Gastos, impuestos e inversiones

ISAAC ALFIE

Al menos desde el retorno a la democracia, la historia de las transiciones de gobierno muestra al saliente colaborando en toda la línea con quienes serán las nuevas autoridades, esto es, preguntando hasta por el aumento de salarios que debe otorgar a los funcionarios públicos. Pasó en todos los gobiernos desde 1985 a 2004, ¿habrá pasado en éste? No lo sé, pero de ser así, quienes asumieron una semana atrás o bien no tuvieron la fuerza necesaria frente a las salientes o no querían generar problemas o estaban distraídas porque, realmente, lo que ha pasado no parece sensato ni tiene antecedentes en el último cuarto de siglo.

GASTOS. La lista de absurdos es larga. Veamos algunos ejemplos elocuentes en materia económica. Creo que nadie imaginaba que el gobierno saliente iba a subir los salarios públicos de la manera loca e inconsistente que lo hizo en enero, que reduciría la tarifa de los combustibles (la baja en la energía eléctrica es correcta y hasta "avara"), ingreso principal de un ente cuyas finanzas están comprometidas, que no solamente no tenía pensado reducir el gasto corriente discrecional como era lo lógico, sino que planeaba aumentarlo y dejárselo de herencia para el 2010 a quien viniera, que seguía pensando en inversiones electorales, que aumentara la deuda flotante, que le quitara al BROU tanto dinero como para que el adelanto de utilidades cubra, seguramente, las transferencias por al menos un par de años. En resumen, salvo los ajustes de partidas automáticas, sean por ley o Constitución, a nadie sensato se le podía pasar por la cabeza que la herencia sería de ese estilo, sencillamente porque quien gana, de hecho, tiene el derecho a recibir lo que hay, pero no algo peor.

A propósito, con las cifras a la vista, es diáfana la política aplicado. La bonanza vivida se dedica a ampliar el gasto corriente a la vez que las inversiones son esmirriadas y el déficit (y su contracara la deuda pública) crecen. El gobierno se dedicó básicamente a recibir el maná celestial y hacer transferencias corrientes, compra de conciencias -traducción sin eufemismos de las declaraciones del hoy Senador Rubio a Búsqueda--, en lugar de fortalecer la base que dé sustento de largo plazo a ese ingreso. Así, el gasto corriente discrecional real (excluyendo pasividades) creció en el período 67%, el doble que el PIB. Desde el punto de vista electoral puede ser, desde el país, muy malo.

Sobre la expansión de la deuda deberemos esperar hasta fin de junio, cuando se conozcan las cifras a marzo, para saber la verdad del gobierno que terminó. Todo hace suponer que la situación se ha vuelto comprometida, en un período que las arcas del Estado recibían en términos constantes unos US$ 500 millones adicionales cada año, y que la caída en la cotización del dólar le otorgaba otros US$ 450 millones anuales. Entonces, dejo al el lector el adjetivo que entienda conveniente para una administración que termina su último año con recursos adicionales por alrededor de US$ 4.750 millones y empeora la situación de las finanzas.

IMPUESTOS. Si las cosas hubieran sido normales, la situación fiscal del 2010, máxime con la economía creciendo al 4%, debía mejorar rápidamente y el déficit llegar a 0,5% del PIB. Hoy no parece una meta fácil, aún cuando en compra o generación de energía eléctrica nos pasaremos para el otro lado y se gaste muy por debajo de la media. De todas maneras ello no impide que el nuevo gobierno se ponga el traje de fajina y busque reducir el gasto a mediano plazo y con ello logre la necesaria baja de impuestos, que perfectamente se puede dar en el período de cinco años, pero con conducta. El 22 de junio de 2009, mi columna se tituló "Se pueden reducir los impuestos". En ella explicaba cómo, bajo supuestos razonables, nada heroicos por cierto, meramente utilizando los recursos fiscales adicionales que el crecimiento proporciona y siendo austeros y controlados en las erogaciones. Decíamos en aquel entonces que "creciendo al 3,2% promedio anual, por debajo del 4% de un período medio 1985-1998, proporciona $ 31.000 millones de recursos adicionales, a los que habían que adicionarle unos $ 7.000 millones provenientes de la reforma de la seguridad social de 1995". El gobierno saliente dijo que el déficit estructural de 2009, una vez quitado el efecto de la sequía fue de $ 10.100 millones (1,4% del PIB), yo creo que llegó a $ 16.000 (2,2% del PIB). Por tanto, en un programa bien diseñado, con un objetivo claro y una ruta precisa, iríamos ganando recursos año a año y en el quinto de mandato dispondríamos de $ 22.000 millones (a precios actuales) de superávit, poco más de 3% del PIB. ¿Cómo se puede decir que no es posible reducir la carga tributaria? No se puede; es más, todo el IRPF e IASS representan dos tercios de los $ 22.000 millones disponibles.

