Debacle y lecciones: “fondos ganaderos” en Uruguay

Si estas empresas hubieran seguido solo con intermediación, solo dedicadas a conectar las partes y viabilizar esos contratos entre particulares, cobrando una comisión a cambio, con gestión administrativa impecable y transparencia total sobre los riesgos, quizás la debacle se habría evitado.

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Ganado vacuno
Catastrófica situación: caída de Conexión Ganadera dejó a sus socios y a 4.000 inversores envueltos a nivel judicial.
Foto: Archivo El País

Toda crisis siembra alguna semilla para otra futura, insinúa el brillante economista indio Raghuram Rajan en su gran libro “Grietas del sistema” (Fault Lines) sobre el colapso financiero global de 2008. Hay algo de eso en la debacle reciente de Conexión Ganadera (CG) y los mal llamados “fondos ganaderos”, pero por supuesto hay mucho más.

Exploremos algunas conclusiones preliminares con la advertencia de ser “una noticia en desarrollo”, sin antecedentes suficientes para ser categóricos.

La capitalización de ganado es de larga data. Ha funcionado básicamente con un contrato entre el propietario del ganado y un productor, dueño o arrendatario de la tierra, que se encarga de la producción. Luego, al momento de vender el animal, comparten el aumento de su valor, sobre todo por los kilos incorporados, en proporciones preacordadas.

Hacia la crisis financiera de 2002 había en Uruguay, por un lado, campos con capacidad ociosa, sin que sus tenedores tuvieran financiamiento para aprovecharlos y, por otro, inversores con liquidez y desconfianza en el sistema bancario, dispuestos a comprar animales para entregar en capitalización.

En ese contexto, CG y otros actores del mercado empezaron a actuar como intermediarios para “conectar” a esos inversores líquidos con productores capitalizadores, a cambio de ciertas comisiones.

La capitalización fue un buen negocio en el superciclo de commodities observado entre 2003 y 2014. Con aumentos sistemáticos en precios del ganado gordo, que se fueron incorporando (muy) gradualmente en la cotización de la reposición “flaco” (terneros), ambas partes tuvieron altas rentabilidades. Y el “boca a boca” acercó nuevos inversores.

Luego, en el quinquenio global adverso de 2015-2020, si bien hubo muchos problemas en el sector, no necesariamente conllevó grandes pérdidas patrimoniales en la mayoría de las operaciones agropecuarias, menos en las eficientes y bien gestionadas. Las rentabilidades fueron menores, pero en un contexto de tasas internacionales que seguían muy bajas.

Por último, estuvieron las dos etapas de esta primera mitad de la década: el boom de precios a la salida de la pandemia (hasta 2022) y el declive posterior por tasas de interés globales más altas, caída de commodities, mayores costos, sequía y otros hechos negativos.

Si estas empresas hubieran seguido solo con intermediación, dedicadas únicamente a conectar las partes y viabilizar esos contratos entre particulares, cobrando una comisión a cambio, con gestión administrativa impecable y transparencia total sobre los riesgos, quizás la debacle se habría evitado.

Pero, en cierto momento, pasaron de ser “conexión” entre las partes a desarrollar el negocio de producción por cuenta propia, con mucha deuda, sobre todo en relación al capital propio (altísimo apalancamiento). Quizás fue como forma de viabilizar la escala creciente, ya en ausencia de productores con capacidad ociosa para recibir animales. Quizás fue la confianza de mantener altas rentabilidades e ingresar exitosamente a otros eslabones de la cadena. Sea lo que sea, lo concreto es que pasaron de ser “comisionistas” a ser “productores” que se financiaban casi exclusivamente con emisión de deuda (privada) al asegurarle a los inversores determinada rentabilidad (“tasa fija”), independiente del resultado de los negocios. Y los inversores, a su vez, ya no eran estrictamente capitalizadores de ganado, sino acreedores de estas empresas. Más que un título de propiedad de un animal, el contrato era equivalente a un pagaré de deuda sin garantías.

A esos “negocios propios” probablemente le fue mal en el último tiempo por los hechos generales antes descritos, pero sobre todo por mala gestión interna, problemas operativos de manejar tanto ganado, descontroles e ineficiencias, malas inversiones y otros hechos relacionados que se irán conociendo en las próximas semanas.

Se sostuvo algún tiempo, mientras ingresaban nuevos aportes de inversores y entró en crisis cuando no hubo financiamiento adicional de terceros (deuda vía inversores) ni capital propio para sostenerlo. No fue inicialmente, ni por mucho tiempo un esquema Ponzi, “una estafa piramidal”, pero claramente al final se asemejó mucho a eso con la empresa muy endeudada, sin contrapartida de rentabilidad, en evidente insolvencia. La Justicia dictaminará si hubo ilícitos detrás de las enormes pérdidas patrimoniales informadas y qué tanto daño harán a miles de personas.

 En fin, algunas conclusiones preliminares:

Esta debacle tendría un impacto marginal en el sector agropecuario y en la economía uruguaya por la proporción de pérdida de riqueza en cuestión (alta para los inversores involucrados, pero muy baja para el país en su conjunto).

No será el fin de las operaciones de capitalización de ganado, ni menos de crédito privado entre privados. Seguirán caso a caso, en base a las confianzas mutuas, a conciencia de los riesgos asumidos y de la variabilidad del negocio.

No se justifica salvatajes estatales a negocios entre privados en ausencia de amenazas sistémicas y riesgos advertidos.

Alertas como las realizadas desde 2018 por el Banco Central deben ser mejor comunicadas, con mayor difusión.

Se requiere más y mejor educación financiera. Todos los actores, empezando por las entidades estatales, deben impulsarla. Todos los inversores son responsables de internalizarla y si les cuesta mucho, privilegiar inversiones con regulación estatal, de retorno-riesgo bien alineados, con mucha diversificación. El ahorro está, pero falta promover y desarrollar buenos instrumentos de inversión en esa dirección.

Debe haber en operaciones como esta o similares, una evaluación de la legislación existente y posibles modificaciones, bien diseñadas, eficaces y eficientes, en base a buena teoría y evidencia internacional, que abarque su regulación y supervisión.

Hay que evitar sembrar semillas para futuras crisis. Hay que sembrar aquellas que alienten la canalización eficiente y confiable del ahorro a las inversiones.

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