Lo que todos quieren

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FABIÁN MURO

A la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la Dinama, la esperan tiempos atareados. Por sus oficinas pasarán las autorizaciones de las principales inversiones privadas de las que se vanagloria el gobierno.

Aunque en la Dinama hay más de medio centenar de proyectos de inversión esperando ser aprobados, sólo los de la minera Aratarí y de la empresa de forestación y procesamiento de celulosa, Montes Del Plata, suman cerca de 3.000 millones de dólares de inversión.

El veredicto sobre el impacto ambiental de emprendimientos de ese calado pasa por una dirección que tiene 85 funcionarios (más 35 contratados) y ha sido calificada, desde el oficialismo como insuficiente para tamaña empresa.

Encima, se volvió un botín político disputado dentro del propio Movimiento de Participación Popular al que pertenece el presidente José Mujica. El viernes 10, éste anunció que la Dinama podría trasladarse a la órbita de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento (OPP) para agilizar los trámites necesarios para iniciar distintas inversiones. Hoy, la aprobación de un proyecto puede demorar más de un año y medio en estudios.

Activistas del medio ambiente aseguraron que la intención del Poder Ejecutivo es facilitar la aprobación de esa clase de proyectos, sin la rigurosidad de la Dinama. El gobierno ha dejado claro que los controles de la dirección son una suerte de "estorbo para el progreso".

Pero el lunes, luego de constatar que no recogía otras adhesiones más que las incondicionales, Mujica dio marcha atrás y al cierre de esta edición todo indicaba que la Dinama podría convertirse en una agencia de Presidencia con control parlamentario.

Los expertos que trabajan en la Dinama -que el año pasado dieron 266 autorizaciones ambientales y que examinan unos 9.000 expedientes por año- no están "a la altura de las necesidades y de los servicios que tiene que brindar", le dijo a La Diaria la diputada Susana Pereyra (MPP) luego de una reunión con el presidente.

El medio ambiente y las instituciones que se encargan de él -en particular Dinama- se volvieron un problema político del que se tironea en varias direcciones.

INTERNAS. Tras las idas y venidas en torno al destino de Dinama hay una lucha por cuotas de poder e influencia. Esa lucha, hasta ahora se ha dado principalmente entre jerarcas o cuadros del entorno del presidente y en particular entre emepepistas.

La salida del ex subsecretario del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente (Mvotma), Jorge Patrone -propuesto para el cargo por la senadora Lucía Topolansky- es una baja de esos enfrentamientos.

En el Mvotma, hay "algunos juegos de poder en el interior del MPP", dice el politólogo Oscar Bottinelli. "Más genéricamente en los espacios políticos que giran en torno al presidente y las personas más cercanas".

"Yo tuve apoyo de algunos compañeros del MPP", dice Patrone. "Para mí, esto se da porque no siempre se han dado señales muy claras". Más allá del apoyo de algunos actores del MPP, Patrone también reconoció que no contó con ese respaldo de otros integrantes del movimiento.

Tradicionalmente, la división de tareas en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), ha sido que el ministro se encargue de las políticas de vivienda y el subsecretario de las de medio ambiente. Patrone confirmó ese organigrama y agregó que casi hasta último momento estuvo sobre esos temas, pero el inexistente diálogo con la ministra Graciela Muslera -que llegó al ministerio luego de ser asesora de Topolansky- decidió que el presidente le pidiera la renuncia.

La vacante la ocupó Raquel Lejtreger, una arquitecta cercana al vicepresidente Danilo Astori.

Sobrecarga. Patrone, que renunció el miércoles 8, coincide en que la Dinama está sobrecargada, uno de los argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo para mudarla.

"Por ahí pasa todo, desde una intervención menor por parte de un particular hasta los grandes proyectos como Aratirí", dice Patrone. "Y los técnicos le ponen tanta devoción a una cosa como la otra. En materia de control ambiental previo, estamos en un alto nivel".

