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La demanda y oferta científica

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Foto: El País
Gerardo Perez

OPINIÓN

El escaso involucramiento de los científicos en la vida de las empresas del país.

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Durante los últimos tres años, integré el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Conicyt). Hace unas semanas, luego de agradecer al resto del Consejo por el trabajo compartido, presenté mi renuncia formal. En el tiempo en que me desempeñé en el Coniciyt, tuve oportunidad de reflexionar sobre distintos aspectos del estadio de desarrollo científico nacional, pero entendí que no correspondía opinar “puertas afueras”.

Ahora, ya sin la ligazón institucional, espero progresivamente incorporar elementos sobre innovación y ciencia en estas notas mensuales.

La inversión en investigación y desarrollo en Uruguay representa menos del 0,5% de su PIB. Cerca del 90% de esos recursos provienen de fondos públicos. La gran mayoría de los investigadores trabajan en el sector puramente académico. Esto es un elemento de preocupación constante por la carencia de fuentes laborales para los recursos humanos que se forman en el país.

Una explicación habitual en círculos académicos es que la escasa inserción laboral de científicos en empresas privadas (y públicas) se debe a que estas no tienen la capacidad para identificar su propia necesidad por conocimiento, o a que desconocen o desconfían de los profesionales disponibles. Efectivamente, es posible que exista un problema de demanda.

La contratación de científicos posee un componente de bien experiencial. Los bienes de experiencia (o servicios o servicios de factores productivos) son aquellos en los que no se puede verificar su calidad hasta que efectivamente se consumen y recién entonces es posible comprobar si son adecuados a las necesidades del adquirente.

Desde la política pública se puede reducir esta barrera de demanda mediante subsidios que reduzcan los costos del periodo experiencial. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) tiene programas para ello. Por ejemplo, dentro de las herramientas para la innovación se permite presentar proyectos para la “contratación de profesionales altamente calificados, con el objetivo de estimular y mejorar la capacidad tecnológica de las empresas, a través de la implantación y desarrollo de procesos de investigación, desarrollo e innovación, que les permitan reforzar sus capacidades científicas”. ANII financia hasta el 65% del costo mensual durante 24 meses. También financia hasta el 70% del costo de contratación de “pasantías para el desarrollo de maestrías o doctorados en las empresas con el fin de promover la tarea de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito empresarial … fomentar la inserción laboral de investigadores en el sector privado, y el desarrollo de actividades de vinculación de la empresa con la academia”.

Aún con este tipo de programas, la contratación del sector privado de investigadores sigue siendo muy escasa. Esto lleva a cuestionarse si el foco del problema no estará en la oferta en lugar de la demanda. Llevando el razonamiento al ejemplo más sencillo y absurdo posible, si un fabricante de chocolate no logra colocar su producto, ¿deberá responsabilizar a los clientes que no tuvo o deberá responsabilizarse a sí mismo? Si la sociedad no demanda los científicos que forma, el ojo debe ponerse en las casas de estudios que los entrena y arroja al mercado con habilidades que no se adecúan al mismo.

Uruguay tiene un problema adicional: carece de una Agencia Nacional de Acreditación de carreras universitarias. El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) autoriza el funcionamiento de las instituciones universitarias privadas y reconoce el nivel universitario de sus carreras de grado y postgrado. Para ello se base en la información que las universidades otorgan antes de comenzar el dictado de las carreras, previo a tener graduados. Asimismo, el MEC no tiene potestad para regular a la Universidad de la República y, por lo tanto, la mayoría de los graduados universitarios provienen de carreras que fueron autorizadas a funcionar por la propia institución que las genera.

En ningún caso, ni de las universidades privadas ni de la Universidad de la República, el MEC evalúa la inserción laboral de los graduados. Esto es parte de lo que una Agencia de Acreditación debe realizar: recabar indicadores sobre la concordancia entre el título de graduación y la inserción laboral de los egresados. Idealmente, también permitir que los futuros estudiantes obtengan esta información de una fuente no interesada y así mejor valorar sus alternativas.

La academia nacional requiere un baño de humildad e incorporar como principal hipótesis de trabajo que es ella misma la responsable del escaso involucramiento de científicos en la vida de las empresas del país. Sobre esa base, podemos reformular los planes de estudios que no sean exitosos y que no pasen el test del mercado. Por supuesto, siempre es posible tener planes de estudios que sean un fin en sí mismos y se desarrollen por el placer mismo que obtienen sus estudiantes y docentes, pero, esto no corresponde que sea pagado por la sociedad toda.

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