruguay tributan desde que existe el IRPF) y el “impuesto TEMU”, para equiparar la carga impositiva frente al comercio local, que grava con IVA a las compras remotas de los particulares en el exterior.

Pero, ante la andanada de ideas impositivas desde el Frente Amplio y el PIT-CNT, el gobierno, en boca de su presidente y de su ministro de Economía y Finanzas, se apuró a dejar en claro que todo lo que se haría en materia impositiva en este período de gobierno ya fue hecho y que nada más sucederá en la materia.

La presión de la tribuna volvió a incidir: así como en el período anterior se amputaron la posibilidad de subir impuestos antes del inicio del gobierno, ahora ocurre lo mismo cuando apenas han transcurrido 15 meses y la situación fiscal y sus perspectivas son preocupantes. En ambos casos se incurrió en un error: descartar un instrumento central de la política económica. Máxime en el período actual, cuando al mismo tiempo se expresa que no se recibió el mandato de reducir el tamaño del presupuesto. Entonces, si la economía sigue reptando en vez de crecer, no se pueden subir impuestos y no se pueden bajar gastos… estaremos condenados a convivir con este déficit fiscal de casi 5% del PIB mientras los mercados sigan convencidos de nuestra omnipotente institucionalidad.

Ni qué hablar si prosperan las iniciativas que hay en parte del oficialismo con relación al aumento del gasto en la inminente Rendición de Cuentas.

Además, como si lo anterior fuera poco, se sospecha que cualquier decisión que “huela” a algo impositivo tiene ese carácter, como sucedió con el lógico ajuste del FONASA en diciembre o con los razonables aumentos en los precios de los combustibles debidos a la guerra, como expliqué en mi columna de hace dos semanas. ¿Qué se pretende? ¿La inacción de los gobiernos, a los que se les “prohíbe” el uso de instrumentos esenciales o la mera corrección de situaciones que merecen ajustes? ¿Cómo se podrá gobernar con semejantes restricciones?

Lo peor es que los gobiernos actuales, de aquí y allá, son víctimas de la inmediatez y la poca paciencia de los electorados, y tienden a actuar de manera pusilánime en la materia.

El ministro de Economía y Finanzas se refirió días atrás a que se deberá estudiar la tributación de los vehículos eléctricos y una vez más se agitó el avispero. Se trata, sin dudas, de un tema relevante y que hace al equilibrio en la tributación de diferentes tipos de vehículos, cuando los eléctricos aumentan rápidamente su participación en la venta de autos nuevos. En la medida en que esta tendencia se afirme, tenderá a cero la recaudación del IMESI a los automóviles, que es, desde siempre, un componente no insignificante de la recaudación impositiva.

Hace unos días volvió a producirse un “terremoto” en materia tributaria cuando trascendió que un jerarca del MEF se refirió, en un evento regional de expertos, a dos cambios impositivos que se están estudiando para el futuro, pero no para aplicar en este período de gobierno.

Se trata de dos cambios que es razonable que sean estudiados, en particular uno de ellos, porque va a llevar tiempo y estudios poder hacerlo: el caso del IVA Personalizado. Con este instrumento, se logran al mismo tiempo dos buenos propósitos: la generalización del impuesto y la focalización del gasto tributario en la población objetivo. La clave es determinar la tasa del nuevo IVA y cuáles serían los deciles que serían objeto de la devolución del impuesto y es claro que esto no es sencillo.

Con relación al otro caso, no creo que se requiera demasiado tiempo ni estudio porque resulta bastante evidente su conveniencia y consiste en remplazar una parte (cinco puntos) del IRAE sobre la renta empresarial por IRPF a los dividendos generados por dicha renta. Sería muy sencilla esa sustitución sin afectar a la recaudación en sentido alguno. Y por lo tanto no tendría sentido postergarla para un próximo período de gobierno.

Pero los ajustes necesarios al sistema tributario no deben quedar ahí. Se me ocurren varios otros, sin pretender agotar la lista, que bien podrían ser considerados. Uno, la tasa consular que graba las importaciones no debería existir. Dos, con el propósito de abaratar el costo del factor trabajo, se podrían reducir los aportes patronales a la seguridad social. Tres, sería bueno explicitar y reembolsar los subsidios de ANCAP como referí hace dos semanas (Bella Unión, cemento, super gas) lo que permitiría bajar genuinamente los precios de los combustibles. Cuatro, deberían eliminarse impuestos “privatizados” por las cajas sectoriales (como los timbres profesionales) y sustituirse por transferencias explícitas del Tesoro.

Obviamente, como contrapartida de cualquiera de esas medidas, debería subirse algún impuesto (idealmente el IVA) para compensar las pérdidas respectivas.

Qué bueno sería que, en un ambiente técnico, se pudieran discutir mejoras al sistema tributario. Pero qué lejos estamos de poder hacerlo, con tribunas enardecidas y políticos temerosos.

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