A igual error, igual resultado

| El ciudadano argentino es un exiliado económico, dado que vive en la Argentina, pero busca proteger sus ahorros en el exterior

ROBERTO CACHANOSKY | LA NACIÓN

Cuando uno revisa la evolución de la economía argentina durante, como mínimo, las últimas tres décadas, se encuentra con fuertes crisis económicas que generaron fenomenales transferencias patrimoniales y de ingresos con las correspondientes convulsiones sociales y políticas. Todas ellas tuvieron saltos cambiarios, inflacionarios y fuga de capitales. Lo único previsible en la Argentina ha sido la próxima crisis.

Si bien cada una de ellas pudo haber tenido diferentes detonantes, lo cierto es que, normalmente, estas crisis se produjeron a partir de ausencia de reformas estructurales, auge artificial de la demanda, distorsión de precios relativos y corrección de los mismos, porque la realidad la imponía. Ahora bien, desde mi punto de vista, el denominador común ha consistido en buscar mecanismos forzados de financiamiento para sostener, durante algún tiempo, la distorsión de precios relativos de manera de generar en la población una sensación de bienestar económico que, finalmente, terminaba en una brutal caída del ingreso real y el fin de la ficción.

En los años setenta y ochenta, el impuesto inflacionario y los controles de precios fueron los instrumentos más utilizados para mantener la artificialidad de las variables. También se usó el endeudamiento interno y externo con el mismo objetivo. Prácticamente, no hay mecanismo de financiamiento de las distorsiones que no haya sido utilizado en nuestro país. Desde confiscación de los depósitos, pasando por el impuesto inflacionario, festival de bonos, default de la deuda e impuestos extraordinarios como el ahorro forzoso, probamos de todo y es por esta razón que el argentino vive desconfiando a la hora de pensar en el largo plazo en la Argentina. Nunca sabe por dónde pueden atacarlo en la próxima crisis. Por alguna razón, el argentino es un exiliado económico, dado que vive en la Argentina, pero busca proteger sus ahorros en el exterior, con lo cual terminamos financiando con nuestros ahorros el consumo y la inversión de los países desarrollados. Y de esto puede dar fe el presidente Kirchner, quien no dudó, cuando era gobernador, en girar los fondos de la provincia de Santa Cruz al exterior, para evitar que los confiscaran. La pregunta que debería formularse el oficialismo es si, luego de cuatro años y medio de gobierno, las condiciones institucionales han cambiado significativamente respecto del pasado. Por ejemplo, ¿traería el gobernador de Santa Cruz los fondos de la provincia que están en el exterior para comprar bonos en pesos ajustables por la inflación que publica el Indec?

Planteada la pregunta, veamos si hoy la política económica se diferencia demasiado de lo hecho en el pasado. Sabemos que tenemos una profunda distorsión de precios relativos. Sabemos que el Banco Central ha llevado a cabo una política monetaria fuertemente expansiva con el correspondiente impacto inflacionario. Sabemos que se ha intentado esconder esa inflación con controles de precios. Y sabemos que el gasto público ha tenido una expansión fenomenal, con tasas de crecimiento del 50% anual sin dar como contrapartida una mejor calidad en la educación, la salud o la seguridad pública.

¿Cómo se ha financiado la distorsión de precios relativos y el aumento del gasto? Utilizando todos los mecanismos que se usaron en el pasado. La emisión monetaria ha crecido a tasas del 25% anual. Se ha consumido el stock de capital para financiar tarifas artificialmente bajas de los servicios públicos y, en particular, de la energía. Se ha incrementado ferozmente la presión impositiva. Se les ha ordenado a las AFJP que traigan los fondos de los aportantes que están en el exterior para financiar los vencimientos de deuda del año próximo. Se ha recurrido a las prohibiciones de exportación.

Se han incrementando los impuestos a las exportaciones. Y, luego de haber hecho el mayor default de la historia mundial y haberle pagado toda la deuda al FMI, hoy se tiene un stock de deuda pública casi igual al que había en diciembre de 2001, cuando se declaró el default por considerar que la deuda era impagable.

Lo que tenemos hoy es algo similar a lo que ocurrió en el pasado. Por no hacer reformas estructurales, se implementaron medidas para disimular las distorsiones y esas medidas condujeron a más distorsiones a tal punto que hoy todos saben que corregirla es sumamente complicado.

Le pasó a De la Rúa cuando no quiso asumir el costo político de reducir el gasto público en US$ 3.000 millones y, cambio de ministro mediante, terminó enredándose de tal manera que, al final, todo terminó en un fenomenal ajuste del gasto público vía la devaluación, la confiscación de los depósitos y la pesificación luego del cambio de gobierno. El ajuste terminó siendo mucho más grande y cruento que la propuesta de bajar el gasto en US$ 3.000 millones. Y antes le pasó a Alfonsín que por no aceptar la baja del gasto público desembocó en la hiperinflación.

Lo que nos enseña la historia económica argentina contemporánea es que, por razones ideológicas o políticas, los gobiernos prefieren hacer malabarismos financieros y regulatorios con tal de no enfrentar la realidad. Y esos malabarismos terminan llevándolos a un callejón sin salida con la consiguiente crisis. Por eso ocurren los recurrentes estallidos que cada cinco o seis años tenemos en la economía.

ESCONDER LA REALIDAD. Francamente, no observo grandes cambios respecto de lo que se hizo en el pasado en materia de esconder la realidad. Lo que puede argumentarse es que hoy el sector público tiene superávit fiscal, superávit que, por cierto, está basado en los impuestos a las exportaciones.

Para que el lector tenga una idea de la carga tributaria existente en este rubro, con el aumento del impuesto a las exportaciones de soja se llegó a que el Estado se quede con unos 17,5 millones de toneladas de ese producto. La provincia de Buenos Aires produjo 11 millones de toneladas en la campaña 2006/07, por lo tanto, la carga tributaria equivale a toda la producción de soja de Buenos Aires más el 50%. La producción de soja de una provincia y media de Buenos Aires va a ir a parar a manos del Estado.

Pero aun confiscando brutalmente a los productores de soja, lo máximo que puede lograrse es postergar la cruda realidad por un tiempo más al acumular más distorsiones.

Y en este punto es cuando comienza a aparecer la figura del ministro de Economía salvador, quien, cual mago, supuestamente puede resolver todos los problemas con su sola presencia y algunos pases de prestidigitación. Los economistas poco podemos hacer si la dirigencia política no desea cambiar.

Por eso, si hay algo en lo que puedo coincidir con el presidente Kirchner, es que para seguir haciendo lo mismo que se ha hecho en los últimos 30 años no hace falta tener un ministro de Economía.

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