El apoyo unánime y el tratamiento rápido en el Parlamento, debería recibir la iniciativa del diputado colorado Conrado Rodríguez, que propuso otorgarle la nacionalidad oriental al último grupo de nicaragüenses declarados apátridas por la tiranía de Daniel Ortega.
La propuesta de Rodríguez ha sido bien recibida, aparentemente, por el Frente Amplio al menos por los sectores seregnistas, si nos guiamos por las declaraciones formuladas por el diputado Gustavo Olmos del sector Fuerza Renovadora. Claro que hasta hoy no se ha escuchado una condena categórica de la coalición de izquierda al régimen de Ortega.
Otro Rodríguez, Juan Martín, legislador del Partido Nacional se ha sumado a la propuesta de su colega colorado. Y según informó El País en su edición de ayer, la Cancillería ve con buenos ojos la iniciativa de proporcionar ciudadanía al contingente de hombres y mujeres denigrados por Ortega y su mujer.
Los últimos 94 nicaragüenses ultrajados son disidentes que viven en el extranjero hace tiempo. No solo se les quitó la nacionalidad, sino que también fueron despojados de sus bienes en Nicaragua. Entre ellos se encuentran los escritores mundialmente reconocidos Sergio Ramírez y Gioconda Belli y los periodistas Carlos Fernando Chamorro y Sofía Montenegro.
Ortega gobierna ininterrumpidamente en Nicaragua desde 2007. Su actual mandato es el fruto del fraude electoral y de unos comicios en que no hubo candidatos de la oposición.
Los casos de Ramírez y de Belli son los más impactantes. Ramírez, Premio Cervantes, integró la Junta de Reconstrucción Nacional, luego que fuera derrocado Anastasio Somoza en 1979. En 1984 fue electo vicepresidente de la República en la fórmula que encabezó Ortega, cargo en el que se desempeñó hasta el final del mandato en 1990. En 1998 tras obtener el Premio Alfaguara de Novela, abandonó la política para dedicarse por completo a la literatura. Desde hace unos años reside en Madrid y ha denunciado permanentemente las atrocidades cometidas por los Ortega-Murillo.
Por su parte Belli, poeta y novelista, desde muy joven abordó en sus textos sin tapujos la sexualidad y el cuerpo de la mujer. Entre 1970 y 1993 militó activamente en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSNL) la fuerza política de Ortega. A raíz de sus permanentes enfrentamientos con el régimen de Managua se radicó en Madrid hace ya varios años.
Que Uruguay le otorgue la ciudadanía a este numeroso grupo de perseguidos, es un gesto que honra la tradición democrática. Se sabe nuestro país ha sido calificado recientemente por The Economist, como la democracia más plena de toda América Latina y ocupa el puesto número once en el ránking mundial.
Que además esas ciudadanías sean concedidas por todas las fuerzas políticas, sería un contundente mensaje al mundo. De acuerdo a la Constitución, la resolución debe ser aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea General.
Este tipo de gestos, son los que hacen al Uruguay un país diferente. Llegado el momento, es de esperar que todos las fuerzas políticas acompañen la resolución. Quienes no lo hagan deberán rendir cuentas ante la ciudadanía.