¿Cuáles son las expectativas del sector privado para inversión y empleo en la construcción?

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Diego O´Neill – Ingeniero Civil, Presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Foto: El País

ENTREVISTA

Aumentar la inversión a través de instrumentos de financiamiento alternativos es una muy buena decisión, que formaba parte de las propuestas que presentamos en pandemia al gobierno.

Desde el sector privado se recoge con expectativa los anuncios oficiales sobre una fuerte inversión en vialidad. Sin embargo, entienden que el empuje de la actividad de los dos últimos años, comenzará a menguar. El presidente de la Cámara de la Construcción, Diego O´Neill proyecta que difícilmente pueda mantenerse el empleo cuando culminen las obras de UPM2 y el FFCC. “Estimamos una caída de 10% en la ocupación”, advirtió, para cuando esos proyectos culminen. Asimismo, la actividad para el sector en este año tendría un crecimiento moderado, para estancarse o bajar levemente en 2023. Confía en que los proyectos Cremaf “serán una buena herramienta para la inversión”, aunque para proyectos de gran escala, “los PPP resultan un mejor instrumento”. En breve, presentarán al gobierno una propuesta para crear “una agencia de infraestructura que transforme la inversión en política de Estado, más allá de cambios de gobierno”. A continuación, un resumen de la entrevista.

—¿Cómo observa la evolución del sector?

—El 2022 es un año que todavía nosotros prevemos un escenario de actividad importante. Todavía hay arrastre. Tanto UMP2 como el Ferrocarril Central siguen empujando y generando una cantidad importante de puestos de trabajo, en torno a los 10.000 obreros entre ambas. Pero a esto se suma que, a partir del año pasado y este año, el dinamismo de inversión en vivienda promovida y en los proyectos de gran inversión económica —ambas herramientas con ajustes en la normativa— también ha crecido. O sea, tenemos un interesante impulso por lado de las inversiones inmobiliarias. La vivienda promovida tuvo un fuerte empuje últimamente, en 2021 tuvimos proyectos por 6 mil viviendas, cuando el pico anterior, en 2012, habían sido 3.200. Ahora, ese buen nivel de actividad se va a mantener por este 2022 y parte de 2023. Pero hay incertidumbre ya que, a finales de este año, y principios del próximo,UPM se va a ir apagando. En la medida en que se va prendiendo la planta, se va apagando la obra. Esto, más los empleos que caerán del Ferrocarril Central, que llegará hasta mediados del año que viene.

—Esos 10 mil empleos es difícil sustituirlos…

—Ahí indudablemente hay un escalón en la ocupación que creemos que se va a sentir. Hay un esfuerzo de aumento de inversión en infraestructura por parte del gobierno que es muy positivo, pero que no creemos que en términos de ocupación compense la caída que va a tener por estos dos grandes proyectos.

—En el último año el empleo en el sector creció fuerte, según registros del BPS, superando los 50 mil trabajadores; ¿siguió creciendo?

—Hoy estamos arriba de los 55.000 trabajadores directos de obra. Una cifra que no teníamos desde 2015. Este nuevo pico de trabajadores en la construcción lo alcanzamos a fines del año pasado 2021 y este 2022 se ha mantenido con esa intensidad. Pero eso gracias a los megaproyectos que recién nombré. La inversión en vialidad es muy importante para el transporte, la logística, la producción, por tanto, son inversiones muy bienvenidas. Pero la vialidad es de las actividades de la construcción menos intensivas en generación de puestos de trabajo. Para tener una idea: un millón de dólares invertido en vivienda, genera cinco veces más mano de obra que una ruta. Una infraestructura industrial como la de UPM2, también demanda bastante más que una obra vial. No creemos que podamos mantener el nivel de actividad que estamos teniendo este año. Estimamos, probablemente, una caída del 10% de la ocupación.

Diego O´Neill
Diego O´Neill

—¿Y en términos de actividad, cuál es la proyección?

—Es más difícil proyectarlo. Venimos de tres años de crecimiento: 2019, 2020, en plena pandemia fue el único sector de actividad que creció, y en 2021 tuvimos un 6% de expansión en nuestra actividad. Este año, la información del Banco Central de las Cuentas Nacionales muestra un crecimiento fuerte en el primer semestre, pero debemos tener en cuenta que hay un efecto estadístico, porque los tres primeros meses de 2021 habían sido muy flojos y, por tanto, eso se refleja en la comparación. Hay que esperar un poco, pero pensamos que tendremos este año un crecimiento de actividad moderado frente al año anterior, del entorno del 2 o 3%.

—Para el año próximo, ¿qué esperan?

— Va a ser difícil crecer en 2023. Habrá que ver cómo se van concretando las inversiones, qué tan rápido se cumplen todos los procesos del Estado, más allá de los anuncios.
Porque no hay que perder de vista los tiempos de la inversión pública. Una cosa es lo que se proyecta y otra la capacidad de ejecución real que se pueda dar. A eso, indudablemente hay que sumar también la inversión privada. Pensamos que el año que viene, comparado con este, no va a ser tan bueno. Proyectamos que tendremos un estancamiento o un resultado negativo en relación con 2022.

—¿Les sorprendió la acumulación de proyectos presentados la semana pasada por el gobierno para todo el quinquenio?

