Un Camino Empedrado

El vínculo del Frente Amplio devenido oficialismo y las Fuerzas Armadas no necesariamente iba a ser sencillo. Nunca enfrentados directamente como gobierno -la mayor tensión es ahora por un presupuesto que consideran injusto-, en los últimos cinco años y medio de gobiernos de izquierda, la relación supo de idas y venidas. Tabaré Vázquez, que es un producto político posterior a la dictadura con la que tuvo vínculos que algunos denuncian como inadecuados, fue el primero en encarcelar figuras de la represión. José Mujica, un viejo enemigo de batallas, pareció encauzar una relación más auspiciosa pero algunos gestos han desalentado a los militares. Este es un repaso a los encuentros y desencuentros del Frente Amplio y las Fuerzas Armadas.

Marzo de 2005. Apenas 16 días luego de que Tabaré Vázquez asumiera el primer gobierno de izquierda en la historia, la Justicia anuncia la habilitación de excavaciones en busca de restos de detenidos-desaparecidos en cuarteles militares. Comenzaba una nueva interpretación al artículo 4° de la Ley de Caducidad, que permite la investigación de sucesos de la dictadura.

Abril de 2005. Por primera vez en la historia, un grupo de científicos uruguayos y argentinos se adentran en los batallones 13 y 14 y empezaron a excavar. Pasarían meses hasta que se encontrasen los primeros restos. En el ínterin la relación entre el gobierno y las fuerzas militares comienza a debilitarse. Las excavaciones se dirigieron en base a información aportada por las propias fuerzas. Esos datos llevaron al entonces secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, a mostrar a Macarena Gelman el lugar donde presumían se encontraba su madre, nuera del poeta argentino Juan Gelman. Vázquez había dicho que tenían un "99%" de certeza; los restos nunca aparecieron.

Octubre de 2005. El general Juan Córdoba pide pase a retiro tras ser relevado como comandante de la División I del Ejército por discrepancias con la política del Ejecutivo. Córdoba entiende que el Ejército debe amparar a los militares citados por la Justicia. Ángel Bertolotti, jefe de la fuerza, se mantiene firme en colaborar con las indagatorias.

Noviembre de 2005. Se encuentran los restos de los militantes Ubagesner Cháves Sosa y Fernando Miranda. Son los únicos dos cuerpos que el gobierno de Vázquez logró localizar.

Febrero de 2006. El mandato de Bertolotti llega a su fin. El gobierno aplica por primera vez su reforma al régimen de ascensos, que permite la promoción entre todos los oficiales en condición de ascender. Carlos Díaz es nombrado jefe del Ejército, quien se había manifestado a favor de poner fin al tema de derechos humanos. Por disentir con el cambio de reglas , dos generales pidieron su pase a retiro.

Marzo de 2006. La Justicia uruguaya comienza a investigar la desaparición del militante tupamaro Washington Barrios y la muerte de su esposa, Silvia Reyes. Los militares comienzan a desfilar por los juzgados. En mayo, como parte de la investigación en Argentina del asesinato de María Claudia García de Gelman, son detenidos cinco militares retirados: José Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Rama, Ricardo Arab y el ex policía Ricardo Medina. En setiembre el gobierno comienza la construcción de la Unidad n°8 en Domingo Arena y Camino Mendoza para alojar a los militares retirados procesados por delitos cometidos durante la dictadura.

Abril de 2006. La Justicia uruguaya resuelve la detención de Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli y su extradición a Chile. Los tres militares son investigados y requeridos desde 2004 por su vinculación con el secuestro y posterior asesinato del químico Eugenio Berríos, integrante de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y encargado de fabricar gas sarín. Son extraditados a Chile.

