Empresas argentinas superaron default

Diego Cabot | La Nación

Pasaron tres años desde que la Argentina le declaró al mundo el mayor default de la historia. Después de aquel recordado anuncio del Gobierno, buena parte de las empresas locales siguió el mismo camino con sus acreedores.

Desde que la devaluación triplicó en pesos el endeudamiento que las compañías tenían en dólares, los empresarios y sus equipos de abogados y economistas se han desvelado por buscarle una solución al problema. Y hasta hoy, el 90% de las renegociaciones llegó a buen puerto.

El año pasado fue el momento en que la mayoría de las renegociaciones se definió. De hecho, hasta marzo sólo el 30% de los créditos se habían regularizado y hacia fines de año subió al 90%, porcentaje en el que coinciden dos consultoras especializadas en el tema.

Según los datos del Banco Central (BCRA), la deuda externa del sector privado ascendía al 30 de junio pasado a U$S 56.980 millones, de los cuales U$S 49.000 correspondían el sector no financiero y el resto a los bancos privados locales.

Sin embargo, no toda esa deuda se reestructuró. Para la consultora del mercado de capitales Argentine Research, el 60% de ese monto —aproximadamente U$S 30.000 millones—, estuvo en cesación de pagos o fue objeto de alguna reestructuración.

A partir de 2002 y sin esperar los resultados del canje de deuda pública, el sector privado avanzó por su cuenta y logró reestructurar, o por lo menos acordar, el 90% de la deuda privada caída en default. Solamente en papeles de obligaciones negociables, que cotizan en el mercado de capitales, se emitieron alrededor de US$ 12.000 millones durante los últimos tres años.

Quitas de capital, prendas, hipotecas, pagos en efectivo, prórroga de plazos o baja de los intereses. Todo sirvió a las empresas para dejar atrás la etapa de default y volver a actuar según uno de los principios básicos del mundo de los negocios: pagarle a los acreedores.

"De ese monto, el 90% ya está regularizado o con un acuerdo con los acreedores", dijo a LA NACION Rafael Ber, socio de Argentine Research. Eduardo Rodríguez Diez, economista jefe de la Fundación Capital, opinó que la dinámica del canje ha sido buena. "Fue excelente el primer semestre", sostuvo.

Desde Telecom, con el default más importante calculado en U$S 3160 millones —por el que ya acordó con sus acreedores y esta sujeto a homologación judicial—, hasta miles de empresas pequeñas, los hombres de negocios tuvieron que remar en un mar de reclamos con serio riesgo de naufragar en el intento. Claro que no todas tuvieron la misma suerte. Aquellas que pudieron ver cómo sus precios se reacomodaban después de la devaluación —como las exportadoras o las petroleras—, navegaron en aguas más calmas. Por el contrario, las que vieron que sus ingresos estaban en pesos y no se ajustaron —el más claro ejemplo son las empresas de servicio público que tiene congeladas sus tarifas— aún no han llegado a buen puerto, como Metrogas, que acaba de prorrogar el plazo para adherir al canje.

Sin estimar un porcentaje de operaciones exitosas, Daniel Marx, socio de la consultora AGM Finanzas y ex secretario de Financiamiento, opinó que las renegociaciones avanzaron mucho últimamente, con excepción de las empresas de servicios públicos donde se nota el mayor atraso.

POR QUE APURARSE. Para las empresas, el primer motivo para apurar la renegociación de las deudas es operativo: si pierden el financiamiento externo deben detener su producción y se ven afectados su flujo de caja y su patrimonio.

Y existen otros elementos coyunturales que los empresarios supieron valorar. En junio de 2003, cuando los números de la economía empezaban a mostrar una tendencia positiva el por entonces presidente del Banco Central, Alfonso Prat-Gay, dijo nada menos que en el influyente Consejo de las Américas, en Nueva York: "El momento de reestructurar la deuda es cuando estás de rodillas, no cuando la economía está recuperándose. Pero esa oportunidad se ha perdido, por desgracia".

Un año y medio más tarde, la realidad demuestra que a Prat-Gay no le faltaba razón. Todas las empresas que refinanciaron su deuda cuando el ciclo económico no era tan favorable, lograron mejores resultados.

"En términos generales, los que renegociaron primero tuvieron quitas más grandes", recordó Rodríguez Diez. Con él coincidió el especialista en refinanciación del estudio G. Breuer, Alberto Navarro. "Los grandes beneficiados de lo que ocurrió en 2001 y 2002 fueron los que se apuraron y los que se animaron a algo distinto. Los que tuvieron una actitud proactiva", señaló el especialista.

Uno de los casos más claros de esto es el grupo Pescarmona. Según el estudio de bonos corporativos que realizó el Banco Río hasta octubre de 2003, el de Industrias Metalúrgica Pescarmona (Impsa) fue el primer default, ocurrido el 10 y 11 de diciembre de 2001. El año siguiente inició su proceso de canje y logró cambiar el 95% de las obligaciones negociables (ON) que había emitido. Renegoció U$S 158 millones de dólares. "Hoy por hoy, Impsa tiene un acceso al crédito que no tienen otras", indicó Alberto Navarro, que es hermano de Juan, cabeza del Exxel Group.

