Algunas cuestiones básicas del Presupuesto

hay dos planteos cuyos efectos negativos pueden resultar de una dimensión tal que toda la programación realizada carezca del mínimo sentido: el cambio en la forma de levantamiento del secreto bancario y la implantación del impuesto mínimo global.

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Presentación el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.
Foto: Archivo El País

Como es costumbre, la ley presupuestal, al igual que las rendiciones de cuenta, sin excepciones versan sobre diversos aspectos y no meramente los presupuestales. Ante ello, en esta columna me centraré en las cuestiones básicas dejando para dentro de 14 días el tratamiento de otros temas, en especial la nueva regla fiscal con el “tope” de deuda que, en conjunto con el secreto bancario e impuestos son los temas que mayor preocupación generan porque afectan las bases del crecimiento.

Previo a las cifras considero que hay dos planteos cuyos efectos negativos pueden resultar de una dimensión tal que toda la programación realizada caEstarezca del mínimo sentido; a) el cambio en la forma de levantamiento del secreto bancario, tanto para los fiscos extranjeros como locales (art 635 del proyecto), como el de entre agentes regulados por el BCU, artículos 702 y 703, que es su parte medular dice “… podrán intercambiar información de saldos, movimientos y operaciones, así como toda información confidencial que reciban o tengan de sus clientes”. Dejo al lector elegir cuál es peor, y b) la implantación del impuesto mínimo global, de la manera que se hace, obligatorio y no si la empresa pertenece a una jurisdicción que lo aplica. A manera de comentario, Chile y Perú son los países que reciben más inversión extranjera —en relación a su PIB— de América del Sur. Chile hasta es miembro de la OCDE, ninguno deja a sus empresas sin secreto bancario para aspectos fiscales ni tampoco internalizó el IMG. No les pasa nada.

China y Estados Unidos, el 42% del PIB mundial ni siquiera adhieren al acuerdo de tributación global, tampoco India, hoy poco más del 3% del PIB mundial y llamada a ser la economía emergente con mayor desarrollo en las próximas décadas.

Lamentablemente, el proyecto no incluye reformas estructurales, las que impulsan el aumento de la productividad y el ingreso, crea nuevas Personas Públicas de Derecho Privado (PPDP) y un sinfín de comisiones.

Isaac Alfie
Economista Isaac Alfie
Foto: Francisco Flores

Medidas como las reseñadas son las que “no se ven, pero se sienten” y después nos preguntamos, ¿por qué crecemos tan poco?

Yendo a la parte presupuestal en sí, las interrogantes son varias. Los supuestos nos dicen que:

· Aumenta el atraso cambiario, suponiendo que la inflación regional en dólares superará a la de EE.UU. En ésta, la mayor influencia es de Argentina. Ciertamente, en un país con su inestabilidad y la necesidad de fortalecer sus reservas no es el escenario más probable.

· Está construido sobre la base de una inflación del 4,5% y un crecimiento de 2,4% anual, con gastos fijos.

o ¿Qué pasa si la inflación es menor al 4,5%?

o ¿Qué sucede si el PBI crece menos?

o ¿y si la cotización del dólar es mayor a la prevista?

En todos los casos, el ya pobre resultado fiscal será peor. ¿Nos lo financiarán con el nivel de deuda que tenemos?

Según los cálculos presentados seguiremos acumulando deuda, US$ 16.000 millones en 5 años. Cualquiera de las hipótesis planteadas nos conduce a que algo, y no menor, habrá que hacer ¿o se dejará que el mercado haga por sí mismo el ajuste de las variables reales?

Se discute bizantinamente sobre el optimismo de los supuestos, lo que ciertamente no son prudentes como deberían, y como cualquier persona o empresa realiza los suyos. Llama la atención la proyección de crecimiento del empleo que, más que optimista, parece irreal. Salvo que recibamos una ola inmigratoria neta muy fuerte, que el salario real crezca de tal manera que estimule el ingreso al mercado de trabajo de personas que hoy no están dispuestas a hacerlo, o que se proyecte que la población anticipe la postergación de la de retiro sin que comience a regir la nueva ley, con la población en edad de trabajar (15 a 65 años) creciendo al 0,16% o si se considera entre 15 y 70 años al 0,24%, partiendo de la base que nuestro PIB está cerca de su potencial, el supuesto de aumento de 1% anual tiene más pinta de “respetar” la elasticidad del empleo a la variación del PIB proyectada que de realidad. Es más, de darse este aumento del empleo, la proyección de aumento de las transferencias a la seguridad social no es correcta.

En el análisis presentado, nada se dice de la evolución del salario real, tampoco de las tarifas públicas. Implícitamente se deduce que los salarios del GC evolucionarían en línea con el PIB, creciendo al 2,4% anual real. El sector público hace lo que quiere, el sector privado ajusta y con este escenario deberá ajustar.

La previsión presupuestal, en función de los créditos otorgados, augura un aumento del gasto efectivo en funcionamiento, por fuera de los salarios, del orden de 0,5% del PIB[1], al cual se adiciona el aumento de la carga de intereses y de las transferencias a la previsión social, adiciona 1% del producto en las erogaciones totales del GC-BPS-220 de la Constitución, a las ya extremadamente altas, 35% actual[2].

Respecto de las inversiones, el crédito proyectado es inferior al vigente 2024, actualizado con trasposiciones, por lo que en el margen debemos esperar una caída de la inversión pública. Luego la carga de intereses, prevista que aumente en 0,2% del PIB, se basa en una tasa de interés efectiva que se mantiene constante. No parece ser un escenario factible, porque el stock actual tiene una composición de bonos emitidos a tasas súper bajas por las condiciones del mercado a partir de 2009, no repetibles en las nuevas emisiones.

Para finalizar, en mi opinión, aun de lograrse el resultado fiscal global, que incluye un poco probable superávit de las EEPP de 0,3% del PBI anual, éste no es el adecuado y, ya sabemos de antemano, que vendrán más aumentos de gastos en las próximas RC.

[1] El aumento del crédito es de 1% del PBI frente al ejecutado 2024, pero se sabe que no se gasta el 100%. De todos modos, se aumenta el crédito en rubros que son “los más fáciles de ejecutar”.
[2] La medición “desarma” los neteos de cifras de la tabla oficial, al tiempo que suma el de los Gobiernos Departamentales, las PPDP, las SA y Fideicomisos propiedad del Estado.

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