ENTREVISTA

Azucena Arbeleche: foco en lo fiscal, para impulsar el crecimiento y más empleo

Las especulaciones de Mario Bergara no tienen sostén alguno; el ahorro sugerido no nos llevará a descuidar ni recortar la protección social.

Azucena Arbeleche, candidata a Ministra de Economía por el Partido Nacional. Foto: El País
Azucena Arbeleche, candidata a Ministra de Economía por el Partido Nacional. Foto: El País

Para Azucena Arbeleche, hubiera sido más productivo centrar el debate público en los caminos para llegar a la senda del crecimiento productivo y la recuperación del empleo y no en una discusión sobre el ahorro proyectado y el proyecto de ley de urgente consideración que plantean presentar en caso de ser gobierno. “No hay información oculta, todo está en el programa”, afirma, al tiempo de asegurar que no habrá más impuestos, que se defenderá el salario y se mantendrá la protección social. A continuación, un resumen de la entrevista.

El acuerdo interpartidario tiene como título en su primer capítulo: “Un gobierno con las cuentas en orden” y los cuatro capítulos siguientes refieren a cuestiones económicas. ¿El mensaje es “poner la economía en el centro”?

–Poner la casa en orden es lo primero que hay que abordar para poner la economía en funcionamiento. Ahora, ordenar las cuentas públicas, que se traduce en mejorar el déficit fiscal, resulta condición necesaria pero no suficiente para el crecimiento, que es el objetivo que toda agenda económica tiene que tener: crecimiento económico y generación de empleo. Precisamente, el mayor fracaso que vemos hoy a partir de las políticas económicas del Frente Amplio, es la destrucción de puestos de trabajo. Toda nuestra agenda está focalizada en darle mayor dinamismo a la economía, aumentar la inversión y generar puestos de trabajo.
En la campaña, se ha centrado mucho la discusión en ordenar las cuentas y el ahorro de los 900 millones de dólares que planteamos, pero se ha dejado de lado todo lo que sigue en nuestra propuesta que es cómo dinamizar la economía. Nos hubiera gustado que el intercambio de ideas en la campaña hubiera puesto más énfasis en esto. Retomando la pregunta, esa necesidad de ordenar las cuentas tiene que ser tarea desde el día uno y mejorar el resultado fiscal de forma inmediata.

–¿Por qué es la “prioridad uno”?

–El ahorro que prevemos en las cuentas públicas es para el primer año de gobierno, que serían diez meses, de marzo a diciembre 2020. Es necesario dar señales en forma inmediata, porque el estancamiento que hoy vivimos en la economía con destrucción de puestos de trabajo a lo largo de todos los sectores, responde a una falta de competitividad transversal. Y allí encontramos la responsabilidad de la política fiscal, que en todo este tiempo ha sido expansiva. No hubo impuesto ni aumento de tarifa que le fuera suficiente y eso ha quitado oxígeno a los emprendimientos, las personas y las empresas. Se trata de sacar los palos en la rueda que la política fiscal ha puesto a los sectores productivos.
Finalmente, el FA ha incorporado en su discurso la necesidad de alcanzar la sostenibilidad fiscal, pero en todo el período no lo logró. Sistemáticamente se pusieron metas fiscales que nunca fueron alcanzadas y ahora estamos en un déficit de casi el doble de la estimación inicial en la ley de presupuesto. No es un capricho poner centro en lo fiscal, sino como forma de darle oxígeno a la economía y que comience a funcionar.
En el Frente Amplio, recién en el último documento, “Hacerlo mejor”, aparece esta cuestión y se señala como meta bajar el déficit a 2% del PIB. No se denuncia la gravedad de la situación, no se explica por qué ese número es una buena meta ni tampoco cómo se va a lograr. Da la sensación que, “en los descuentos”, Martínez intenta desmarcarse del aumento de impuestos que está en las bases programáticas.

–La forma de ordenar las cuentas públicas la enfocan en el gasto; ¿se debe entender que no encuentran posible mejorar esa ecuación desde los ingresos?

–Luis (Lacalle Pou) lo ha llamado cruce de caminos: u ordenamos el gasto o aumentamos impuestos; hemos sido absolutamente claros desde el inicio en que nuestro camino para obtener mejores resultados tiene que ir por generar ahorros a nivel del Estado. El camino de los impuestos no es conveniente con una economía estancada y con algunos sectores en recesión, pero además no es justo, porque todo este despilfarro del gobierno lo ha pagado la gente a través de más impuestos y tarifas.
Desde el FA se ha destacado la rigidez del gasto, por tanto, Mario Bergara concluye que, en esa condición, ahorrar 900 millones de dólares nos llevaría a una menor protección social. Eso es absolutamente falso. Para saber qué implica ese ahorro de 900 millones de dólares pueden ver el programa “Lo que nos une” del Partido Nacional donde está todo detallado. También los temas que serán incluidos en el proyecto de urgente consideración están en nuestro programa, no hay nada oculto.
–Ese detalle no aparece en el documento conjunto. ¿Existe alguna modificación producto del acuerdo multipartidario?
–No. Los lineamientos y el número indicativo siguen siendo exactamente los mismos. Me llevaría buena parte de la entrevista ir detalle a detalle, pero acá no hay misterios. En ninguna de las áreas donde proponemos ahorros se tocan recursos que tengan destinos considerados sensibles.

–¿Cuánto de los US$ 900 millones propuestos como recorte apuntan al presupuesto?

–En grandes rubros, 550 millones de dólares corresponden al presupuesto y los 350 restantes a las empresas públicas. El presupuesto de 2017, que es la base que tomamos para los cálculos, son casi 17 mil millones de dólares; por tanto, esos 550 millones son un 3% del presupuesto. Allí tenemos la no reposición de las vacantes sin afectar educación, salud y seguridad, que nos generará ahorros por US$ 100 millones; comprar de forma más eficiente bienes y servicios y una más eficiente contratación de empresas tercerizadas, gerenciar la obra pública de una manera más eficiente, etc. En absoluto se afecta a las políticas sociales.
Bergara ha dicho que lo suyo son “especulaciones racionales” a propósito de entender que estos recortes disminuirán la protección social, pero es solamente especulación, no se basa en nada de lo que proponemos. Nuestro proyecto tiene como centro la persona que libremente elige, y en ese terreno hay un rol importantísimo para que el Estado brinde igualdad de oportunidades a las personas. Reivindicamos la función social de Estado, acompañando a los más vulnerables y permitiendo que los uruguayos no estén condenados a la educación y el futuro según dónde nacieron.

–¿Cuál es la meta fiscal con el recorte citado?

–La respuesta a esa pregunta derivará de una ley de presupuesto, para ello tenemos que tener todos los elementos, debemos ver cuál es la situación cuando inicie la nueva administración. Estos 900 millones de dólares van a ir en parte para mejorar la situación fiscal y una parte para la disminución de las tarifas públicas, que es un compromiso de campaña. Los detalles se van a compartir en ocasión de presentar la ley de presupuesto.

–¿Qué porcentaje va a gasto y cuánto a tarifas?

–Hoy no podemos responder esto, insisto, hasta tanto tengamos toda la información necesaria. Lo que puedo decir sí, es que el déficit fiscal debe ser aquel que permita que la deuda se mantenga constante en términos del producto. Y terminar con la lógica del gasto creciente.
Por otra parte, quiero decir que no queda claro de dónde piensa el FA obtener recursos para mejorar las cuentas, sin impuestos ni recortes del gasto. Por crecimiento, estamos de acuerdo, pero eso lleva tiempo y nosotros cuando hablamos de “cruce de caminos” no lo hacemos aislados de una agenda de crecimiento, pero en forma inmediata lo que se necesita es otras medidas, que son las que están contenidas en el ahorro de 900 millones de dólares.

