Ensayo y error

Paula Barquet

A ocho meses de que asumieran alcaldes y concejales del flamante tercer nivel de gobierno, los logros de los 89 municipios están atravesados por mucha improvisación y la sensación de que el tiempo de transición ha sido largo y dificultoso.

Como no había un presupuesto previo con el cual funcionar, los alcaldes han tenido suerte variada para conseguir fondos durante el segundo semestre de 2010. Algunos reciben partidas fijas de la intendencia, otros piden cada vez que precisan gastar, en algunas localidades han logrado hacerse de los impuestos de zonas rurales, y en varios casos resuelven los gastos con donaciones, gestos de solidaridad local y modestas cajas chicas. Los presupuestos quinquenales -definidos en el marco de cada proyecto departamental con posterior debate y anuencia de cada junta- tienen como plazo máximo de aprobación los primeros días de mayo, aunque algunos departamentos terminarán antes ese proceso.

La improvisación también está vinculada con la falta de reglamentación de la Ley de Descentralización. Los gobiernos departamentales que avanzaron más rápido en esto fueron Montevideo, Rocha y Canelones, seguidos por Maldonado y Río Negro. Del resto, muchos están en proceso de reglamentación y otros lo terminaron hace poco. En varios casos el funcionamiento y las rutinas cotidianas municipales han quedado librados a la voluntad del alcalde y los concejales.

En los municipios donde había juntas locales autónomas previas, la situación no parece haber cambiado sustancialmente. La estructura es muy similar: en vez de cinco ediles son cinco concejales.

Según Abel Oroño, asesor del Congreso de Intendentes, ex director de Descentralización de la Intendencia de Canelones e investigador en temas de gestión descentralizada, los "antecedentes de autoridad local" es una de las variables que ha marcado el nivel de éxito en gran medida, ya que allí había "experiencia presupuestal y relativa capacidad de gestión". Otros factores que influyen según Oroño son la cantidad de habitantes y la "ideología" del intendente: qué tanto afán de delegar tareas tiene.

La ley establece cometidos, algunos muy generales como "coordinación y promoción del desarrollo regional" y otros más específicos como "atender lo relativo a la vialidad y el tránsito, el mantenimiento de los espacios públicos y pluviales, sin perjuicio de las potestades de las autoridades departamentales al respecto".

Sin embargo, algunos intendentes han permitido a sus alcaldes tener injerencia en las materias que competen a las direcciones nacionales. Por ejemplo, el de Tacuarembó, Walter Ezquerra, transfirió formalmente al alcalde de Paso de los Toros la Dirección de Obras y la Dirección de Servicios a la Alcaldía, y en los hechos el equipo municipal toma decisiones en todas las direcciones con excepción de Desarrollo: Ezquerra explicó que esa "debe seguir una política departamental".

En cambio, algunos municipios como el de Nuevo Berlín (Río Negro) no han recibido muchas tareas en las que ocuparse y se han tenido que limitar a un "funcionamiento básico". "La gestión es un proceso gradual de descentralización, establecido por ley, pero sujeto a la transferencia de atribuciones por parte del Ejecutivo", comentó Sergio Milessi, alcalde de esa localidad. "Hasta ahora no nos han adjudicado ningún área, entendiendo que gestionar implica la transferencia de recursos".

En la misma línea, Alejandra Paz, alcaldesa blanca de Tomás Gomensoro (Artigas), percibe que a pesar de tener un "excelente diálogo" con la intendenta frenteamplista Patricia Ayala, "se han dado muestras de centralismo total". "La descentralización política existe por ley y porque en mayo fuimos electos por la ciudadanía, pero en lo demás no se da", afirmó Paz.

En su municipio, con experiencia de junta local de la cual ella era secretaria administrativa, se redactó un presupuesto que por ambicioso sufrió tres recortes. La queja de Paz es que en ese proceso no se consultó a las autoridades municipales qué priorizar y qué no. Alcaldesa e intendenta también han tenido diferencias en cuanto al cese de funcionarios empleados en período electoral. "No es un esquema fácil ser de partidos diferentes, porque evidentemente la descentralización supone pasaje de poder", reflexionó Paz.

En el municipio colorado de Casupá también saltaron diferencias a la hora de definir el presupuesto. Los colorados se comparan con el otro municipio de Florida, donde la alcaldesa es nacionalista al igual que el intendente, Carlos Enciso: "mientras a Sarandí Grande le dan más de 100.000 pesos por año, a Casupá no se le da un peso".

Opositores y amigos. Durante la campaña electoral, un argumento en contra de la creación del tercer nivel de gobierno era la posibilidad de que un municipio fuera de distinto pelo político que el intendente, dando por sentado que eso conllevaría dificultades.

Los resultados en las urnas hicieron que en Maldonado hubiera cinco alcaldes opositores de ocho, en Salto cinco de seis, en Canelones 11 de 29, y en Río Negro, Florida, Colonia, San José, por citar algunos casos, hubiera un municipio "solo" en un entorno conquistado por otro partido político. Nueve departamentos lograron el triunfo unánime de todos los municipios en consonancia con la intendencia: Montevideo, Tacuarembó, Paysandú, Durazno, Treinta y Tres, Soriano, Flores, Lavalleja y Rocha.

Aunque en ciertas localidades la hipótesis se comprueba -Tomás Gomensoro o Casupá- la sorpresa es que también han surgido conflictos en casos de supuesta alineación política.

