Otra confusión de roles

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Es común que desde estas columnas se reclame el respeto a la institucionalidad, entendida ésta especialmente en el sentido de los límites que existen para el ejercicio del gobierno. En la administración socialista este tema ha sido recurrente, porque son varios los abusos que se han conocido en la actividad agropecuaria. Así por ejemplo recuerdo las citaciones a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para toda la cadena cárnica con el fin de bajar a la fuerza los precios, resultando ello en una transferencia de recursos del productor al consumidor, totalmente demostrada, de varias decenas de millones de dólares como se denunció. O del "asado del Pepe" con igual resultado. No se puede olvidar tampoco la distorsión completa de un permiso sanitario, el llamado Afidi (Acreditación Fitosanitaria de Importación), utilizado en la granja no solo como traba ilegal a las importaciones, sino incluso como forma de cuotificarlas caso a caso. La discrecionalidad total, pero en este caso hecha ley aunque consagrando una intromisión indebida, se ha conocido en el tema de las sociedades anónimas, o de la propiedad de tierra por parte de figuras diferentes a la persona física; en ambos casos se sigue un procedimiento engorroso, discrecional, y sin plazos claros de resolución.

Otro tanto ocurre con la legislación sobre suelos, que es un atropello grave al derecho de propiedad, por el cual habrá que pedir permiso al MGAP para sembrar, y el gobierno responderá en base a su criterio acerca del cuidado del suelo, que no tiene por qué coincidir con el del usuario o del propietario; ni es mejor ni más legítimo. Hay que pedir pues permiso para muchas tareas que nada tienen que ver con el derecho de todos, y solo responden a la visión política en el peor sentido del término, que en cada caso ostente la decisión gubernamental. Es que poco a poco muchos aceptan que un gobernante diga que un derecho común de todos es en realidad una facultad del gobierno que lo concede caso a caso, cuando no es así. Parece haberse olvidado la época en la que los gobernantes preferían destacarse, no por meterse en la vida diaria de cada uno, sino por generar reglas de juego generales, impersonales, de cumplimiento universal, otorgando el protagonismo a la gente.

SUBSECRETARIO. El desiderátum de este trastocamiento de los valores lo exhibió el nuevo subsecretario del MGAP, a quien tuve la ocasión de oír en una entrevista radial. El periodista le preguntó por la suerte que en ese momento correría la expedición de los mal llamados permisos de exportación en pie. El subsecretario respondió señalando que se trata de un tema difícil porque hay gente a favor y en contra, pero lo que más me llamó la atención es que señaló que esta liberación de permisos para exportar ganado en pie es una decisión política. El ex ministro Aguirrezabala por la misma radio le contestó con acierto que siempre y en todo hay gente a favor y en contra, y le reclamó determinación y seriedad para tomar decisiones difíciles; y tiene razón.

Pero en lo que se equivocó peor el subsecretario es en señalar que la cadencia en la liberación de permisos es una decisión política. Esta es la confesión de parte de una distorsión, un atropello, una desviación de poder. La exportación en pie es desde el punto de vista legal, totalmente libre. Para los que hemos elegido vivir en la libertad que confiere la esclavitud a la norma, no podemos aceptar que cualquier funcionario sustituya una norma -general, impersonal, obligatoria para ciudadanos y autoridades- por lo que llama "decisión política". Ésta no es otra cosa que su discrecionalidad ilegítima, porque la exportación en pie es totalmente libre, y solo el abuso en la expedición de permisos sanitarios que no hay ningún derecho de cuotificar, la ha convertido en un asunto de decisión política, de atropello. No es que no se pueda prohibir exportar, pero esto se debe hacer conforme a derecho, nunca de acuerdo a lo que opinen el ministro o el subsecretario, actuando de ese modo tan afín al gobierno socialista que es hacerlo caso a caso, que es un modo poco transparente, y que no da la justicia que se espera de la norma.

El subsecretario así deja en evidencia lo que todos sabemos: que la exportación en pie el gobierno la ha eliminado sin norma. Hemos pasado de un régimen de libertad a otro de discrecionalidad que es lo peor. Por eso dice mal el ministro cuando señala por una parte que los permisos se expiden según la disponibilidad de funcionarios, y por otra que ha firmado muchos de ellos. En todo se equivoca, a partir de una ignorancia culpable del funcionamiento institucional. Primero, si los exportadores tienen un derecho, éste no puede ser conculcado por falta de funcionarios, no es aceptable. Segundo, el derecho existe sin sujeción a expedición alguna de permisos sanitarios, que es un abuso para limitar el derecho sin ley que lo permita. Tercero, aunque se firmen permisos, todos sabemos y lo confirma el subsecretario, que se liberan al socaire de vaya a saber qué cosa, y esto es lo peor. Siempre lo subrayo: lo más grave no es que una actividad lícita se prohíba. Peor es que se lo haga caso a caso, porque hay pocos funcionarios, porque el precio sube o baja, porque hay gente a favor o en contra, porque le parece a cualquier autoridad. Todo resulta en que para ejercer un derecho hay que recorrer pasillos y hacer antesalas.

RETROCESO. En el mejor momento de precios la ganadería de carne se ha detenido. Desde 2006 no crece más en ningún guarismo de producción o de productividad, y la inversión evidenciada por ejemplo en vientres entorados o área mejorada se detuvo. En ello hay influencia notoria de la baja calidad de las políticas, que día a día han agraviado al empresario con amenazas de fijaciones de precios o detracciones, intervenciones, inestabilidad, discrecionalidad, y ahora persecución tributaria derivada no solo de un impuesto como el ICIR sino de los que se dice vendrán. La misma incertidumbre es la que está haciendo caer la inversión agrícola medida por el área sembrada, que empieza a reducirse por inestabilidad en las reglas, encarecimiento de todo por temas cambiarios, de infraestructura, de demagogia salarial.

La calidad de las políticas, signada por el creciente intervencionismo del caso a caso, tiene evidentes efectos económicos negativos derivados de las reacciones que genera, como se recogieron por ejemplo en el congreso de la Federación Rural. Pero el debate esencial, el problema de fondo, no es la economía; el tema es, como siempre, la libertad.