Un ingeniero especializado en control ambiental que pidió reserva ya que trabaja habitualmente con la dirección, coincidió con Patrone. Para él, quienes se encargan de emitir las autorizaciones ambientales trabajan a conciencia: "Estudian párrafo por párrafo".

Un resumen de 60 páginas de un estudio de impacto ambiental de Dinama que consideró viable la construcción de una planta de producción de cemento en Treinta y Tres -publicado en 2005- ofrece un ejemplo de cómo se procede. En este estudio trabajaron 15 expertos de 10 disciplinas: de ingeniería civil a escribanía, pasando por arqueología, meteorología y técnica botánica, entre otras.

Ese rigor es el que estaría enlenteciendo el despegue hacia el "desarrollo", como dijo el Prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa en una conferencia de prensa el lunes 13. Técnicos y jerarcas de Dinama sienten la presión del gobierno.

El director del organismo, Jorge Rucks, dijo a Qué Pasa que la dirección fue creada para otra realidad, una en la que el país no recibía tanta inversión. "Crece el sector del agro y el industrial, con emprendimientos de dimensiones nunca vistas y que tendrán impactos ambientales importantes", dice.

Estar a la altura del desafío es lo que, según Rucks, se pretende con el proceso de reestructura interna denominado fortalecimiento institucional que se realiza y con el ingreso de 13 nuevos técnicos. Pero ese también es un proceso lento.

Un ex jerarca de los dos últimos gobiernos que pidió no figurar con su nombre señaló que en el fondo del asunto hay un desafío de gestión respecto a las cuestiones del ambiente. Para este experto, hoy alejado de la función pública, Dinama puede seguir en la órbita ministerial, convertirse en una agencia o transformase en un ministerio aparte. Lo importante no es en qué régimen funciona sino cómo aprovecha el conocimiento disponible.

"Si llega a Dinama un pedido de autorización ambiental y justo no hay en el equipo un meteorólogo que sería indispensable ¿qué se hace? ¿Se inicia un proceso de contratación, con todo lo que eso implica?". Para la fuente, es de orden secundario si Dinama tiene 10 o 50 expertos a su disposición, porque jamás podrán con todo.

Un modelo propuesto, añade, podría ser el que se aplicaría en Brasil, donde el inversor destina 0,5% del monto total del proyecto al Estado, y éste le paga a distintos expertos para que realicen los estudios de impacto ambiental.

TIRANTE. El lugar común político establece que la cuestión ambiental debería ser uno de los puntos fuertes de una agenda de un gobierno progresista. La asociación ambientalismo-izquierda es predominante en muchos países europeos y latinoamericanos.

Sin embargo, las relaciones entre las organizaciones ambientalistas y la coalición de izquierda uruguaya no han sido fluidas. Ni en la administración de Tabaré Vázquez ni en la actual.

Si la instalación de la procesadora de celulosa Botnia-UPM fue uno de los principales problemas del gobierno de Vázquez, el equilibrio entre las urgencias por concretar grandes proyectos de inversión y el ritmo más sosegado que exige ser "Uruguay Natural" se ha ido consolidando como uno de los frentes más incómodos del actual gobierno.

El magister en Ecología Social, Eduardo Gudynas, ve en las más recientes medidas y anuncios del gobierno, la profundización de un proceso que viene deteriorándose desde la adminstración pasada. "Cuando Vázquez reactivó el Consejo Nacional de Economía, el único ministerio que estuvo excluido de ese consejo fue, justamente, el de Medio Ambiente", dice.

La concepción que imperó en el gobierno pasado y en el actual es que las cuestiones ambientales -con sus evaluaciones previas y controles posteriores- son una traba para el progreso. "No hay una sensibilidad ecológica en el gobierno", dice Gudynas quien integra el Centro Latinoamericano de Ecología Social.

En esa actitud negativa influyó mucho el prolongado conflicto en torno a la instalación de Botnia-UPM. "Todo el problema con Gualeguaychú le hizo muy mal al ambientalismo uruguayo, aunque hay que recordar que éste nunca pintó un panorama apocalíptico o estuvo en contra irracionalmente", según Gudynas.