Octubre de 2006. Carlos Díaz recibe en un asado con el ex presidente Julio María Sanguinetti y al ex ministro de Defensa, Yamandú Fau. El gobierno señala que el encuentro no había sido comunicado a la entonces ministra de Defensa, Azucena Berrutti, y releva a Díaz. Los generales Miguel Dalmao y Pedro Aguerre, quienes también habían sido ascendidos en 2005, son sancionados. Vázquez apuesta a Jorge Rosales como comandante del Ejército, pero también con él tiene problemas. El militar reclama públicamente el regreso de los militares uruguayos extraditados por el caso Berríos y hasta reivindica el accionar durante la dictadura. El hecho le vale apenas una observación.

Marzo de 2007. El jefe de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, hace un duro discurso en conmemoración de los 94 años de la fuerza. Reclama que los tupamaros den un "paso adelante" en la superación de los hechos de la dictadura militar. También asegura que el golpe de Estado que sobrevino en 1973 fue "una causa, una consecuencia" de la guerrilla. Antes Bonelli ya había reclamado el reconocimiento del "nunca más" a todas las partes involucradas.

Mayo de 2007. Continúan las indagatorias judiciales. Bonelli reconoce la existencia de un segundo vuelo que trasladó a detenidos-desaparecidos desde Argentina hacia Uruguay en 1977. El militar ya había reconocido ante el Ejecutivo haber sido copiloto en la nave.

Octubre de 2007. El general Raúl Gloodtdofsky -quien fuera ascendido por Tabaré Vázquez y promovido por el Ejecutivo para un cargo en la ONU- desató una polémica al declarar que las fuerzas armadas habían "traicionado una vez más al" Ejército en el tema derechos humanos. Gloodtdofsky también había asegurado que el Ejército estaba solo enfrentando al gobierno "marxista". Resultó sancionado.

Diciembre de 2007. Desde Italia llega la noticia de la detención del ex marino Jorge Tróccoli. Su arresto había sido solicitada por el juez Luis Charles en el marco de la causa que investigaba el traslado de detenidos-desaparecidos desde Argentina hacia Uruguay en 1977 y 1978. Un mes después queda en libertad. Se descubre un error por parte de la embajada uruguaya en Italia -que no presenta los papeles de extradición en fecha-. El embajador uruguayo es relevado.

Febrero de 2008. El gobierno presenta su proyecto de Ley de Defensa. Se plantea una estructura más politizada y con menos injerencia de los militares, cuyo rol es de asesoramiento, que despierta quejas entre las fuerzas armadas. Los jefes militares dicen que quedaron "fuera de la mesa". Además, a través de un decreto, el Ejecutivo libera a los militares del secreto profesional.

Agosto de 2008. La fiscal Mirtha Guianze pide 20 años de prisión para el ex canciller Juan Carlos Blanco, quien en 2002 es procesado por la desaparición forzada de Elena Quinteros. En 2006 Blanco es procesado también por asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

Diciembre de 2008. El ex comandante en jefe del Ejército, Angel Bertolotti, reconoce que por lo menos uno de los militares consultados para el informe que brindó al Ejecutivo sobre el enterramiento de detenidos-desaparecidos, le había mentido.

Marzo de 2009. Condenan a penas entre 20 y 25 años de prisión a ocho ex militares y policías por crímenes relacionados con el Plan Cóndor. En octubre condenan a Gregorio Álvarez y a Juan Carlos Larcebeau a 25 y 20 años de prisión respectivamente también por maniobras del Plan Cóndor.

Mayo de 2009. El gobierno prepara un decreto que permite el ingreso a las fuerzas armadas por parte de homosexuales. Centros militares y oficiales retirados rechazan la iniciativa.

agosto de 2009. La Auditoría Interna de la Nación objeta el "manejo en efectivo" de 30 millones de dólares que la Armada recibió entre 2006 y enero de 2009 por la participación de sus fuerzas en las misiones de paz de la ONU.

Febrero de 2010. Condenan a Juan María Bordaberry a 30 años de prisión por atentado a la Constitución, nueve casos de desaparición forzada y dos ilícitos de homicidio político.

Junio de 2010. Surgen las primeras denuncias acerca de manejo irregular de fondos en la Armada.