Cambio de planes

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The Economist (*)

América Latina es rica en las codiciadas commodities, y eso incluye los narcóticos. La hoja de coca, desde la que se refina la cocaína, crece en las laderas de los Andes. México produce más heroína que cualquier otro lugar del mundo -a excepción de Afganistán- y tanto así de cannabis. Los traficantes latinoamericanos incluso se están diversificando hacia las drogas sintéticas y las metanfetaminas.

La ilegalidad de este exitoso negocio de exportación significa que los miles de millones de dólares de las ganancias van para bandas criminales. Sus batallas por el control del mercado tiene un alto costo: de acuerdo a Naciones Unidas, ocho de los países más violentos del mundo están en América Latina o el Caribe. Las drogas no son el único negocio del crimen organizado, pero cuentan como la mayor parte de los ingresos de las bandas y de financiación de su poder de fuego. Honduras, un punto estratégico en la ruta del tráfico, tiene la tasa de homicidio más alta del mundo, cerca de 80 veces más que la tasa de Europa occidental.

Y eso a pesar de tres décadas de lo que ha sido conocida como la "guerra" a las drogas en la región, inspirada por Estados Unidos, y seguida como diversos grados de entusiasmo por los gobiernos latinoamericanos. ¿O todo esto pasa por la guerra a las drogas? Hasta ahora, las críticas al prohibicionismo de las drogas, ha llegado sólo de líderes políticos retirados. En un informe de 2009, tres respetados ex presidentes (el brasileño Fernando Henrique Cardoso, el colombiano César Gaviria y el mexicano Ernesto Zedillo) declararon que la guerra a las drogas había fracasado, y demandaron acercamientos alternativos. Cardoso ha llamado a la legalización de algunas drogas.

Recientemente, también empezaron a hablar algunos presidentes en actividad. El mexicano Felipe Calderón llamó a un "debate nacional" acerca de la legalización, a pesar de que después pareció olvidarlo. Después que un de un ataque incendiario de una banda de narcotraficantes mató a 52 personas en un casino, declaró que si Estados Unidos estaba decidido a seguir importando drogas, debería buscar alternativas de mercado y debería "liberar puntos de acceso que no sean la frontera con México".

En noviembre, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, le dijo al diario británico Observer: "Si (sacarles las ganancias de la traficantes) significa legalizar, y el mundo piensa que esa es la solución, le daré la bienvenida". Los siete países de América Central, más México, Colombia y la República Dominicana, han declarado en conjunto que "si (cortando la demanda) no es posible, como la experiencia reciente lo demuestra, las autoridades de los países consumidores deberían explorar todas las alternativas posibles... incluyendo opciones regulatorias o de mercado".

Aquellos que piden un final a la guerra, no pueden ser descartados por ser unos liberales insípidos y sentimentales. Otto Pérez Molina, el nuevo presidente de Guatemala, es un ex general que durante la campaña electoral prometió un "puño de hierro" contra el crimen. En febrero, llamó a la descriminalizar el tráfico de drogas, diciendo: "Se podría eliminar el lavado de dinero, el tráfico de armas y la corrupción". En una encuesta de El Periódico, el 79% de los guatemaltecos está en contra de descriminalizar las drogas. Pero Pérez, quien goza de la confianza de sus votantes en el tema seguridad, ha estado presionando, enviando a su vicepresidente a una gira regional para recolectar apoyos.

Estados Unidos parece haberse percatado de este desdén hacia su guerra. Durante una visita a México y Honduras a comienzos de mes, el vicepresidente estadounidense, Joe Biden, dijo que la legalización era un tema que "valía la pena discutir", pero agregó que no había posibilidades de que este gobierno se baje de su oposición a ello. Su llamado a mantenerse firmes fue socavado por el anuncio de que los fondos de Estados Unidos para la seguridad en América Central serían cortados a 105 millones este año, de un promedio de 120 millones de los últimos tres años. Sin más dinero, la región no tiene esperanzas de contener a las mafias criminales. El choque de un helicóptero militar en Guatemala el mes pasado dejó sólo dos funcionando; la vecina Belice no tiene ni un helicóptero.

