Aumento en el tope de la deuda

El proyecto de rendición de cuentas remitido a consideración parlamentaria contiene un artículo mediante el cual se modifica el tope de deuda pública. Lo curioso y novedoso es que no solo lo hace cuantitativamente, sino que también cualitativamente al variar, me adelanto a indicar que de manera inconveniente, el alcance de dicho tope.

CAMBIOS. Ambos están determinados por el artículo 252 del proyecto, que contiene dos sub-artículos. El primero modifica qué es lo que mide el tope de deuda, o sea la deuda de qué organismos está incluida, donde surge como peligrosa novedad que se ha excluido la deuda de UTE del cómputo del tope de la misma, a la vez que se incluyó la de la Agencia Nacional de la Vivienda (ANV). La exclusión de UTE es incomprensible y técnicamente equivocada, puesto que en Uruguay esta empresa es parte relevante del sector público. Además de ello, no solamente deja librado a que este ente se endeude sin límites y en un futuro debamos todos pagar la cuenta, sino que, dada su actual deuda computable a efectos del tope legal, que según el último balance a fin de 2010 sería de US$ 500 millones, libera ese dinero para que otros puedan "llenarlo". En efecto, al quitar al ente de la definición, su deuda deja de considerarse pero, como el tope actual está fijado en un valor absoluto y la proyectada norma no prevé su reducción, (lo que sería la lógica contrapartida, reducir el tope en igual cuantía) lo que tenemos de manera implícita es un aumento adicional al solicitado en el mismo. O sea, el gobierno de "un saque" aumenta el límite en unos US$ 500 millones. La inclusión de la ANV es correcta, pero de la misma manera deberían incluirse todas las agencias que se han creado o mejor aún realizar una definición complexiva que evite la casuística.

La segunda norma modifica el monto adicional anual de endeudamiento que pasa de US$ 350 millones (era de 250 y se le adicionaron US$ 100 millones en 2009), a UI 5.500 millones, unos US$ 670 millones al tipo de cambio actual, o mejor medido 1,35% del PIB anual. En buen romance, el gobierno nos está diciendo que quiere seguir aumentando la deuda y a un paso muy superior al resultante de su meta fiscal presupuestal. De hecho, si la misma en todo el período era deficitaria en 4,5% del PIB, el financiamiento pedido la excede en 3,25% del mismo indicador, lo que implícitamente nos está diciendo que el déficit promedio puede ser del orden de 1,5% anual y constituye una señal del débil compromiso de las autoridades con la solvencia de largo plazo, ya reflejado en este año cuando, pese a la notable expansión económica, las finanzas de deterioran y lisa y llanamente se aumenta la previsión de rojo fiscal. Si a esto le adicionamos los dichos del presidente Mujica, todo indica que, de existir un período de vacas no tan gordas, poco deberíamos esperar en materia de austeridad y mucho prepararnos para pagar los compromisos en el futuro. Personalmente no me extraña el desfasaje porque desde esta misma columna hace unos 10 meses decía que los supuestos base de la proyección fiscal no solamente eran optimistas sino, lo más importante, los encontraba inconsistentes y en todos los casos sobre estimaban la recaudación (*).

DEFINICIÓN. La forma de medir el endeudamiento es mediante un concepto de deuda neta, es decir a la deuda total contraída se le deducen determinados activos. Este fue introducido en la pasada administración a fines de 2005, dejando de lado el tradicional de endeudamiento bruto total. En teoría el mismo es mejor que el anteriormente aplicado, en especial porque le permite a las autoridades un mejor manejo de las oportunidades del mercado para emitir y formar reservas a costos inferiores. Sin embargo, en la práctica tiene algunas limitaciones relevantes ya que saber "qué se puede considerar un activo" más allá de las divisas, el oro y algunos papeles es bastante difícil y en ciertos casos la estadística puede distorsionar la realidad de las cosas. Un claro ejemplo son algunos "activos" que aparecen como pertenecientes al Gobierno Central bajo el título de "securities" con residentes. Los mismos pasaron de US$ 155 millones a fin de 2008 a US$ 723 a fin de 2009, y US$ 1.407 a marzo de este año, es decir una suba de US$ 1.252 millones. En el mismo período la tenencia de deuda pública por parte de los distintos organismos del sector público creció en US$ 934 millones. Esto nos estaría indicando que, como mínimo, el Gobierno Central utilizó más de US$ 300 millones para asistir financieramente a alguna empresa pública o las recientemente creadas "agencias" y estas le entregaron un papelito donde le reconocen una deuda que jamás pagarán. Antes, esto se medía como gasto y engrosaba el déficit y la deuda, como debe ser.

