La OCDE, los Tratados y nuestro empleo

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ISAAC ALFIE

Desde esta columna he escrito en alguna oportunidad acerca de las "propuestas" de la OCDE. Vale la pena recordar que pese a que no integramos esta organización y su supuesto propósito es la colaboración de los países grandes hacia los más pequeños, desde largo tiempo atrás, más precisamente desde que Argentina ingresó a la misma, se dedica a molestarnos sistemáticamente por el mismo tema. Esto no es nuevo. Recuerdo en la primera mitad de los noventa a Argentina presionándonos para conocer lo que sus ciudadanos tienen y hacen por aquí y desde fines de esa década introduciendo a la OCDE en el medio. Cada tanto venía una misión con un "verso" totalmente tergiversado, repleto de mentiras y prejuicios a la que había que mostrarle la realidad y se iba con las manos vacías.

Las cosas se tornaron más duras luego del ataque a las torres gemelas en función de diversas leyes votadas por el Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, las misiones siguieron llegando y yéndose sin alteraciones del orden jurídico nacional.

Sobre fines de la década pasada, entiendo más por un descuido propio que otra cosa, aparecemos en una lista de "indeseables" y a partir de allí empezamos a recorrer un penoso camino, seguro que no deseado por una parte del gobierno, -aunque a otra parece gustarle-, que nos conduce a perder buena parte de nuestra ventaja competitiva en una serie de servicios profesionales y ahora como refugio contra las periódicas confiscaciones que sufren los argentinos.

LOS OTROS. Con la reforma tributaria, según se adujo en su momento, se eliminaron las SAFI e incorporó el impuesto a la renta de los no residentes para evitar ser castigados internacionalmente y "cumplir" con las exigencias. Un año después de la entrada en vigencia de la citada ley, fuimos incluidos en la mencionada lista por la OCDE. Demás está decir que Argentina está detrás de todo esto y juega su papel de manera incesante. Uruguay solía realizar acciones para contrarrestar la ofensiva argentina, pero parece claro que a la actual y anterior Cancillería no le interesa para nada hacerlo. Es más, toma como cierto lo que se dice desde Argentina ya que se muestra totalmente sumisa a los planteos y ni siquiera ofrece la más mínima resistencia argumental, que por cierto Uruguay la tiene y fuerte.

En el mundo existen muchísimas jurisdicciones donde se crean y administran vehículos jurídicos para que los inversores tengan estables reglas de juego, sean razonablemente protegidos en su identidad y no se los cargue con impuestos más allá de los que abonan en el lugar donde desarrollan su actividad. En Estados Unidos hay varias, la más "famosa" Delaware, un pequeño estado de la costa este, pero si se quiere algo más "institucional" se puede ir a Londres donde las compañías no pagan ningún impuesto por sus actividades fuera de Inglaterra y por ello allí se han radicado las sedes centrales de muchas empresas globales. También bajo bandera británica hay otros lugares donde se desarrollan numerosos vehículos de inversión bajo diversas formas jurídicas que se dedican a invertir off-shore, con las características ya citadas.

Lo anterior no es más que una fuente de trabajo legítimo, especializado y de calidad, por tanto bien remunerado, en especial para países pequeños carentes de grandes potenciales productivos. Nadie que realiza ese tipo de actividades se avergüenza de ello, ni las esconde o las toma como canalizadoras de actividades ilícitas. En Uruguay era así, pero desde hace buen tiempo parte del gobierno, seguramente más por ideología que por la realidad, las cree actividades cuasi lindantes en lo delictivo. Desde ya, que bajo éstas como cualquier otra forma jurídica pueden darse casos indeseados, pero hay que repasar la historia y contarlos, compararlos con los que también se dan bajo los "regímenes comunes" y conocer la realidad. Todo indica que no hay diferencias y que cuando se quiere transgredir se hace, siendo lo usual que se haga mediante formas que no ofrezcan sospechas o tengan "menos ojos encima".