Hay quienes se preguntan si estas conversaciones no son un ardid para sacar más ayuda extranjera. Pérez, por ejemplo, quiere que Estados Unidos reinicie la ayuda al Ejército guatemalteco, prohibida debido a abusos a los derechos humanos en el pasado. Calderón, cuyo partido enfrenta una lucha cuesta arriba en las elecciones presidenciales de julio, ha recurrido a menudo a chivos expiatorios para lo que muchos mexicanos perciben como un fracaso de su guerra de cinco años contra los traficantes.

Algunos países latinoamericanos, como algunos en Europa, tiene un acercamiento más suave que Estados Unidos en cuanto al consumo, enfocándose más en la educación y el tratamiento. Varios (entre ellos Uruguay) permiten la tenencia de pequeñas dosis personales. En Brasil, los consumidores son condenados a realizar trabajos comunitarios, mas que a ir a prisión. La Suprema Corte brasileña debería manifestarse este año sobre si el consumo de drogas debería ser descriminalizado.

La dificultad para muchos países latinoamericanos es que, escasos de legislación, es bravo replicar esa "reducción de daño" cuando se trata de la producción y transporte de droga. Es la prohibición que lo que aporta las ganancias que atraen al crimen organizado. El caso de Bolivia, por ejemplo, que el año pasado abandonó la convención de Naciones Unidas sobre Narcóticos de 1961, porque quería protección legal para el uso tradicional de las hojas de coca, que son masticadas por los indígenas y bebidas como té. El 12 de marzo, el presidente boliviano, Evo Morales, quien también trabaja de líder del sindicato de los trabajadores de la coca, mostró una hoja de coca en el encuentro anual de la comisión de las Naciones Unidas en Viena, urgiendo que su país sea readmitido en la convención con una exclusión para la coca.

Morales ha aumentado la cantidad permitida de coca para uso tradicional de 12.000 hectáreas a 20.000, en espera de un estudio de cuánto en realidad se requiere. Autoridades extranjeras dicen que ese incremento no está justificado. La mayoría de la coca en Bolivia (31.000 hectáreas en total), está siendo destinada a la cocaína de exportación, principalmente hacia Brasil, donde las ciudades están sufriendo una epidemia de crack. Después que el presidente Morales expulsó del país a la DEA, la oficina estadounidenses de combate a la droga, la policía federal brasileña redobló las operaciones antidrogas con su contraparte boliviana.

Perú ha remplazado a Colombia como el principal exportador de cocaína. Después que Ollanta Humala asumiera como presidente en julio del año pasado, su primer jefe antidrogas, Ricardo Soberón, un ex activista en organizaciones no gubernamentales, anunció la sorpresiva suspensión de los esfuerzos para la erradicación de la coca, pero sin poner en su lugar ninguna otra política sobre el tema. A Soberón lo echaron; quien lo reemplazó viene de trabajar para una organización antidrogas financiada por Estados Unidos.

Hoy, sábado 24, Pérez, el presidente guatemalteco, está siendo el anfitrión de un encuentro entre presidentes centroamericanos, además de Calderón y Santos. El objetivo es acordar una propuesta para llevar a la Cumbre de las Américas del mes próximo, una reunión regional que incluirá a Estados Unidos y Canadá. Santos, el anfitrión de la reunión, ha dicho que pondrá la descriminalización en agenda. Ha comenzado un debate pero será uno de los largos.

(*) Traducción: Fernán R. Cisnero

de los países más violentos del mundo son centroamericanos y se debe al tráfico de drogas.

mil hectáreas en Bolivia están destinados a la producción de coca para exportar cocaína.

millones de dólares aporta el gobierno de Estados Unidos para la seguridad en América Central.

veces más alta que en Europa Occidental es la tasa de homicidios en Honduras.