Otra que se anotó en el grupo de las valientes fue Acindar. "La familia Acevedo (ex dueña de la firma), fue un ejemplo de los empresarios que privilegiaron la continuidad de la empresa", dijo Navarro. "Ellos perdieron la mayoría de las acciones, pero lograron que la empresa continúe". Sucede que Acindar fue capitalizada por uno de sus acreedores y de esta manera la familia Acevedo perdió la mayoría accionaria, pero mantuvo el gerenciamiento.

LOS PASOS QUE SIGUIERON. Tras la devaluación, gran parte de los empresarios locales se encontró con sus acreedores para decirles que no les podían pagar, por lo menos en los términos originales. E iniciaron el camino de la negociación. "Básicamente existen cuatro formas de renegociación: la contratación privada, el concurso preventivo, el acuerdo preventivo extrajudicial y la quiebra de la compañía", indicó Navarro.

Por el primer camino, que es el único que no tiene intervención judicial, transitaron varias de las empresas argentinas, por ejemplo Coto, Central Costanera o Arcor.

Por ejemplo, en noviembre pasado, Coto acordó con el 100% de sus acreedores y refinanció un préstamo por U$$ 170 millones y otra deuda financiera por alrededor de U$$ 35 millones. El supermercadista debió hacer un pago inicial de dos millones de dólares. "La reestructuración de Coto fue muy exitosa. No necesitó quitas y tampoco dio garantías, aunque los bancos acreedores en principio las pidieron", dijo Fernando Muñoz de Toro, socio del estudio de abogados Muñoz de Toro que intervino en varias renegociaciones. "También a La Anónima y a Arcor les pidieron muchas garantías y terminaron arreglando muy bien, y sin darlas", agregó.

Central Costanera tampoco necesito de la Justicia. Arregló con sus acreedores, entre ellos Mitsubishi Corporation a quien le había comprado una planta llave en mano, y emitió su nueva deuda. Siderar y Techint tampoco necesitaron de la intervención judicial y convinieron con sus acreedores.

Otro acuerdo privado que fue el de Mastellone (La Serenísima). La empresa láctea acordó con sus acreedores pero cedió en garantía el 49% de sus acciones. "No nos quedaba otra alternativa", dijo a LA NACION Pascual Mastellone en octubre pasado.

La segunda forma, el concurso preventivo de acreedores, es un proceso eminentemente judicial. El caso más resonante de los que pasaron por esa instancia es, sin dudas, Aerolíneas Argentinas.

En el expediente se verificaron deudas por un valor cercano a los 2500 millones de pesos. La empresa se comprometió a pagar el 40% de ese valor en tres cuotas, la última sería 720 días después de homologar en convenio. Alpargatas y Compañía General de Combustibles utilizaron también este instrumento.

Pero sin duda, la estrella de estos procesos fue el acuerdo preventivo extrajudicial. El APE, como todos lo denominan, es un acuerdo entre el deudor y un porcentaje de acreedores, que cuando se logra, se somete a la homologación judicial en los términos de la ley de quiebras.

Según un informe de la Fundación Capital, Autopistas del Sol renegoció U$S 400 millones; Banco Hipotecario refinanció U$S 913 millones y la Hidroeléctrica Piedra del Aguila, U$S 250 millones, todas con esta alternativa.

Por último, la quiebra —la liquidación de la compañía para dividir el dinero de la venta de los activos entre sus acreedores—, fue la menos utilizada porque implica el cierre de la empresa.

Pero a decir de los que siguen los movimientos del los bonos corporativos, no sólo las empresas tuvieron que refinanciar sus deudas en títulos públicos, sino que también las que habían contraído en el mercado bancario, sistema tradicional de financiamiento.

"Las deudas bancarias refinanciadas hacen menos ruido porque el sistema está más preparado para que se renegocie. No es tan mala noticia que una empresa refinancie un crédito en un banco como que deje caer en default sus obligaciones negociables", dijo Rodríguez Diez.

Rafael Ber coincidió. "La cesación de pagos fue más amplia que la que se publica por los instrumentos del mercado de capitales, porque las deudas bancarias no salen a la luz", consideró.

Lo cierto es que más allá del origen de la deuda o de su monto, del tamaño de la empresa, en mayor o en menor medida, los empresarios debieron dejar entrar a su empresa —poniendo a disposición los números, claro está— a los acreedores.

"El elemento determinante que miran los acreedores es, a partir de las nuevas reglas de juego y con el escenario macroeconómico claro, cuál va a ser la generación de caja a futuro", dijo Alfredo Gutiérrez Girault, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.

Poco importó la rama de la industria a la que se dediquen, miles de empresas se vieron obligadas a negociar sus pasivos. De esta manera también pasaron por este proceso el Banco Galicia, Loma Negra, IRSA, Cablevisión y Multicanal. También SanCor, Fargo y La Serenísima, AGEA (Grupo Clarín) y S.A. LA NACION (editora del diario LA NACION).

Con sus tiempos y sus estrategias, las empresas no se detuvieron después del huracán de principios de 2002. Tres años después de aquellos agitados días, la mayoría de las empresas con la tarea concluida, observa ahora cómo el Gobierno se debate frente a sus acreedores.