Los secretos

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Fabián Muro

Lacrados en una oficina por orden ministerial; destruidos; aún en uso; guardados en el Archivo General de la Nación. Todas las opciones son válidas, dependiendo del interlocutor, sobre el destino de los archivos que el Estado elaboró durante la última dictadura.

Lo claro es que sigue siendo difícil acceder a algunos de los más importantes datos sobre lo ocurrido en esa época. Es así para investigadores, organizaciones de derechos humanos y hasta para los propios ciudadanos mencionados en esos ficheros.

Esto a pesar de que se han aprobado tres leyes que deberían facilitar el acceso a la información pública y no restringida. La 18.331 (protección de datos personales y acción de habeas data); la 18.381 (derecho de acceso a la información pública) y la 18.335 (sobre los derechos y obligaciones de usuarios y pacientes de los servicios de salud). Todas fueron promulgadas en 2008.

Los archivos de la represión -cientos de miles de documentos en variados soportes que incluyen fichas personales, grabaciones clandestinas, transcripciones de interrogatorios, constancias de fe democrática y detalles de operativos- provienen básicamente de tres ministerios: Relaciones Exteriores, Interior y Defensa.

Para la fiscal Mirtha Guianze es posible acceder, con mayor o menor grado de dificultad, a los archivos de cancillería e Interior. Pero no así a los de Defensa. Para poder llegar a ellos hay siempre algún obstáculo.

No es la única que opina así. En el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) el historiador Mauro Tomasini da la misma visión: "Este fue un país que tuvo, en comparación con su población, la mayor cantidad de presos políticos en el Cono Sur. Y el Estado uruguayo fue tradicionalmente burocrático y produjo un gran volumen de información. A modo de ejemplo, recuerdo una investigación en la que llegamos a la ficha de una persona y descubrimos que de esa única ficha había 42 copias repartidas por distintos lados".

Tomasini, así como otros investigadores, concuerdan en que es "evidente" que aquellos datos que fueron recopilados y procesados por los servicios de inteligencia militares están en algún lado, pero que por falta de voluntad política no se han divulgado.

"Cada vez que se intentó avanzar en el sentido de conseguir información del Ministerio de Defensa, el muro era compacto", dice un ex secretario de Estado de esa cartera quien habló a cambio de mantener su anonimato. "Y eso ocurrió con todos los gobiernos desde 1985 hasta acá. En Defensa sí que hubo unidad de acción. Siempre. Jamás se comportaron de manera diferente, viniera de donde viniera la orden de investigar".

Un ex preso político que integra la organización Crysol, y que también pidió no ser identificado, exigió ver sus archivos personales luego de la aprobación de las tres leyes que permiten acceder a esa clase de información. Pudo acceder a lo que estaba en los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior. En Defensa, no.

"Es más: se niega hasta la propia existencia de archivos", comenta. Entre las decenas de hojas que exhibe y que obtuvo gracias a las recientes leyes, hay de todo: fotos, su carrera académica, relaciones familiares, amistades, actividades políticas y hasta las visitas a un club de bochas.

Su interés es conocer -hasta donde sea posible- lo ocurrido en esos años, más allá de lo que le concierne directamente. Uno de los temas más acuciantes para él es el paradero de los desaparecidos. Y otro, obtener aquella información que sirva como evidencia médica acerca de las secuelas de las torturas y así, aquellos que aún las sufren puedan tener una reparación. "La ley establece que se tienen que comprobar lesiones `gravísimas` para poder ser reparado. El tema es que cuando se han efectuado pedidos de información al Hospital Militar, que depende del Ministerio de Defensa, la institución ha respondido que esos datos no existen".

El ex preso político saca, entre las fojas que pudo obtener, varias que dan cuenta de un detallado estudio médico cuando fue ingresado al Penal de Libertad. "Si esto fue confeccionado con tanto cuidado y guardado durante tanto tiempo, ¿es razonable que aquellos archivos del Hospital Militar, donde fueron internados y tratados varios compañeros míos, no estén o hayan sido destruidos?", se pregunta y se responde. "Yo creo que no, pero no se sabrá con certeza hasta que se compruebe efectivamente que esos papeles fueron destruidos".

