OPINIÓN

Mientras casi todas las semanas alguna empresa anuncia que se va del país o cierra por falta de trabajo e inseguridad jurídica o bien inestabilidad en las reglas de juego, la candidata a diputada por el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, Tolosa Paz, acaba de afirmar que hay que modificar la matriz impositiva y establecer una “presión más fuerte sobre las grandes empresas”. En otras palabras, lo que está proponiendo es cobrarle más impuestos a las grandes empresas.

Es una típica propuesta populista para mostrar políticas tipo Robin Hood, quitarles a los ricos para darle a los pobres, como si esa redistribución contribuyera en algo.

La realidad es que la fuga de empresas de Argentina, por la presión impositiva, por la legislación laboral, por el cepo cambiario y tantos otros problemas, hace que las empresas se vayan o se fundan y se instalen en países con mejores condiciones para atraer inversiones. Al ritmo de destrucción económica que lleva el gobierno, las grandes empresas que van a quedar en Argentina van a ser los maxiquioscos. El grueso de las empresas en Argentina son Pymes, y las grandes no llegan a representar el 1% del total.

En febrero de 2020, el mes anterior al inicio de la cuarentena en Argentina, 540.871 empresas presentaron declaraciones juradas de empleados. En marzo de este año, presentaron declaraciones juradas de empleados por aportes al sistema previsional 519.396. Es decir, a marzo había 21.475 empresas menos que antes de la cuarentena y, a pesar de la falta de puestos de trabajo, Tolosa Paz pretende imponer más impuestos a las grandes empresas.

Siempre en base a datos de la AFIP, en febrero 2020 las empresas presentaron declaraciones juradas de pago de aportes y contribuciones sociales por 6.321.600 trabajadores y en mayo pasado las presentaciones fueron por 6.221.726. Casi 100.000 puestos menos de trabajo en blanco.

De acuerdo al ministerio de trabajo, en mayo los puestos de trabajo en blanco en el sector formal de la economía llegaban a los 5.9 millones de empleados y ya llevamos 9 años en que no se crean puestos de trabajo en el sector privado formal. Por el contrario, de acuerdo a los datos de dicho ministerio, entre enero de 2012 y mayo 2021 se perdieron en el sector privado 240.000 puestos de trabajo en relación de dependencia y en el sector público aumentaron en 727.200 puestos de trabajo.

Es decir, el recorrido inverso entre puntas es de casi 1 millón de puestos de trabajo entre los que cayeron en el sector privado y los que aumentaron en el sector público. Puesto de otra forma, en enero de 2012 el empleo público equivalía al 41,7% del empleo privado, y en mayo de 2021 equivalía a casi el 56% del empleo privado. Cada vez queda menos sector privado para sostener un creciente sector público.

Justamente, el monumental gasto público y las medidas populistas que adopta el gobierno de cara a las elecciones han llevado al BCRA a emitir $ 160.000 millones entre el 2 de agosto y el 5 de agosto pasados para financiar el tesoro.

A partir de mediados de año y en particular a partir del segundo semestre, se acelera la emisión monetaria para financiar al tesoro. Esto se va a ir acentuando hasta fin de año en el medio de la campaña electoral con la cantidad de planes y gasto público que viene anunciando el gobierno.

Obviamente esto tiene impacto sobre el nivel de precios, lo cual puede llegar a afectar aún más los salarios reales y el consumo. Recordemos que el gobierno es un ferviente creyente del consumo como forma de reactivar la economía y ello significa ponerle plata en el bolsillo a la gente. Billetes que realmente le ponen en el bolsillo a la gente, pero que pueden comprar cada vez menos bienes y servicios.

De acuerdo a datos del Indec, en los últimos 12 meses los salarios privados aumentaron el 45,6%, los del sector público el 40,5% y el IPC el 50,2%. Si tomamos desde noviembre de 2019 hasta junio 2021, los salarios del sector privado aumentaron el 71%, los salarios del sector público el 62% y el IPC el 75,8%. Es decir, en todos los casos hubo pérdida en el poder adquisitivo de los salarios y, además, fuerte caída del empleo, lo cual hace dudar de una reactivación sostenida por el lado del consumo.

En julio, el IPC aumentó el 3%, con lo cual acumula el 29,1% de inflación en lo que va del año. En 7 meses de gobierno, el ministro Guzmán pulverizó su proyección de 29% en todo 2021. Además, Macri dejó un 51% de inflación cuando se fue en noviembre de 2019 y Alberto Fernández ya lo superó con una inflación el 51,8% interanual.

En síntesis, mientras los candidatos oficialistas proponen aumentar impuestos para las empresas, llevamos casi 10 años sin que el sector privado cree puestos de trabajo. El único que inventa empleo es el sector público y los salarios reales vienen cayendo, tanto en los últimos 12 meses como en todo el período del gobierno de Alberto Fernández.

En el medio de este contexto, el BCRA vuelve a emitir moneda para financiar el déficit fiscal por aumento del gasto público de cara a las elecciones, con tarifas de los servicios públicos y tipo de cambio oficial atrasados, más controles de precios.

Nada bueno puede esperarse de esto combo de dislates económicos.