Eventuales consecuencias de un ataque al libre comercio

El gobierno norteamericano ha modificado su política comercial exterior. Los bajos gravámenes sobre las importaciones de bienes a los que se había llegado en general, tras un progresivo proceso de abatimientos arancelarios iniciado luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, han sido elevados considerablemente por decisión del presidente estadounidense. La nueva política comercial —cuyo alcance definitivo aún no se conoce— frena la reconocida adhesión de Estados Unidos al libre comercio y se hace sensiblemente más proteccionista que lo que recomendaran, durante mucho tiempo, sus propios oficiales de gobierno y los académicos norteamericanos.

Es difícil pensar que lo decidido por el máximo jerarca estadounidense —Donald Trump— no sea un capricho con objetivos geopolíticos, pues no es lógico considerar que ignora las adversas consecuencias económicas y sociales que para su país tiene el aumento de impuestos.

La reacción de retaliación de los principales socios comerciales de Estados Unidos ha sido la primera consecuencia de una decisión que lleva a una gran incertidumbre sobre el futuro inmediato del comercio global, más allá de su lógica disminución y de la de los precios de los bienes que se transan.

El libre comercio tiene defensores que velan por el bienestar general y no, como ocurre cuando se usa la protección arancelaria que solo beneficia a quienes desarrollan actividades que de otra forma no compiten con similares del exterior. Pocos conocen las consecuencias económicas de los altos aranceles sobre las importaciones e incluso de prohibirlas.

En nuestro país se vivió, desde la tercera década del siglo pasado por más de cuarenta años, una etapa de sustitución de importaciones que fue difícil acercarla a un sistema arancelario menos prohibitivo del que hoy hay pruebas contundentes, que ha sido más beneficioso para la población. Aún persisten sin embargo, altos aranceles para las importaciones de países no pertenecientes al Mercosur e incluso otras trabas no arancelarias, pero de efectos equivalentes.

El primero de los efectos de la protección arancelaria es el aumento del precio del producto que se importa, lo que castiga a los consumidores. En la década de los años setenta del siglo pasado, las importaciones estaban prácticamente prohibidas. Se importaba solo lo que no se producía en Uruguay. Regía prohibición para importar la mayoría de los productos; se cobraban altos aranceles y se exigía depósito previo por monto similar al de la compra en el exterior. El objetivo era “proteger” la actividad local y el empleo en ella, así como la ganancia del propietario, pero con el costo de mayores precios a pagar por los consumidores y menores cantidades a consumir por ellos.

Una política comercial restrictiva como la señalada se constituía en un impuesto —aunque menos visible— sobre las exportaciones, pues aumentaban el precio de los insumos producidos localmente y los salarios a pagar para la producción de los exportadores, al tiempo que se reducía la demanda y el precio de la moneda. Un impuesto a las importaciones que —se comenzaría a ver más adelante—, era un impuesto a las exportaciones.

La protección arancelaria resultaba, también, en una muy alta “protección efectiva” que la que indicaba la tasa del arancel nominal. Era habitual el caso de la producción local de un producto, basada en la importación de un insumo no gravado al que se agregaba poco valor en nuestro país. El arancel que se debía pagar para la importación del producto competitivo del exterior al producido en el país brindaba, al poco valor agregado incorporado localmente, una protección efectiva mucho mayor que la que indicaba el arancel nominal.

La oposición al libre comercio era generalizada en Uruguay pero, con el paso del tiempo los beneficios de la progresiva liberalización comercial se comenzaron a notar y defender. La libre importación y las reducciones arancelarias desde la séptima década del siglo pasado, que se fue acelerando durante los siguientes veinte años, han sido beneficiosas para la población y han aumentado la eficiencia productiva del país.

Las decisiones de Trump no solo aumentarán los precios a pagar por los consumidores norteamericanos por la sustitución de importaciones. Si se mantiene con sus características actuales, la nueva política comercial también reducirá el empleo y tendrá similares efectos adversos a los que tenía la protección comercial en nuestro país. La disminución del comercio es inevitable y tendrá consecuencias adversas en la producción y el empleo en los socios comerciales norteamericanos alcanzados por la decisión. Habrá relocalizaciones de centros productivos desde los países más gravados por los aranceles norteamericanos —no solo desde China—, hacia los menos gravados y hacia Estados Unidos. Adicionalmente por la presión alcista sobre los precios internos que provoca la protección, no sería improbable —eso dependerá del objetivo inflación/ocupación de la autoridad monetaria norteamericana— que demore la aplicación de una política monetaria menos contractiva de la Reserva Federal, lo que en el corto plazo impondría presiones bajistas sobre los resultados empresariales y un efecto riqueza negativo que agregaría presiones bajistas a la producción y empleo.

De persistir el cambio de la política comercial de Estados Unidos, sus verdaderas consecuencias, no ya solo las propias en ese país, sino sobre el comercio mundial, la producción global y en particular sobre los precios internacionales, se podrán observar cuando desaparezca la conflagración en Oriente Medio y las ríspidas relaciones entre las potencias mundiales que esa situación ha provocado.