En momentos en que se preparan contiendas electorales como las próximas dos en nuestro país —la interna partidaria y la presidencial en octubre—, los aspirantes a competir en esas instancias realizan, como es habitual que ocurra en ocasiones similares, propuestas para diversas áreas, principalmente para la social y la económica. Hoy observamos que son muchas las intenciones que se formalizan en propuestas atractivas para los electores.

Pero el que sean propuestas que apuntan a alcanzar objetivos cautivantes para los electores, no implica que haya algunas de las que se hacen, que se sepa o se ignore que los objetivos, por más loables que sean, no serán alcanzables.

Es obvio que es bueno que en el país todos tengan trabajo y bien remunerados o reciban lo que les permita vivir bien a su familia, criar hijos que puedan vivir dignamente y además que se le brinde una educación que incluso les sirva para superar a sus progenitores cuando trasciendan la adolescencia y asuman sus mismas funciones. Pero que haya un objetivo que todos los candidatos que corren hacia las dos elecciones comparten, no significa que eso se pueda lograr al cabo de una gestión quinquenal al frente de la conducción del país, ni siquiera al cabo de un par de décadas de la misma conducción. Es que como siempre ocurre, cuando se exige aplicar el método científico a lo que se propone, el de la evidencia empírica para observar los resultados de propuestas sociales similares anteriores y ejecutadas por personas que repiten hoy esos objetivos, encontramos que la realidad muestra que los resultados no han sido consistentes con lo deseado.

Antecedentes

El avasallamiento con propuestas para el mejoramiento de las condiciones en el ámbito social como las que mencioné antes, exige que las medidas para alcanzar los objetivos se deban financiar. Y el financiamiento va por dos caminos.

Uno es el de quienes lo proponen reduciendo los importantes excesos en el gasto público innecesario, ineficaz porque no cumple con el objetivo de ese gasto o ineficiente, porque se hace a un costo mayor al posible. Y por otro lado está el financiamiento de quienes siempre proponen el apriete tributario a quienes “más tienen o más ganan”. Y para este caso, que se ha seguido con insistencia e intensificación, es para el que se tiene evidencia empírica abundante que lo descalifica.

Basta recordar que fue justamente un similar despliegue de objetivos con ese financiamiento el que ocurriera a partir de la aplicación de la reforma tributaria de 2006 con la creación del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) y el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), en sustitución de 14 vigentes, de escasa recaudación y de bases imponibles diferentes a las de los dos sustitutivos. Como también ocurriera en otras instancias posteriores a la de la discusión de la reforma tributaria mencionada cuando el Ministro de Economía —Danilo Astori—, señalara: “lo que queremos es distribuir mejor la carga tributaria existente, no podemos fracasar con este intento de reforma tributaria”. En la Rendición de Cuentas de 2016, el mismo ministro, con igual excusa y también con mayoría en las Cámaras, apostó a más con medidas de mayor presión impositiva sobre los ingresos nominales de empresas y personas y lo logró, justificando su decisión como necesaria para la "consolidación fiscal", usando un lenguaje del FMI muy discutible sobre su significado.

Evidencia

La aplicación del IRPF y el IASS, que la conducción económica en 2006 estimaba que se recaudarían anualmente 220 millones de dólares, provocó lo que hoy es la segunda mayor recaudación tras el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a tener además una recaudación mayor que la del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), que tributan las empresas por sus resultados económicos. En los doce meses culminados en el mes de marzo pasado, la recaudación del IVA ha sido del orden de 7.350 millones de dólares —48% de la recaudación total—; la suma de la del IRPF y el IASS de 2.760 millones —18% de la total— y la del IRAE de 2.107 millones de dólares, menos del 14% de la recaudación total de la DGI.

La recaudación por IRPF e IASS desde su implantación es la que se ha empleado para financiar parcialmente el pronunciado aumento del gasto público por contratación de personal, en el lapso desde 2007 hasta 2019. En ese período, el aumento de personas en el sector público, incluidos los departamentos del país, ha sido de alrededor de 70 mil personas, que han sido contratadas no obstante haber sido un lapso —que aún se extenderá por varios años— de grandes progresos tecnológicos que ahorran el uso y las erogaciones en mano de obra.

La recaudación lograda con un aumento tan considerable de su monto por la creación del IRPF y el IASS, no logró su objetivo más que en su enunciado: pagan más quien tienen más, aunque es asimismo dudoso que eso sea así ante la realidad de muchos casos de injustificables exoneraciones de estos y otros tributos. No se logró, al cabo de una década y media, que la mayor presión impositiva se plasmara en los objetivos que se perseguían y se culminó con una economía estancada, con alto desempleo y serios problemas sociales, no cumpliéndose así, el propósito de la mayor presión impositiva inaugurada en 2006.

Bajar el gasto público para reducir impuestos y aumentar el ahorro privado, la inversión privada y el aumento del empleo y del ingreso es la forma de mejorar el ingreso de la población y generar financiamiento natural para las intervenciones que mejoran la situación social. Como se sabe y mucha gente lo anticipa, seguir con las mismas medidas para solucionar los mismos problemas tendrá los mismos resultados.