OPINIÓN

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A partir de las nuevas teorías del crecimiento económico que emergieron a mitad de los ’80, dos grandes conclusiones quedaron claras. Primero, el progreso económico de los países es condicional al tipo y calidad de las políticas e instituciones adoptadas. Segundo, entre éstas, una elevada inserción externa es condición necesaria, aunque no suficiente, para alcanzar el desarrollo. Esto es particularmente relevante para países pequeños, ya que no hay ninguno que lo haya logrado, cerrado al mundo.

Durante las últimas décadas, Uruguay canalizó su inserción internacional esencialmente desde el Mercosur. El Tratado de Asunción, que acaba de cumplir 30 años, fijaba objetivos y principios ambiciosos que apenas se cumplieron.

Su artículo 1 establecía los propósitos para el logro simultáneo de i) una Zona de Libre Comercio (libre circulación intrarregional de bienes, servicios y factores productivos); ii) una Unión Aduanera (el acuerdo complementario de un arancel externo común y una política común con terceros Estados) y iii) “un mercado común” (la coordinación adicional a los objetivos comerciales de políticas macroeconómicas y sectoriales entre sus miembros).

De más está decir que este último propósito estuvo lejísimo de cumplirse. El Mercosur nunca fue “un mercado común” porque —más que coordinación— lo que predominó fue la descoordinación e inestabilidad macroeconómica.

Basta recopilar las crisis de finanzas públicas, las divergencias institucionales en materia fiscal, las consiguientes diferencias en calificación crediticia, la diversidad inflacionaria, la heterogeneidad monetaria y las maxidevaluaciones cambiarias, como ejemplos en esa dimensión. Esto consolidó una región de bajo crecimiento potencial y alta volatilidad.

Pero también estuvo lejos de constituir una Unión Aduanera porque —si bien originalmente se estableció un Arancel Externo Común que representó cierta apertura extrarregional del bloque— éste se ha mantenido en niveles altos en comparación con los imperantes en países o bloques globalmente abiertos. Además, ha tenido sistemáticas violaciones y excepciones proteccionistas, en vez de una tarifa baja y pareja.

Quizás a lo que se pareció más el Mercosur fue a una Zona de Libre de Comercio, aunque bastante imperfecta, ya que la libre circulación de bienes y servicios también enfrentó muchas restricciones durante estas décadas.

Todo eso se ha reflejado en el declive relativo del comercio intrarregional, que actualmente representa sólo 13% del total, muy por debajo de lo observado en el Nafta o el Transpacífico (sobre 50%).

En el trasfondo está que Argentina y Brasil siguen siendo países comercialmente muy cerrados, según los indicadores tradicionales de apertura. Más allá de sus planteos excepcionales por mayor inserción externa, no ha habido, sobre todo desde Argentina, un planteo estructural —cual política de Estado— de transitar decididamente en esa dirección. Todo lo contrario. Tampoco queda claro que la supuesta ventana abierta en el último tiempo por Brasil vaya a ser permanente.

La idea de “flexibilizar el Mercosur” fue sugerida por el canciller Ernesto Araújo, que acaba de renunciar, y es aparentemente respaldada por el Ministro de Economía Paulo Guedes, cuya permanencia en el cargo ha estado en duda. ¿Por cuánto tiempo estará la ventana abierta? ¿La mantendrá el nuevo canciller Carlos França?

En base a estos antecedentes, ¿qué debe/puede hacer Uruguay?
Primero, insistir externa e internamente que, en una mayor apertura e inserción externa, está en juego su desarrollo económico, como la teoría y evidencia sugieren. Que más allá de los progresos económicos de las últimas décadas, los avances habrían sido mayores y los riesgos menores, con una integración creciente al mundo.

Segundo, debe ser inteligente para aprovechar la aparente predisposición de Brasil hacia una baja del Arancel Externo Común y la posibilidad de buscar individualmente acuerdos con terceros países (China, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, etc.), sin escalar conflictividades con Argentina que podrían perjudicarlo en las negociaciones de otros temas bilaterales.

Tercero, si no se percibieran avances rápidos en esa dirección, por ejemplo en la reunión de cancilleres de este mes, Uruguay podría apelar a la interpretación “menos restrictiva” de la decisión N° 32/00 del Mercosur y encarar negociaciones bilaterales. “Pedir perdón, más que pedir permiso”, como bien ha graficado Ignacio Bartesaghi, de la Universidad Católica.

Por último, para todo eso, el Poder Ejecutivo podría apoyarse en un comité reducido de expertos en temas comerciales, ojalá lo más independientes de los principales partidos políticos, que realice propuestas concretas y lo asesore rápida y oportunamente en temas específicos.

Uruguay no puede esperar más para potenciar su inserción comercial extrarregional. Las limitantes del Mercosur le significan renunciar a los beneficios en términos de crecimiento económico, productividad, masa salarial, bienestar y eficiencia, que están implícitos en una integración más plena al mundo. Y esas renuncias no han sido, ni serán insignificantes.

Tienen costos. Ahora emerge otra oportunidad de revertirlos.