La CAP-L tiene un ministro, un senador, dos diputados y logró 75.000 votos en 2009, pero formalmente no está en el Frente Amplio (FA): no tiene poder de decisión allí. Y eso que viene intentando entrar desde 2007.
Cuando se cumplieron los 40 años de la coalición, el sector no logró incluir un orador en el acto que se realizó el 4 de febrero: la Mesa Política lo rechazó en forma expresa. Pablo Álvarez, director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura e integrante de la dirección de la CAP-L, dice que "es llamativo" que se exijan firmas y no se permita el ingreso directo al FA justo cuando hay un debate interno sobre la reestructura de la fuerza. "En el fondo, como decía Perón, para los amigos todo y para los demás la ley", dice Álvarez.
Más irónico es Eleuterio Fernández Huidobro, quien en marzo pasado dijo en la radio AM Libre que la CAP-L llena papeleo "como si fuera una oficina pública" y que el sector es víctima de "una resolución burocrática, muy uruguaya", como parte de un proceso "kafkiano". Huidobro dijo que hay "burócratas" en el FA y "una lucha por el poder interno, de gran mezquindad; una lucha muy chiquitita, microscópica, piojosa".
La CAP-L junta firmas desde hace menos de dos años, pero aún está lejos. Conocedor de los vericuetos estatutarios del FA, el secretario de organización Alfredo Curbelo dice que hay un atajo: la situación se solucionaría si envían una nota diciendo que Izquierda Abierta del senador Carlos Gamou (un grupo que sí está registrado en el FA y a la vez integra el sector de Huidobro) ahora se llama CAP-L. "Pero es una decisión política que deben tomar ellos", dice Curbelo.