Credibilidad: avances y retrocesos

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En un país cercano, hace varias décadas, se cuestionaba la eficacia del Gobierno en relación al funcionamiento de su economía con la siguiente reflexión: "el país crece cuando el Gobierno duerme".

Por supuesto, en su momento fue mucho más un rasgo de humor que una objeción formal a la gestión pública, pero expresaba un rechazo a la burocracia excesiva y las múltiples restricciones a la libertad económica. En otras palabras, se refería a las dificultades a que se enfrentan las economías como resultado de las acciones u omisiones de las políticas públicas; lo demostró por ejemplo, la crisis financiera de los países desarrollados de 2008 y 2009, asociada fundamentalmente a las debilidades de sus instrumentos regulatorios.

En ese contexto, se ha comprobado que las políticas públicas juegan un rol importante en la recuperación de las economías, en la medida en que se orientan a recuperar la demanda y a sustraer al capitalismo en sus fases recurrentes de creación destructiva.

En consecuencia, sin extraer una conclusión general, es claro que los Gobiernos pueden dormir cuando todo anda bien y deben actuar cuando la economía entra en crisis; sin perjuicio de que, para decirlo en términos menos técnicos, deban prepararse en los tiempos de "vacas gordas" para enfrentar los tiempos de las "vacas flacas".

En la actual coyuntura, las condiciones externas desde el año 2004, tanto en lo que hace al precio de las materias primas como de la demanda de las economías emergentes, han favorecido el crecimiento y la inversión; de tal modo, que han determinado algunos cambios en la estructura de producción que atenuaron la tradicional vulnerabilidad de la economía uruguaya.

Por otra parte, los ingresos del sector público aumentaron en función del crecimiento del producto y de una recaudación fiscal derivada de una cuestionada Reforma Tributaria; mientras que, al mismo ritmo, creció el gasto público al impulso de presiones políticas orientadas a atender los reclamos del clientelismo político.

En términos generales, nadie discute que debido a la incidencia de variables externas, Uruguay mantiene un ritmo de crecimiento constante, con una inversión en ascenso, niveles bajos de desempleo y una brecha importante entre la oferta laboral y la capacitación de la mano de obra; escenario que muestra un crecimiento del consumo doméstico y su diversificación al impulso de la mejora de los salarios y de un inusual blindaje frente a la crisis financiera global que no impactó, como en otras regiones, a su economía.

Sin embargo, es necesario advertir que se han venido asentando algunos riesgos: el déficit fiscal, las presiones inflacionarias, la diferencia entre la evolución de los precios internos e internacionales y sus efectos en la competitividad de la producción nacional, el crecimiento de los salarios desvinculado del nivel de productividad, la dependencia en relación al mercado brasileño en lo comercial y una política cambiaria con un marcado atraso a nivel internacional, con la única excepción del Brasil en cuanto a la equiparación del tipo de cambio.

Esta circunstancia abre un signo de interrogación sobre las futuras decisiones macroeconómicas del Gobierno brasileño, a las que Uruguay tendrá que ajustarse para no repetir pasadas experiencias con altísimos costos económicos y sociales.

A estos riesgos, deben agregarse dos variables que la economía uruguaya debe tener en cuenta para mantener las expectativas de los agentes económicos al nivel deseado.

Por un lado, en lo que refiere a la tasa de inversión y al acceso a mercados externos, comienza a comprometerse la credibilidad del país debido a la conflictividad laboral y a la tolerancia del Gobierno hacia repetidos desbordes sindicales que han ido más allá de lo razonable, tanto en el sector público como privado.

Algunos de estos conflictos adquieren notoriedad al afectar a gran parte de la población, o utilizar métodos que vulneran el derecho al trabajo y también de los empresarios a gestionar sus empresas. Estos están estrechamente vinculados a las diferencias existentes dentro de las diversas ramas sindicales y también en la propia central sindical que, a su vez, reflejan en parte las contradicciones internas que muestra el Frente Amplio. De tal modo, que el Gobierno ha mostrado una especial fragilidad frente a las corporaciones y ha intervenido solamente en aquellos casos en que el desborde fue percibido por toda la población, como sucedió en el tema del conflicto de la recolección de basura en Montevideo.

En otro orden (o "desorden"), un factor que incide negativamente se relaciona con las discrepancias dentro del Gobierno, ya sea entre sectores del Frente Amplio, como entre el propio Presidente y su Partido. Estas crean una sensación de inestabilidad en la conducción política, una erosión de la integridad del poder público y una inseguridad sobre las reglas de juego básicas en la conducción de la economía.

A pesar de que los desencuentros son múltiples, nos enfrentamos a circunstancias políticas que afectan el ambiente de negocios. En primer lugar, las marchas y contramarchas del Gobierno en la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad que han instalado tanto a nivel doméstico como internacional una mezcla de perplejidad y desconcierto incluyendo a los distintos sectores del Frente Amplio. La improvisación y el oportunismo político comienzan a proyectarse al resto de la gestión del Gobierno llegando hasta su propia política exterior, la falta de profesionalidad debilita la estrategia del país en el manejo de los tiempos adecuados, fundamentalmente, en lo que refiere a sus decisiones sobre infraestructura y energía.

La institucionalidad, si bien no está comprometida en lo que hace a su estabilidad, sí lo está en lo que refiere a la calidad institucional; es decir, a la relación entre los Poderes del Estado, a la coherencia del Frente Amplio, y, fundamentalmente, a las señales políticas que, aunque si bien no son de naturaleza económica, transmiten una sensación de inseguridad cuando los pronunciamientos populares se desconocen entre las idas y vueltas del propio Gobierno.

En segundo lugar, se sigue insistiendo en visiones diferentes respecto de las modificaciones en el régimen tributario e incentivos a las inversiones. Aunque el Presidente respalda explícitamente las modificaciones previstas por el Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo aún no ha podido evitar que desde sectores del Frente Amplio se sigan planteando alternativas cuestionando la política económica como lo ha advertido el Vicepresidente de la República.

Estas y otras situaciones políticas análogas, sumadas a la conflictividad laboral, las presiones inflacionarias y los efectos sobre la competitividad de la brecha entre los incrementos de precios de bienes transables y no transables, están deteriorando la imagen de estabilidad y seguridad jurídica, aspectos claves para el crecimiento e inversión.

En este sentido, el Poder Ejecutivo sabe que aunque no pueda administrarlo, ningún crecimiento se sostiene, aún con variables externas favorables, si no emite las debidas señales que mantengan su credibilidad. Y para ello, no tiene otra opción que fortalecer una gestión más orgánica que funcione en un ámbito de respeto hacia su gestión a partir de respetar él mismo la estabilidad de las reglas de juego y un manejo razonable de las relaciones laborales.

La imagen del Gobierno es la credibilidad del país, condición esencial para mantener un nivel de inversión y crecimiento en condiciones de aumentar la eficiencia del Estado en la aplicación de políticas distributivas. Si la situación actual no se revierte, no podrá imputársele a la oposición una conducta omisa en lo que hace a la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo.