Guerra de patentes, ¿otra vez sopa?

Néstor Gandelman

Las recurrentes guerras de patentes son una triste característica de la realidad nacional. A esta altura resulta increíble que la discusión siga pasando por quién cumple el acuerdo y quién no lo cumple y qué tipo de amenazas hacer a los contribuyentes para inducir las conductas que las autoridades locales desean. La discusión razonable y sensata debería de ser sobre qué aspecto de la institucionalidad y de las reglas de juego hace que se produzca periódicamente este fenómeno. Hace más de dos años escribí en este suplemento una columna bajo el título "Patentes: ¿estaremos condenados?" que terminaba con una triste frase profética. En caso que no se produzcan cambios institucionales, "…en respuesta al título tendremos que decir que sí estamos condenados a que la patente de rodados en Montevideo siga siendo mayor que en los otros departamentos, que sí estamos condenados a observar recurrentemente guerras de patentes y por lo tanto, que sí estamos condenados a que antes de cada acto eleccionario se nos prometa a los montevideanos la reducción en el valor de la misma. En definitiva, esta película yo ya la vi." Y en el 2008 podemos agregar: ¡qué horrible que es!

INCENTIVOS. La discusión pública en términos de economía en Uruguay suele pasar por temas macroeconómicos. Pero problemas microeconómicos abundan y están en el sustrato de muchas ineficiencias nacionales. Tan o más importante que la macro es el efecto en los incentivos de las distintas políticas, ya que en definitiva las conductas de las personas responden a estos incentivos.

En el caso de las patentes tenemos que considerar los incentivos de dos tipos de "agentes económicos". Por un lado tenemos a los propietarios de automóviles que deben patentar su vehículo y por otro las intendencias.

Muchos de los contribuyentes circulan por varios departamentos. Pero incluso aquellos que solo circulan en un departamento tienen la posibilidad de patentar su vehículo en prácticamente cualquiera de los diecinueve departamentos. No es relevante aquí la discusión de dónde es que deberían de patentar. Se podrá argumentar que es en el lugar donde viven, en el lugar donde trabajan, en el lugar donde circulan mayormente o donde vive la abuelita a la que van a visitar los fines de semana. Esto es una discusión bizantina. La gente finalmente es libre de ir y registrar su vehículo donde lo desee y en consecuencia es libre de enfrentar las amenazas (detención por inspectores de tránsito, solicitud de comprobación de domicilio, tasas de circulación, etc.) de los otros municipios. Esa libertad es una de las claves para entender este problema. Naturalmente, si la patente es igual en todos los departamentos la decisión racional de los individuos será patentar en aquel lugar que les sea más fácil y donde luego enfrenten menores dificultades. En cambio, si existen diferencias en los valores de las patentes habrá gente dispuesta a correr los "riesgos" que suponga estar empadronado en un departamento distinto al que circula.

Las intendencias tienen la necesidad de recaudar. La recaudación de cualquier impuesto surge de la multiplicación de la tasa impositiva por la base fiscal. Simplificando, la recaudación por patente de rodados surge del valor de la patente multiplicado por la cantidad de vehículos. Una simple cuenta y un ejemplo ayudarán a entender nuestro punto; cuatro por cuatro es dieciséis pero dos por ocho también son dieciséis. Se puede lograr el mismo dieciséis con una tasa alta y una base baja o al revés. Cuando una intendencia baja la tasa impositiva en un 10% no necesariamente baja su recaudación en un 10%. Presumiblemente los que ya abonaban la patente en esa intendencia seguirán abonando en ella, pero además es posible que contribuyentes de departamentos cercanos decidan pasar su automóvil a esta intendencia de baja patente. En definitiva, la rebaja en el valor de la patente puede incluso significar un incremento en la recaudación.

Pregunta: ¿qué tipo de intendencias tendrán incentivos a bajar sus patentes? Respuesta: las más chicas. Pregunta: ¿qué tipo de intendencias tendrán incentivos a tener valores de patentes elevados? Respuesta: las más grandes.