—Más o menos sabíamos las intenciones del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Transporte es bastante ágil, porque utiliza instrumentos que en otros organismos del Estado no se dan tanto, como ampliaciones de contratos y otras modalidades que suelen ser muy útiles y permiten una ejecución más fuerte. Indudablemente son inversiones importantes. Y se ha desarrollado un instrumento, el de los contratos Cremaf (Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Financiamiento), que esperamos que sea exitoso.

—¿Lo consideran una buena opción?

—Sí. Respecto a los PPP (Participación Público Privada) son montos más chicos y plazos más cortos, permite la participación de más empresas locales, por lo que tiene una serie de ventajas desde el punto de vista de su viabilidad. Pero recién se están firmando los primeros contratos, se irán ajustando con el tiempo.

—¿Ustedes se imaginan la coexistencia de ambos instrumentos, PPP y Cremaf?

—No nos podemos privar de contar con ningún instrumento. Hay que tener toda la caja de herramientas disponibles y utilizarla con lo más apropiado para cada situación. Hay proyectos como el Ferrocarril Central que indudablemente son para estructurar una PPP. En otras obras, pensamos que van a funcionar mejor los Cremaf. No se trata de un eliminar un sistema y sustituirlo por otro.

—En pandemia, la Cámara de la Construcción presentó una serie de iniciativas para estimular la actividad, poniendo foco en sectores como vivienda, energía o agua potable. De aquellas propuestas, ¿qué fue recogido por el gobierno?

—Se recogió la necesidad de aumentar la inversión con instrumentos de financiamiento alternativos. Es decir, la ley de Presupuesto en 2020, en términos de inversión en infraestructura era un presupuesto bastante contractivo, incluso iba descendiendo a lo largo del quinquenio. La primera Rendición de Cuentas también lo fue. Nosotros planteamos la necesidad de encontrar formas de aumentar la inversión con mecanismos de financiamiento por fuera de lo que estaba previsto en el presupuesto. Algunas de nuestras propuestas se reflejan hoy o, por lo menos, son parecidas. Por ejemplo, los contratos Cremaf, las iniciativas que se están estudiando sobre la planta potabilizadora en Arazatí y el saneamiento del interior también van en esa dirección. Lo mismo el fideicomiso para el programa Avanzar de los asentamientos. No se optó por aquella propuesta de un fondo de la construcción similar al fondo coronavirus, pero se puso atención en la necesidad de incrementar la inversión.

—La exposición de motivos de la Rendición de Cuentas 2021 refiere a inversión proyectada en diversos rubros por unos 9 mil millones de dólares, incluyendo los planes que usted comentó. ¿Qué les dicen esas cifras?

—Es positivo todo lo que se proyecta. El ratio que nosotros seguimos es el porcentaje de inversión respecto del PIB. En la rendición de cuentas pasada, para el quinquenio nos daba en torno al 2,8% y ahora está llegando al 3,3%. Hay un aumento significativo, pero aún lejos del 5% que recomiendan los organismos internacionalespara América Latina, una región donde la brecha en infraestructura es importante. Estuvimos más cerca hace unos años, en la segunda administración del Frente Amplio, pero nunca llegamos a ese porcentaje. Eso es aspiracional, pero es muy difícil lograrlo, aunque debemos hacer todos los esfuerzos porque las obras en infraestructura impactan fuerte en el desarrollo del país. El Fondo Monetario Internacional indica que por cada punto del PIB de inversión en infraestructura se puede generar un incremento del producto a futuro de dos veces y media. En un país con un crecimiento potencial muy poco por encima del 2%, pensar en invertir en infraestructuras y hacerlo en forma sostenida puede ayudarnos a salir de esa trampa de crecimiento escaso.

—¿Qué oportunidades de desarrollo de infraestructura observan a mediano plazo?

—Un tema de futuro y que consideramos muy importante es el del hidrógeno verde, donde hoy Uruguay es un posible captador de inversiones. Pero también hay que dar estímulos para que se obtengan esas inversiones, porque no somos el único país que reúne las las condiciones.
De pronto tiene que haber esfuerzos desde el punto de vista fiscal o del respaldo de UTE. También podemos pensar que a mediano plazo puede haber una cuarta planta de celulosa en el país. Y otro tema en el que insistimos es la infraestructura urbana. A través del Centro de Estudios de la Construcción,se hizo un trabajo muy interesante sobre el desarrollo de un corredor por la Avenida Italia, Avenida de las Américas y Giannattasio. Montevideo necesita de obras así.

—¿Qué modificaciones institucionales podrían impulsarse para promover el sector?

—Pensamos que el programa Entre Todos para los asentamientos podría ser complementado con una franja un poco superior, que permita también construcción en zonas urbanas consolidadas, sobre todo en Montevideo, pero es difícil que eso ocurra por los precios tope que maneja el programa.
Por otro lado, en nuestro centro de estudios estamos trabajando sobre una institucionalidad específica para la infraestructura en el Estado uruguayo, una agencia de infraestructura que permitiría tener una planificación a mediano y largo plazo que trascienda los ciclos electorales y transforme la inversión en política de Estado. Estamos trabajando en la cámara en un documento detallado que esperamos presentar antes de fin de año a las autoridades.

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