Claro está que si la política fiscal es la que vimos hasta ahora, lo más factible es que terminemos al revés, con suba de tributos.

A vía de ejemplo, en Estados Unidos, recesión mediante, en 1992 el déficit del gobierno federal llegó al 5% de su PIB y en el 2000 tenía un superávit de 3% del PIB. ¿Cómo lo logró, si en el medio hasta se dio el lujo de reducir algunos impuestos? Muy simple, el gasto nominal creció al 3,2% anual, frente al 5,8% que crecía el PIB. Apenas un poco de conducta le permitió cambiar en ocho puntos del PIB su posición fiscal, reducir impuestos y bajar sustancialmente la relación deuda a PIB. Algo parecido pasó en Suecia, que mejora su balance fiscal en 8% del PIB entre 1993 y 1998 e Italia que lo mejora en 6% entre 1992 y 1997. Uruguay mejoró 3% entre 2002 y 2004 su balance fiscal, debería ser perfectamente factible mejorarlo cinco puntos en los próximos cinco años y pasar de un déficit de 2% a un superávit de 1%, reduciendo impuestos por los restantes dos puntos.

Entonces, bajo condiciones normales, si se quiere tener las finanzas del Estado bajo control y a la vez bajar los impuestos se puede hacer. Hay que tener un plan y cumplirlo. La respuesta jamás es automática, sí o no. Si se hacen determinadas cosas sí, si se hacen otras no. Cualquier otra respuesta está fuera de la lógica y es meramente dogmática o ignorancia.

Un ejemplo no tan lejano y relativo a nuestro país viene al caso. Entre el 2002 y 2003, muchos, algunos muy influyentes tanto compatriotas como foráneos, decían que Uruguay debía ir a la cesación de pagos (default) porque no había otra solución a su crisis de deuda. Se obviaba que de por medio se podían tomar acciones, trazar un plan claro, preciso y creíble con voluntad de llevarlo adelante. Ello se hizo y luego llegó la bendición, los elogios y galardones, algunos exhibidos con legítimo orgullo por integrantes de la administración Vázquez.

INVERSIONES. En el marco de su discurso a favor de la inversión, en especial en infraestructura, el presidente electo ha expresado que en el quinquenio piensa invertir US$ 1.800 millones, supongo yo que exclusivamente en el gobierno central -pese a que ha mencionado dentro de sus planes al ferrocarril, que no pertenece a éste-, mostrando ese monto como una cifra sideral. Estoy convencido que Mujica tiene esa prioridad y la comparto. Lamentablemente, si el monto de inversión final es el antedicho, sería la menor inversión pública desde el retorno a la democracia. En efecto, si consideramos que el PIB en dólares tendrá una trayectoria normal, es decir sin agravamiento del atraso cambiario o el trauma de una devaluación real, la mencionada cantidad significaría un 4,9% del PIB del quinquenio, lo que compara muy mal con el 9,8% del 1985-1989, 10,3% de 1990-1994, 10% de 1995-1999, 7,3% (crisis regional y mundial incluida) del 2000-2004 y 8,1% del 2005-2009.

Es claro que al presidente Mujica alguien le "vendió" la cifra. Por el bien de todos, esperemos que esta realidad no se concrete, porque ciertamente es demasiado poco.

Concluyendo, no se puede decir que no es posible la reducción de impuestos y los gastos, al menos manteniendo la inversión en relación al PIB sin generar el caos. Debe decirse que no se está dispuesto a aplicar la política de austeridad necesaria para ello, que no se está dispuesto a gobernar para la mayoría de la población y sí para los sindicatos públicos. En definitiva, que no se está dispuesto a apostar al ahorro y la creatividad de la gente, al saneamiento de las finanzas públicas, a reducir la deuda y con ello construir las imprescindibles bases de estabilidad y confianza que toda sociedad necesita para progresar.