El director del Hospital Militar, el coronel Alejandro Salaberry, dijo a Qué Pasa que esos datos no se encuentran. "Cuando un ciudadano hace un pedido de informes sobre la historia clínica que nosotros podamos tener, el Ministerio de Defensa nos encarga buscar en nuestro archivo de pasivos, que abarca aproximadamente medio millón de entradas, todas en papel", dice.

De acuerdo a Salaberry, cada pedido de información que se ha hecho -"recibimos muy a menudo pedidos así", aclara- motiva una búsqueda en ese archivo. "Pero no hemos encontrado nada. Y eso es lo que comunicamos", finaliza el jerarca militar.

La historiadora Vania Markarian recuerda que las aperturas de los archivos de cancillería -por decisión de Reinaldo Gargano y que José Díaz tuvo una actitud similar en el Ministerio del Interior- fueron hechos decisivos para comenzar el proceso de reconstrucción histórica.

"A partir de los documentos en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores se podía seguir un trámite y reconstruir la historia", dice Markarian, quien formó parte del equipo de académicos que elaboró el informe sobre violaciones a derechos humanos y detenidos desparecidos encargado por Tabaré Vázquez. "Hasta que llegaba al Ministerio de Defensa. Ahí se terminaba todo".

Desde esa cartera, el portavoz Leonardo Galante dice que todo lo que estuvo a disposición del ministerio fue entregado al Archivo General de la Nación. Su directora, Alicia Casas de Barrán, declaró que efectivamente recibieron un archivo de rollos microfilmados y que cualquiera puede consultarlos si se cumplen con los procedimientos estipulados.

La directora es consciente de que hay quienes dudan que esos rollos microfilmados sean los únicos archivos de la dictadura que el Ministerio de Defensa liberó. "Eso es entrar en valoraciones políticas y no me corresponde", afirma. "Mi cargo es técnico y sobre esos archivos, lo único que puedo decir es que están acá y se pueden consultar".

Es posible que puedan comenzar a dilucidarse este y otros tipos de interrogantes si el gobierno cumple con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la semana pasada encontró responsable al Estado en la desaparición de la madre de Macarena Gelman, María Claudia García. La Corte también dictaminó que Uruguay debe eliminar la Ley de Caducidad de su ordenamiento jurídico.

Pero además el organismo estableció, como parte de su fundamento, que más allá de la importancia que tienen los archivos para las investigaciones judiciales sobre violaciones de los Derechos Humanos, "en el marco jurídico existente las leyes que permiten el acceso a la información no han sido reglamentadas y no se ha diseñado una política pública que cumpla con estándares internacionales."

Para la Corte, el Estado debe "habilitar sin restricciones el acceso a los archivos y otras informaciones en poder de instituciones y funcionarios, o ex funcionarios del Estado". Los representantes uruguayos reconocieron que "en la gran mayoría de estos casos, no es claro el criterio que se usa para habilitar algunos pedidos y negar otros". Hasta ahora, las personas que han llevado adelante esa causa han declarado que "descuentan" que el Estado cumplirá con el fallo.

El miércoles, el presidente José Mujica dijo refiriéndose al caso Gelman: "Lo más fácil es arreglar la plata, pero no así la investigación. El gobierno va a hacer lo que puede".

Aunque algunas de las investigaciones más importantes sobre el terrorismo de Estado en Uruguay fueron realizadas a partir de los archivos oficiales de los tres ministerios que se mencionan en la nota principal, éstos no son los únicos que disponen de datos sobre la época. Como ilustraba Mauro Tomasini de Serpaj cuando decía que había encontrado 42 copias de la misma ficha (ver nota), así también hay documentos diseminados por distintas partes de la sociedad. La historiadora Vania Markarian llevó a cabo un relevamiento sobre estos datos y los publicó en un libro editado por la Universidad de la República. En total, se trata de 34 instituciones que tienen en su poder archivos (y repositorios documentales) sobre derechos humanos en Uruguay, desde el Archivo General de la Nación hasta el Teatro El Galpón, pasando por el archivo privado del ex senador socialista José Korzeniak, el de Fucvam y el del Servicio de Rehabilitación Social, entre otros. En el libro se da cuenta de la extensión de los archivos -el de la Biblioteca de Presidencia abarca un metro de carpetas y el del Centro Municipal de Fotografía cerca de 50.000 fotografías, por ejemplo- el estado y las maneras de acceder a ellos.