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Luigi Ferrajoli y los 100 artículos de su Constitución de la Tierra

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Luigi Ferrajoli
Alvaro Salas

Garantías jurídicas para todos

El jurista italiano quiere una Carta Magna mundial capaz de corregir injusticias, parar guerras y poner límites al abuso de los Estados y del capitalismo.

El 21 de febrero de 2020, en plena pandemia, nació en Roma un movimiento de opinión que busca promover una Constitución de la Tierra. La idea es lograr establecer una Carta Magna mundial capaz de imponer límites a los poderes de los estados soberanos y del mercado, responsables en gran medida de esta crisis inédita que está viviendo el mundo. Como eje central de este movimiento está el jurista italiano Luigi Ferrajoli, discípulo de Norberto Bobbio y uno de los principales teóricos del garantismo jurídico, teoría que él desarrolló inicialmente en el ámbito del Derecho Penal, pero que considera un paradigma aplicable a la garantía de todos los derechos fundamentales.

En su nuevo libro, Por una Constitución de la Tierra, La humanidad en la encrucijada, Ferrajoli desarrolla la idea de una Constitución que garantice por ejemplo el acceso a la salud pública de todos los humanos, en todos los confines de la Tierra. La cuestión es evidente: las Constituciones nacionales actuales solo se ocupan de sus ciudadanos, de los que están dentro de cada Estado nación. Los de afuera... no cuentan, aunque los estén matando, violando, matando de hambre o sin acceder a vacunas en caso de pandemia. Y no es que la gente lo ignore: es una tragedia que ocurre ante los ojos de todos gracias a las nuevas tecnologías de la información. En vivo y en directo. Qué horror, dicen muchos, indignados. Luego se olvidan.

El poder de la esfera pública

El libro analiza y propone. En el diagnóstico —realizado con un lenguaje claro, accesible para un público ajeno al derecho— están las razones por las cuales, a pesar de que hay un principio de paz establecido en la carta de las Naciones Unidas, en el mundo se cometen cada año, por ejemplo, centenares de miles de homicidios a manos de Estados despóticos. El derecho penal no les puede hacer frente. “Hay que preguntarse si es admisible que la criminología, la ciencia jurídica, la ciencia política y el debate público se desinteresen de semejantes atrocidades, en absoluto naturales y tampoco inevitables, sino provocadas por el actual anarco-capitalismo global”. En ese sentido cree necesario actualizar “las categorías jurídicas con las que leemos e interpretamos la realidad”. Dichas categorías deberían estar en esa Constitución de la Tierra, para terminar de una vez con los que Ferrajoli llama “crímenes de sistema”. La cuestión es cómo trasladar a un plano jurídico las agresiones a los derechos de las personas que se originan en mecanismos del mercado y del sistema político. Eso obliga a replantear la noción de “crimen”.

En sucesivos capítulos el autor baja a tierra la propuesta. Por ejemplo, proponiendo instituciones supranacionales que garanticen los derechos en materia sanitaria, en la educación, e incluso en un fisco global, aplicando tasas del 15% sobre los beneficios de las grandes como Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Señala que el actual funcionamiento del Tribunal Penal Internacional es un buen antecedente para iniciar el camino hacia este constitucionalismo supraestatal, es decir, que estaría por encima de los estados. Y no queda ahí. Esta Constitución de la Tierra velaría por los mercados, pues cree que “esta primacía de la economía sobre la política hoy representa la más grave amenaza para el futuro de la humanidad” pues, junto al poder tecnológico, “es capaz de desarrollar potencialidades destructivas ilimitadas”.

Ferrajoli cree que este constitucionalismo es posible, porque tiene una fe infinita en el poder de la esfera pública. La pandemia “ha hecho evidente el valor insustituible del estado”. Lo argumenta de forma contundente, amena, con abundantes datos. No pide solidaridad, pide cordura. Y expone, de la página 138 a la 178, los 100 artículos de su proyecto de Constitución de la Tierra.

No es Tomás Moro

La pregunta que todo ser humano debe hacerse es obvia: por qué si hay tantas cartas constitucionales vigentes en el mundo, garantizando principios de justicia para algunos, no pueden funcionar para todos los habitantes del planeta. Quizá hace falta solo un gesto, en el momento oportuno. La Constitución esbozada por Ferrajoli comienza así: “Nosotros los pueblos de la Tierra, que en el curso de las últimas generaciones hemos acumulado armas mortíferas capaces de destruir varias veces la humanidad, hemos devastado el medio ambiente natural y puesto en peligro, con nuestras actividades industriales, la habitabilidad de nuestro planeta; conscientes (...) que por primera vez en la historia, el género humano, a causa de sus agresiones a la naturaleza, puede encaminares a la extinción; (...) promovemos un proceso constituyente de la Federación de la Tierra, abierto a la adhesión de todos los pueblos y todos los estados (...)” y, a partir de allí, enumera los artículos donde el primero lleva el título “La Tierra, casa común de todos los seres vivientes”. Porque de sobrevivir como especie en este hogar se trata.

No es pensamiento utópico a la Tomás Moro ni un reclamo hippie chic. Es una advertencia seria, y un camino posible por parte de uno de los juristas más lúcidos de la actualidad.

POR UNA CONSTITUCIÓN DE LA TIERRA, de Luigi Ferrajoli. Trotta, 2022. Madrid, 184 págs. Traducción de Perfecto Andrés Ibáñez.

Bombas en manos de un loco

Después de la caída del muro de Berlín, aunque previstas como crímenes por el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, nuevas guerras de agresión se han desatado o han sido provocadas por Occidente: en Irak en 1991, en la ex Yugoslavia en 1999, en Afganistán en 2001, de nuevo en Irak en 2003, en Libia en 2011 y luego en Siria durante todo el segundo decenio de este siglo. Añádase la difusión de las armas de fuego en todo el mundo, lo que indica, también en las comunidades nacionales, la ausencia del desarme de los asociados en beneficio de la criminalidad y del terrorismo, y la falta de realización del monopolio público de la fuerza teorizado por Hobbes, hace casi cuatro siglos, como condición del tránsito del estado de naturaleza al estado civil. Por eso la principal garantía constitucional de la paz, la vida y la seguridad debería consistir en la prohibición de todas las armas como bienes ilícitos, comenzando por los armamentos nucleares cuya tenencia y, antes aún, producción, debería ser prohibida de forma inderogable. Hoy, en el mundo, hay 13.440 cabezas nucleares (eran 69.940 al final de la Guerra Fría, antes del tratado sobre el desarme de 1987), en poder de nueve países: 6.375 en Rusia, 5.800 en Estados Unidos, 320 en China, 290 en Francia, 215 en Reino Unido, 160 en Pakistán, 150 en India, 90 en Israel y 40 en Corea del Norte.
Es solo un milagro que alguna de estas cabezas no haya caído en manos de una banda terrorista o que, en alguno de los estados que las poseen, el poder no haya sido conquistado por un loco. (tomado de Por una Constitución de la Tierra, de Luigi Ferrajoli; escrito por el jurista italiano antes de la agresión rusa a Ucrania de febrero 2022)

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