ENTREVISTA

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En seis meses Uruguay, podrá ser el integrante número 50 del comité de inversiones de la organización para la cooperación y el desarrollo económicos (OECD, por su sigla en inglés). Esto le valdrá ser parte de un colectivo que no solo exige estándares altos de apertura económica y responsabilidad social empresaria, sino que también habilita un espacio de intercambio y consulta muy valioso para un país en desarrollo, explicó Ana Novik, Jefa de la División de Inversiones de la organización. La funcionaria chilena advierte que esto no significa la adhesión como miembro pleno de OECD, para lo cual el camino es paralelo y “bastante más complejo”. Destacó que el actual gobierno continuó el camino iniciado por la administración anterior, lo que se valora especialmente en ese ámbito. A continuación, un resumen de la entrevista.

—¿Cuál es la posición en que se ubica hoy Uruguay en relación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos?

—Muchas veces los países tratan de acercarse a la OECD no con el afán de ser parte, sino de participar de ciertos temas particulares. Porque en OECD, salvo Defensa y Cultura, se discute y se trabaja sobre todas las políticas públicas. Hay muchos temas de educación, competencia, finanzas, donde los países tienen la posibilidad de ser parte, sin necesariamente integrarse a la organización y sin que eso signifique un proceso más amplio y exigente.

—Explíqueme el proceso actual que lleva adelante el país…

—Uruguay, en octubre de 2018, con el gobierno anterior, anunció que quería adherirse a un instrumento del Comité de Inversiones de OECD, que se llama la declaración de inversiones, que incluye temas de apertura y no discriminación, junto con temas de responsabilidad social empresarial, que componen la agenda de inversiones de OECD.
Quiero destacar ese aspecto, porque es mirado con atención y beneplácito; habla muy buen de un país. La actual administración tomó lo que había hecho el gobierno anterior y continuó con el proceso (1).
El país que adhiere a ese instrumento, además, puede ser parte del Comité de Inversiones. Ese es el paso que dio Uruguay e ingresó en un proceso de revisión, donde se trabaja, entre otros aspectos sobre el clima de inversión del país; se realiza un “investment policy review” y luego se genera un reporte. Esa fue la base para que los demás países, en revisión de pares, discutieran y vieran si Uruguay cumplía con los estándares y está en condiciones de adherir al documento.

—Y se entendió que cumplía con las condiciones…

—Lo que pasó ayer (N.deR.: refiere al jueves 9 de julio) fue la presentación de su informe por parte de Uruguay, en una delegación que lideró el subsecretario de Economía Alejandro Irastorza. Demostraron su compromiso en línea con los estándares. Se le hicieron preguntas por parte de las delegaciones de otros países en temas en que Uruguay está muy bien, como apertura hacia el inversor e institucionalidad, pero tiene un sector estatal muy fuerte, algo que no es negativo per sé, pero que necesita una buena gobernanza corporativa, transparencia y que no distorsione la actividad del sector privado cuando compite con el Estado. También se le consultó sobre otros temas vinculados con la burocracia estatal. El balance fue muy positivo, los demás países latinoamericanos que integran este comité le apoyaron mucho, al igual que España. En la actualidad, Latinoamérica ha adquirido una importancia que no tenía en el pasado en OECD (2).

—¿Cuáles son los próximos pasos?

—Este es un comité técnico, que hace la recomendación de que Uruguay cumple con los estándares de OECD en materia de política de inversión y que está en condiciones de adherir a este instrumento y ser parte del comité. Pero luego debe venir la aprobación del Consejo de la OECD, que será el que tome la decisión final, una decisión más política. Normalmente, países como Uruguay, con un informe positivo en la primera etapa, no tiene mayores problemas en superar las siguientes instancias.

—Que no significa el ingreso como miembro pleno a la organización…

—Claro que no. La decisión de un país de entrar a la OECD es algo distinto, paralelo a este trámite del que hablábamos. Debe solicitar su ingreso, que los demás países que forman parte acepten que pase ese proceso y luego se inicia un camino que para nada es automático. Primero, por razones políticas: los integrantes de la OECD evalúan permanente cuándo y cuánto abrirse a nuevos integrantes. Y, además, hay un largo y complejo proceso. Claramente, si un país quiere solicitar el ingreso a la organización, cuanto más activo sea, en más comités participe, mejor le va a ir.
Pero insisto en que no hay una relación directa: en el comité de impuestos participan 148 países, también son muchos los que participan en Educación. Tres o cuatro veces más que el número de miembros plenos (37), y eso no significa que busquen llegar a la adhesión completa, sino que les interesa el ámbito de discusión y el intercambio, que enriquece a todos y otorga reconocimientos.