Fuentes de la intendencia canaria, a cargo del frenteamplista Marcos Carámbula, reconocieron llevarse mejor con los alcaldes blancos y colorados, y no escatimaron en elogios: "Han asumido muy bien que no interesan los colores. Han sido ediles o provienen del sector privado y tienen carpeta en temas institucionales". Igual, en la comuna saben que a un año de las elecciones comenzarán a aparecer las discrepancias.

Los municipios frenteamplistas, en cambio, "no entienden cuando les decís que no hay plata, te dicen `no seas malo, lo hacés porque no soy de tu sector`". En Canelones el déficit financiero se mantiene a pesar de los esfuerzos por mejorar la recaudación de los contribuyentes.

El intendente nacionalista de Colonia, Walter Zimmer, se queja de que con la alcaldesa de Tarariras, Diana Olivera (también nacionalista), "el diálogo es nulo" y aunque se debe a "cuestiones internas del Partido Nacional", eso redunda en que allí "hacen lo que quieren".

También hay "problemas de relacionamiento", admitió el intendente, con el municipio de Nueva Palmira. Allí el alcalde (nacionalista, del mismo sector que Zimmer) y los concejales "se disparan de forma muy autónoma y no consultan a la intendencia". Zimmer piensa que los municipios "no pueden ser tan autónomos que vayan en contra del proyecto departamental que se votó". En Nueva Palmira relativizaron el asunto como un "pequeño tire y afloje".

Ejemplos de inesperado buen relacionamiento son el de Zimmer con el municipio de Juan Lacaze, gobernado por Darío Brugmann (FA), y el del intendente blanco de San José, José Luis Falero, con el alcalde de Ciudad del Plata, Jesús Cenández (FA). A Falero y Cenández se los suele ver conversando amistosamente en actos y conferencias de prensa.

ALCALDES CUESTIONADOS. Apenas se conocieron los nombres de los alcaldes electos, los más particulares cobraron notoriedad. Se supo que la alcaldesa del Chuy (Rocha), Mary Urse, es dueña de un prostíbulo. Hace poco el alcalde de Casupá (Florida) dijo a El País sin tapujos: "Por costumbre voy al bar a tomar un par de whiskysitos, esperan a que me siente y caen con los reclamos...".

Pero más allá de la extravagancia de algunos jefes municipales, otros han sido duramente cuestionados por asuntos más trascendentes para la localidad.

Raúl Estramil, alcalde frenteamplista de Santa Lucía (Canelones) fue acusado de "falsificación ideológica de documento público" al autorizar un expediente que no había sido aprobado por el resto de los concejales. Estramil lo negó y los concejales blancos le retiraron su confianza.

Al alcalde de Aguas Corrientes, el nacionalista Álvaro Alfonso, se lo denunció por difamar al edil comunista Carlos Tutzó en el libro Secretos del Partido Comunista del Uruguay. Alfonso fue sentenciado a 24 meses de prisión y aunque los cumplirá con libertad ambulatoria, hace poco se descubrió que aún figuraba como funcionario de OSE y la Constitución prohibe dicha condición. Hay otros alcaldes sospechados de haber mantenido su empleo público.

El de Bella Unión (Artigas), el frenteamplista William Cresseri, asumió la alcaldía a pesar de estar procesado sin prisión por el delito de abuso de funciones en su carácter de aduanero. Como no se dictó su sentencia, no se le suspendió la ciudadanía y Cresseri se desempeña en el municipio con normalidad.

Otro caso que publicó El País hace apenas unos días es el del alcalde de Paso de los Toros (Tacuarembó). Juan José López, del Partido Nacional, fue acusado por abuso de funciones al haber clausurado un parador de la localidad. La versión del subconcesionario es que el alcalde lo insultó y adujo que podía cerrar el local porque era suyo.

En Treinta y Tres se criticó a la alcaldesa de Vergara, María del Carmen Muniz, por haber clausurado un matadero municipal en supuestas condiciones de insalubridad, y en la localidad de Santa Clara, del mismo departamento, al alcalde Oscar Viera se lo cuestionó por la forma en que resolvió la contratación de personal.

Con todo, el Congreso de Intendentes aún no ha realizado ninguna evaluación y no ha difundido indicadores de las gestiones municipales. Oroño informó que cuando comiencen a regir los nuevos presupuestos, se trabajará en esa línea.

Dijo, también, que se aspira a crear una suerte de comité o asamblea de alcaldes, tal como existe con los intendentes y los ediles. Pero por ahora, cada municipio con su tema. (Producción: José Luis Álvarez, Néstor Araújo, Pedro Clavijo, Humberto Ramírez, Marco Rivero, Daniel Rojas, Daniel Sosa, Alexis Trucido y Roberto Vasconcellos)

A los municipios se les ha encargado por ley ciertas tareas cotidianas como el barrido, la poda, el mantenimiento de la calles. Para eso, sin embargo, en muchos casos no se ha destinado ni el personal ni la maquinaria necesaria. En algunos casos reclaman que la intendencia les otorgue partidas extra para poder realizar inversiones. Esperan el presupuesto quinquenal, que en algunos casos ha llegado a la junta muy distinto a lo que se planteaba originalmente. Algunos alcaldes reconocieron tener dudas de que ese dinero efectivamente llegue a los municipios.

millones de pesos anuales están previstos en el presupuesto nacional para el Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios.