Terminar con la truchada

Es una epidemia y como tal se le debe poner fin. Me refiero a los títulos universitarios inexistentes que, en los últimos dieciocho años, al menos un par de docenas de altos funcionarios con responsabilidad política han dicho que tenían y nunca lo obtuvieron.

La historia es larga y conocida, comenzó en 2015 con el entonces vicepresidente de la República Raúl Sendic, autoproclamado licenciado en genética humana y graduado en la Universidad de la Habana. Se sabe solo la entonces senadora Lucía Topolansky vio el certificado de marras y defendió al licenciado trucho a capa y espada. Entre idas y vueltas el Frente Amplio todo, demoró casi dos años en resolver el caso. Sendic, también famoso por la farra de Ancap y sus tarjetazos, que nos costaron a todos los uruguayos US$ 900 millones.

Lo cierto es que durante los tres períodos consecutivos de gobiernos del Frente Amplio, hubo veintidós casos de funcionarios públicos que dijeron ser lo que nunca fueron. Hubo psicólogos truchos en el Ministerio del Interior, un senador (Leonardo de León) que se presentaba como ingeniero agrónomo, profesores titulados por aquí y por allá. En fin, un collar con varias cuentas y muchísimos cuentos.

En 2019, uno pensaba que ya todo estaba visto, pero no. Al promediar julio y completada la fórmula presidencial del FA para las elecciones nacionales, nos enteramos que la candidata a la Vicepresidencia, Graciela Villar no era psicóloga como figuraba en la página Web de la Junta Departamental de Montevideo. Villar (la de la oligarquía y pueblo, ¿se acuerda?) no había terminado Liceo y aspiraba a presidir el Parlamento.

Estos señores y señoras mintieron, se burlaron de toda la ciudadanía. Y allí siguen por la vida vaya saber uno embaucando a cuánta gente que de buena fe, le cree o les creyeron.

La historia parecía haber quedado saldado con el cambio de administración, pero lamentablemente no fue así.

En los últimos meses supimos que el ministro y exsenador Daniel Olesker, no tiene el título de economista con el que siempre se presentó. Al parecer logró la proeza de que en Bélgica le dieran un título de posgrado sin tener el de grado. Nada de eso figura en los archivos de la Udelar. Habrá que consultarla a Topolansky, seguro que algo vio.

Y a Olesker le siguió, pocos días después el entonces ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña. Licenciado en Administración de Empresa dijo que era y tras cartón, insistió y le mintió al Presidente de la República. Lo único rescatable de esta vergonzosa y condenable actitud, fue la rapidez con que se lo hizo renunciar. En cuatro días el tema estaba resuelto. Ahora parece que saltó un nuevo título trucho, esta vez en la Intendencia de Montevideo e involucraría a un jerarca de la Dirección Inclusión Social.

Por todo lo relatado, y para terminar de una buena vez con la farsa, sería muy bueno que el Parlamento le diera prioridad a un proyecto, del diputado de Cabildo Abierto, Rafael Menéndez que propone “la inhabilitación” para ejercer cargos en la administración pública de aquellas personas que hayan mentido o fraguado un título. También Menéndez plantea la creación de un “Registro” de las carreras cursadas por los funcionarios del Estado, al que la ciudadanía tenga acceso. Como dijo Menéndez, se trata de “transparentar” la función pública. ¡Es hora!