Supongan por un momento que hay un acuerdo por el que todos los municipios cobran $ 10 de patente por vehículo y que hay dos intendencias de distinto tamaño. En el departamento chico hay 100 vehículos por lo que su recaudación será de $ 1.000. En el departamento grande hay 1.000 vehículos por lo que su recaudación será de $ 10.000. Si la intendencia chica baja lo que cobra de patente a $ 9 recaudará de los individuos que previamente estaban allí $ 900 ($ 100 menos que antes) pero puede atraer contribuyentes de la intendencia grande. Supongamos que 20 personas de la intendencia grande re-empadronan sus vehículos en la intendencia chica. En este caso la intendencia chica recaudará $ 9 por los 100 individuos que allí vivían más $ 9 por los 20 que se pasaron totalizando $ 900 + $ 180 = $ 1.080. Una reducción de la patente de 10% le redunda en un incremento en la recaudación de 8%.

En este punto uno se podría preguntar, ¿qué pasará si la intendencia grande entra en una guerra de precios y también rebaja su patente. Si efectivamente eso se diera, la patente sería inferior para todos y nadie abonaría en un municipio distinto al suyo. Sin embargo, a la intendencia grande lo más probable es que no le convenga entrar en esta guerra de precios. Siguiendo con el ejemplo, la intendencia grande originalmente recaudaba $ 10.000 producto de los $ 10 que le cobra a sus 1.000 vehículos. Luego que la intendencia chica reduce su tasa tiene dos posibles caminos. Una primera opción es mantener la tasa elevada en $ 10 en cuyo caso perderá 20 vehículos y su recaudación será de $ 9.800. Una segunda opción es entrar en la guerra de precios y reducir la tasa a $ 9. En este caso su recaudación será de $ 9.000 ($ 9 por los 1.000 vehículos). Obviamente, la intendencia grande no entrará en la guerra de precios y se mantendrá con una tasa superior.

Finalmente, antes de pasar a las conclusiones es necesario aclarar que la misma lógica que hace a las intendencias chicas bajar los precios de sus patentes de rodados hace a los municipios grandes subir los suyos. Consideremos nuevamente la situación original del ejemplo en que ambos municipios cobran $ 10 de patente. Dados los 100 vehículos en el departamento chico y los 1.000 en el grande, la recaudación es de $ 1.000 y $ 10.000 respectivamente. Las autoridades de la intendencia grande encontrarán conveniente subir sus tasas si es que por hacer esto no pierden demasiados contribuyentes. Si elevan la patente a $ 11, tendrán una recaudación mayor a la que tenían antes si logran retener al menos 910 vehículos. En este ejemplo un incremento del 10% de la patente en la intendencia grande aumentará su recaudación siempre que pierda menos del 9% de su base fiscal.

CONCLUSIÓN. Los elementos claves para entender el sistema actual de patentes de rodado son dos. Primero, los individuos eligen donde empadronar sus vehículos según lo que les es más conveniente. Segundo, las autoridades locales enfrentan incentivos distintos que hacen que algunas prefieran tasas mayores y otras tasas menores. Por lo tanto, ningún acuerdo que no reconozca explícitamente esto tendrá chances de prevalecer en el tiempo. A esta altura resulta obvio que la institucionalidad actual no es la adecuada para brindar racionalidad al sistema nacional de patentes de rodados. Es preciso entender que no necesariamente todo lo "descentralizado" es mejor. La fijación del valor de la patente de rodado debe estar en una autoridad nacional y no bajo la égida de autoridades departamentales.

NOTA: Este artículo se basa en un trabajo de investigación realizado junto al economista Rubén Hernández-Murillo del Federal Reserve Bank de St. Louis, publicado en Topics in Economic Analysis & Policy y al que se puede acceder por internet en la siguiente dirección https://www.bepress.com/bejeap/topics/vol4/iss1/art13.