Existen otras dificultades con la definición adoptada, pero estas derivan de la operativa (las cifras se conocen con tres meses de retraso y se puede violar la ley con toda la responsabilidad que ello conlleva y de hecho pasó) y algún error en la cobertura.

DEFICIENCIAS. Más allá de lo recién anotado, la forma en que se define el alcance de deuda adolece de defectos que se vuelven relevantes a la hora de saber la verdad sobre la misma. Se sabe que las calificadoras nos mejoran la nota y las cosas vienen bien, pero no olvidemos que las mismas empresas luego se dan vuelta como un panqueque sin que se les mueva un músculo, como perfectos jugadores de póker. Si se quiere alguna muestra, está el caso de Grecia, donde se maquillaba el déficit y la deuda y nada pasaba, hasta que pasó. En Uruguay tenemos una situación parecida, no cuantitativa, sino cualitativa, pero como todos sabemos, el quantum puede variar y entonces transformase en relevante. En efecto, dentro de la deuda no estamos midiendo la que tienen asumidas las decenas de S.A. que poseen las empresas públicas, ni las innumerables de la Corporación Nacional para el Desarrollo, amén de otras cosas menores. Tampoco consideramos los pasivos contingentes, ni siquiera los de alto riesgo como la insólita y millonaria garantía gratuita concedida a Pluna S.A. Es más, a algunos de estos "emprendimientos" todos los años hay que capitalizarlos y no se considera gasto (déficit) el dinero erogado, sino como "inversión de cartera" (tenemos acciones que no valen nada pero en los balances aparecen como que sí). En general, estas "empresas" tienen préstamos o son capitalizadas desde el Estado o en el "mejor" de los casos obtienen préstamos de terceros con la garantía del Estado o alguna empresa que le pertenezca. En todo caso son una ficción de sector privado que meramente sirve para burlar controles.

ADICIONALES. A la solicitud de levantamiento del tope de deuda deberíamos sumar el aumento implícito que conllevarán en su monto las obras a realizarse mediante la reciente ley de Asociación Pública Privada. Esta, en los hechos, más allá del diferencial en la eficiencia que se pueda lograr al hacerse directamente por privados que buscan su beneficio, el que es bienvenido, no es otra cosa que pagar en cuotas inversiones públicas y por tanto disminuir el déficit y la deuda actual a costa de mayores erogaciones comprometidas para el futuro. Desde el punto de vista real se debería reconocer como deuda el valor presente de las cuotas a pagar, cuya amortización es a largo plazo.

MENSAJE. Entonces, más allá de todo lo que se pueda decir o especular hay que tener presente que la deuda sigue creciendo y existe un poderoso mensaje implícito en este aparentemente inofensivo artículo que, por el momento, ha pasado inadvertido en la discusión presupuestal. Las autoridades están pidiendo, como piso, casi 8 puntos del PIB de aumento de deuda neta pese a que el escenario macroeconómico que se vive y el previsto por las mismas autoridades, es inmejorable. A su vez, quitar a UTE del límite de esa deuda no parece para nada sensato ya que es tener piedra libre para que esta se endeude, cosa que luego todos sabemos cómo termina o mejor dicho quién termina pagando la cuenta. Es un hecho notorio que el país tiene un enorme déficit energético, tan notorio como que la política (¿?) implementada al respecto ha sido desacertada. Ahora se impulsan inversiones importantes en el área, las mismas que fueron desechadas 6 años atrás, lucen atinadas. Lo que no se comprende es por qué aquellas debe realizarlas UTE y no privados que luego vendan la energía, incluso libremente. Sería mucho mejor que las reglas para la formación de precios, en especial los peajes por el uso de la red física sean creíbles y los mismos privados directamente puedan vender la energía que producen. Volviendo al principio, sinceramente me parecen inconvenientes en todo sentido los cambios en la norma y espero que en el Parlamento se corrija esta situación.

(*) Economía&mercado: Presupuesto: el escenario base (13.09.2010)