Las tensiones no solo se dan entre el gobierno y las organizaciones ambientalistas. También entre quienes trabajan fuera del gobierno en temas ecológicos hay tirantez. El oceanógrafo, empresario y ex director de Dinama, Aramis Latchinian, publicó en el semanario Brecha una columna de opinión que critica las posturas de quienes se agrupan en torno a la consigna "No a la megaminería a cielo abierto" y que se oponen a la llegada de la empresa Aratirí y su extracción de hierro.

Para Latichinian, "el movimiento ecologista tomó inmediatamente la bandera de oposición a la megaminería, proponiendo el enfrentamiento absoluto e intransigente (en lugar de la regulación, la gestión, el control)".

Aunque en la columna también critica a los medios de comunicación por la simplificación de hechos y procesos complejos, y al gobierno por proponer una consulta popular que unas semanas después había sido olvidada, el experto ya había escrito en 2007 su coincidencia con la idea presidencial presentada el viernes 10: "El desarrollo ministerial` de la gestión ambiental estatal en Uruguay fue un buen inicio y permitió grandes logros (...) Sin embargo se ha transformado en una estructura pesada y con dificultades para dar respuesta a los nuevos desafíos".

Una de las principales críticas a la idea inicial del presidente de pasar la Dinama a OPP -luego modificada- era que se perdería control parlamentario sobre la dirección. Pero ni estando bajo órbita ministerial, dicen algunos portavoces ambientalistas, se cumple con la tan mentada "transparencia". Elizabeth Díaz, de Grupo Guayubirá, relata que tanto la ONG como más de un legislador que no quiere nombrar, intentaron saber en qué condiciones se había firmado el convenio con Montes Del Plata. "No fue sino hasta que lo medular de ese contrato apareció publicado en la prensa que el Poder Ejecutivo liberó la información".

Independientemente de la solución que se encuentre para el destino de Dinama, las últimas propuestas presidenciales dan cuenta -en sus vaivenes- del escaso desarrollo de la gestión ambientalista en Uruguay hasta el momento, más allá del rigor con el que, por lo visto, se realizan los estudios de impacto ambiental. u

Obstáculo. El Poder Ejecutivo da señales que ve a controles ambientales como una traba a inversiones.

Relación. El vínculo entre ecologismo e izquierda se viene deteriorando desde la instalación de Botnia-UPM.

PROYECTOS QUE PASARÁN POR LA DINAMA

Minería a cielo abierto

El recurso del hierro

Aunque el año pasado la empresa declaró que la inversión en Uruguay -que ronda los 1.500 millones de dólares- ya no era máxima prioridad, la decisión de invertir sigue en pie. El director de Dinama Jorge Rucks dijo el martes que el estudio de impacto ambiental recién estaría pronto para dentro de 18 meses. Además, hay otra empresa -la australiana Gladiador Resources- interesada en invertir unos 360 millones de dólares en minería.

Una apuesta aún mayor que UPM

Montes del Plata

El 4 de enero, las empresas Stora Enso y Arauco, obtuvieron la autorización del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para iniciar las obras. La primera etapa de construcción ocupará a unas 5.000 personas y la segunda de operación de la planta ocupará a 500 personas directamente y entre 1.500 y 2.000 indirectamente, según los anuncios de Presidencia. La inversión duplicará a la de Botnia: 2000 millones de dólares.

Además de ANCAP

Cemento internacional

Emprendimiento conjunto entre capitales brasileños, españoles y el Estado anunciado en agosto de 2011. La planta tendría capacidad para producir 750.000 toneladas de cemento al año en Paraje Otazo, en Treinta y Tres. La inversión será de 160 millones de dólares. Hay un estudio de impacto ambiental que considera la construcción "altamente viable" a cargo de la empresa Gea, dirigida por Aramis Latchinian, ex director de Dinama.

Un puente muy discutido

Laguna Garzón

Se discutió durante muchos años, pero esta semana Dinama emitió su autorización ambiental y el arquitecto Rafael Viñoly se encargará de diseñar el puente, aunque éste se había opuesto inicialmente a su existencia. La construcción que unirá los departamentos de Maldonado y Rocha será financiado por el empresario inmobiliario argentino Eduardo Constantini, que también urbanizará la zona.