–¿Cuál es la lógica de la propuesta de reducir las tarifas, es una medida universal?

–El objetivo es terminar con la lógica de financiar el gasto fiscal pidiéndole a las empresas públicas que suban tarifas y aumenten las transferencias. El ministro Astori le respondió a Lacalle Pou cuando esté lo interpeló tiempo atrás, que las tarifas públicas eran un instrumento de política económica. Esa lógica se tiene que terminar. Para eso, vemos un rol importante en las unidades reguladoras, para que estas sean las que informen al Poder Ejecutivo, de forma preceptiva, cuáles son los aumentos que se tiene que hacer, de acuerdo con la realidad de la empresa pública y sus costos, no de acuerdo con el agujero fiscal. Tenemos cuestiones particulares que atender, como las mipymes con las que nos comprometimos en campaña. En ese caso pensamos en un tratamiento diferencial tanto en tarifa eléctrica como en agua corriente.

–En materia tributaria vuestra propuesta contiene menciones de modificaciones impositivas. ¿Es posible plantearse eso cuando el objetivo primordial es el ahorro?

–El único compromiso tributario en el programa es con las mipymes. Ese compromiso tributario es uno de los elementos que está en el anteproyecto de la ley de urgente consideración y que se refiere a modificar el impuesto que pagan las pequeñas empresas, apuntando a que tributen por lo facturado y no por un monto fijo, como es hoy, dentro de lo que se denomina “Literal E”. Luego de ello hay otros lineamientos que dependerán de lo que permitan las finanzas públicas…

–¿Qué pasa con la intención de “eliminar los “impuestos ciegos”, que citan en su propuesta?

–Eso será cuando la situación fiscal lo permita.

–La reforma de la seguridad social, en términos generales, parece ser un punto de coincidencia entre los partidos…

–Mario Bergara ha sido muy firme en considerar que las modificaciones a la seguridad social son una herramienta importante para mejorar la situación fiscal. Nosotros entendemos que es necesario una reforma, pero no lo estamos concibiendo como la herramienta para solucionar el resultado fiscal en lo inmediato. No es nuevo que el sistema tiene que reformarse, pero una reforma lleva tiempo y por ello, nuestro planteo es generar un comité de análisis donde estén todos los partidos, que en primer lugar accedan a toda la información, que incorporen las distintas variables actuariales del momento, que trabaja en base a los distintos escenarios macroeconómicos y a partir de ahí, que se diseñe una reforma integral. Esta hoja de ruta, con los distintos pasos a dar, está en el proyecto de ley de urgente consideración.
En cuanto a la posibilidad de efectos inmediatos, entendemos que se puede mejorar muchísimo la gestión del BPS y eso permitirá un ahorro adicional que no hemos computado en los 900 millones de dólares.

–Salarios y pasividades en alza es uno de los logros que han mostrado las administraciones frenteamplistas. ¿Qué pasará con esas trayectorias?

–Pero el mayor fracaso del FA lo vemos hoy en el mercado laboral, con 56 mil puestos de trabajo perdidos desde 2014. Desde el FA se ha dicho que nuestras propuestas traerán vaciamiento de los consejos de salarios y en línea con esto, caída de salarios y pasividades. No condice para nada con nuestras propuestas. Planteamos fortalecer los consejos de salarios, incorporando a ese ámbito los elementos que los actores involucrados (gobierno, empresarios y trabajadores) entiendan conveniente.

–Consejos de salarios cuyo objetivo sea fijar solamente salarios mínimos y que las negociaciones sean por empresa en lugar de ser por rama, ¿no es parte de sus propuestas?

–No. No es así. No es lo que estamos pensando. Buscamos acuerdos de consenso entre las partes. Lo más importante es que los salarios no pierdan poder adquisitivo y todos se sientan contemplados.

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