— En abril de 2009, Uruguay fue incluido por la OECD en la lista negra de naciones que no adherían a su estándar de intercambio de información con fines tributarios. ¿Es un mal antecedente?

—El proceso que vivió Uruguay en materia de impuestos y los cuestionamientos en cuanto a transparencia es algo por lo que pasaron muchos países. Son temas que pueden plantear conflicto, pero no significan que después le jueguen en contra cuando se encamina en otro proceso más ambicioso con la organización. Obviamente, en la medida en que un país quiere acceder a la OECD, la presión que va a tener para que cumpla con los estándares es más grande. Pero esos antecedentes no son un problema.

—¿Qué valor tiene ser parte del Centro de Desarrollo de la OECD, al que Uruguay ingresó en 2015?

—El Centro de Desarrollo es algo distinto. Es una puerta por la que muchos países se acercan a la OECD sin ánimo de ser parte. En ese ámbito no se relacionan directamente ni con países ni con estándares de OECD. En el pasado pudo haber sido una buena manera de acercarse por parte de Uruguay, pero si tienen realmente interés como país de un proceso más ambicioso, tiene que ser parte de los comités y de los ámbitos de recomendaciones.
Además del Centro de Desarrollo, Uruguay es miembro del Foro Global de Intercambio de Información en materia Tributaria; Participante en el Comíté de Asuntos Fiscales, y participa activamente en el Programa Regional LAC.

—¿Qué implican los estándares de la agenda de inversiones que nombró anteriormente?

—Uno de los aspectos más importantes es que no haya clima discriminatorio para las inversiones, que esté abierto a capitales extranjeros y que faciliten el acceso a la par de la inversión local. Junto con eso, es muy importante que las empresas cumplan con los preceptos de responsabilidad social empresarial. Esto es, no dañar el medioambiente, no abusar de los trabajadores, el respeto a los derechos humanos. Apertura, pero con conciencia social en toda su cadena de valor. Eso es lo fundamental. Uruguay tiene que demostrar eso, en la medida en que quiere ser parte del comité. Y no puede apartarse de esa línea. Lo bueno es que va a ingresar, en caso de avanzar en el proceso, a un ámbito donde se comparten iniciativas, enseñanzas, nuevas tendencias. En un momento desafiante para el inversor como el que atravesamos, ser parte de ese ámbito es muy valioso para los países.

—Habló antes de las características del Estado uruguayo. Los monopolios estatales en servicios, como la energía eléctrica o agua potable, como existen en Uruguay, ¿cómo se valoran?

—Para nada son un impedimento ni un punto negativo. Si se tiene un Estado fuerte y con mucha participación, es una decisión país; pero debería procurar que eso se desarrolle con eficiencia, calidad y transparencia. Hay otros comités que tienen que ver precisamente con empresas públicas y seguramente en ese ámbito, si Uruguay participa, las exigencias sean mayores. Pero nunca la recomendación va por el lado de la privatización. No se trata de eso.

—Pensando en una dimensión de adhesión mayor. ¿Cuál es el proceso para acceder a miembro pleno?

—Primero, los países deben solicitarlo, aunque antes de ello, realizan un sondeo político para ver las condiciones de oportunidad. Por ejemplo, hoy no parece ser un buen momento, en medio de un proceso de cambio de Secretario General y con muchos problemas globales. Pero la clave de todo esto es un gran compromiso país. Lo digo como chilena que participó de todo el proceso de adhesión de mi país: no alcanza con la voluntad de un gobierno, es un proceso muy complejo, que lleva a someterse a revisiones profundas, de muchos comités, donde todo el sector político debe participar en temas de educación, medioambiente, tecnología, y es casi como que rendir exámenes, uno tras otro. Además, requiere de compromisos que necesitan un adecuado funcionamiento coordinado entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, para avanzar en los procesos de reforma. Necesita del compromiso de las distintas fuerzas políticas, además, porque incluso, a veces supera más de un período de gobierno.
Son una docena de pasos muy complejos, se define un roadmap con los temas clave, decenas de compromisos de cumplir y muchos años de trabajo. A Chile le llevó cuatro, a Colombia más de 8 años. Costa Rica, que se aprobó hace muy poquito su ingreso, le llevó 5 años de trabajo intenso.