Qué hacer con los residuos

Quemar la basura

Los residuos sólidos son uno de los problemas ambientales que Dinama puso como prioritarios a resolver durante este año. Cómo cumplirá con esa meta si pasa a la órbita de la OPP aún no se sabe. De todas formas, el gobierno anunció el interés de capitales italianos de instalar varias plantas incineradoras de basura en distintos departamentos del país para generar energía eléctrica y calefacción.

OSCAR BOTTINELLI (Politólogo, director de Factum).

¿A qué atribuye la escasa afinidad entre gobierno y ambientalismo?

Hay temas en los que el Frente Amplio no tiene una definición global y que no entran en los parámetros clásicos de la izquierda europea, por ejemplo. En cuanto al presidente, en un momento él expresó una visión más clásica acerca del rol de la mujer. Si ésta trabajaba eso sería porque el hombre no cumpliría con sustentar por sí solo al hogar. Como que estaría "obligada" a salir a trabajar. Eso es una visión más conservadora que la de la izquierda clásica. Y hay que tener claro que existen en el mundo segmentos ambientalistas que nada tienen que ver con la izquierda, como en Alemania.

¿El medio ambiente es prioritario en Uruguay?

No. En tiempos de crisis, lo más importante tiene que ver con la generación de empleo. En tiempos de bonanza, eso se matiza un poco, pero más allá de que una gran mayoría estaría de acuerdo en cuidar del medio ambiente, este tema no está dentro de las prioridades. En Uruguay no hay un grupo específicamente ambientalista, por ejemplo. Tampoco es una prioridad el tema de la vivienda. Aunque hay excepciones, la clase política pone estos temas en segundo plano.

¿El planteo del presidente jerarquiza a la cuestión ambiental?

Detrás de este planteo surgen varias cosas. Una es que en esta presidencia hay una confusión muy grande desde el punto de vista de la organización institucional. Curiosamente, en un momento en el que muchas fuentes del Frente Amplio fundamentan una reforma constitucional en la necesidad de ir hacia un sistema más parlamentario, el Frente Amplio ha llevado adelante los gobiernos más hiper-presidencialistas de los últimos años. Y este gobierno ha llevado el hiper- presidencialismo al extremo desde la restauración democrática. Tampoco está claro que la OPP es un órgano de planificación y no uno de ejecución.

Difícil captar a los expertos

El actual director de Dinama explicó que una de las dificultades para ser más ágiles en los procesos de evaluación de impacto ambiental, que luego pueden dar lugar a una autorización, es la dificultad de atraer hacia Dinama a los expertos en distintas disciplinas científicas que elaboran los informes e insumos para la toma de decisiones.

Las remuneraciones que ofrece el Estado en este sentido se dividen en cuatro escalafones (A, B-J, C-D y E-F). En los estratos superiores ("Retribuciones máximas nominales") un director de una División Profesional cuenta con un sueldo nominal de casi 40.000 pesos. El grado más alto, denominado "Alta especialización", percibe 50.654 pesos de sueldo nominal. En el sector privado, un geólogo -disciplina codiciada ante la posibilidad de que se comiencen las extracciones de hierro- oscilan entre 2.000 y 5.000 dólares, de acuerdo a un consultor del rubro que pidió no ser citado.

"Y esos sueldos son para puestos de técnicos, no para un cargo gerencial. Si el geólogo tuviera responsabilidades gerenciales, ganaría más. Los biólogos ganan un poco menos que eso", dijo el consultor.

266

autorizaciones ambientales fueron emitidas durante 2011 por la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

9000

expedientes al año son estudiados y evaluados por técnicos y expertos de Dinama.

3.000

millones de dólares abarcan, de llevarse a cabo, las inversiones en minería e industria de celulosa.

1

millón de dólares puede costar un estudio de impacto ambiental, si se trata de un inversión importante.