LEYES. Uruguay ha aprobado en los últimos tiempos varias leyes al respecto. Tratados de intercambio de información tributaria, fácil levantamiento del secreto bancario, gravar las rentas de residentes en el exterior, normas relativas al lavado de activos, el tráfico de armas y otros delitos graves, se destacan entre otras. Sobre fin del año pasado, se envía un nuevo proyecto de ley donde, por la vía de los hechos, se elimina el anonimato en las S.A.

CON ARGENTINA. En este marco, desde la OCDE se nos exige que firmemos un tratado de intercambio de información con Argentina. Como todo indica que el Presidente quiere hacerlo, correctamente y con toda lógica el Ministro de Economía intenta minimizar el daño pidiendo un tratado que evite la doble tributación, la imposibilidad que inspectores de ese país actúen en nuestro territorio y que no sea retroactivo.

El tema de la no retroactividad es harto complejo porque el pedido de información de hoy seguramente traiga consigo que las operaciones empezaron antes. Más allá de ello, firmar con Argentina entiendo será un error y estoy convencido que las amenazas de las horribles cosas que nos pasarán si no lo hacemos, empalidecerán ante la evidencia que nada o casi nada sucederá en los hechos. ¿Por qué no hay que firmar con Argentina? Por algunas sencillas y conocidas razones, entre otras:

a. Argentina es un país que viola todas las normas.

b. Además de violar cuanto Tratado o Contrato ha querido, se jacta de ello.

c. No es un país donde se pueda decir que funciona la República y las persecuciones políticas vía el fisco o la justicia son frecuentes.

d. Falta poco para que, al mejor estilo Eva Perón, desde su gobierno nos traten como "los puercos uruguayos".

e. Con estos antecedentes seguramente no respeten la no doble tributación y sea una nueva fuente de fricciones.

Mucho peor es la "idea" de negociar este Tratado contra una mayor apertura comercial. Son cosas independientes, una instrumental otra conceptual, que no pueden ser moneda de cambio. Más allá de ello, bajo esta administración argentina, jamás habrá comercio libre.

Con otros países se han firmado tratados, en algunos casos, como con Alemania, el mismo sustituye al ya vencido de principios de los noventa. En general, los mismos no ofrecen mayores dificultades, salvo por el hecho que el secreto tributario es levantado a pedido del fisco externo y no mediante un procedimiento que pruebe la sospecha fundada y una autoridad judicial proceda a ello.

ANONIMATO. Como se dijo, el P.E. remitió un proyecto de ley con el objetivo de "cumplir" con la OCDE, esta vez eliminando por la vía de los hechos el anonimato en las sociedades. En este suplemento se ha tratado el tema desde la óptica instrumental. La ley parece un exceso frente a otras legislaciones donde el anonimato es resguardado por profesionales y levantado ante la fundada presunción de fraude o evasión, procedimiento judicial mediante. De todas maneras, como no en todos los casos se puede identificar a los beneficiarios, una puerta queda abierta. Imagine el lector que el "dueño" de las acciones sea un fondo de inversión o una sociedad bajo alguna de las jurisdicciones mencionadas, ¿quién puede obligarlos a decir el beneficiario final?, ¿cuántos habrá?, ¿cuántas veces cambian a lo largo de un año? Estar bajo un vehículo jurídico como estos cuesta dinero y por ende los que tienen mucho e inversiones grandes seguramente lo podrán hacer, no así los más chicos, la clase media.

Desde Argentina provienen la mayor parte de los pequeños capitales que se invierten en la construcción en Uruguay. Estos no tienen al retorno como principal motor, sino la seguridad, vienen evitando la confiscación de sus ahorros. Así han generado el boom de la construcción de Montevideo, Colonia, Maldonado y Rocha. Son ellos los que han dado enorme cantidad de trabajo, más que nadie. Es a ellos que las autoridades argentinas les estrechan el círculo sabiendo que su única escapatoria es invertir aquí, porque el volumen de su dinero y especialmente los costos de traslado no les da para ir más lejos (en Miami es más barato, pero ir y administrarlo bastante más caro).

Una ley como esta debe ser revisada porque atenta definitivamente contra el trabajo de los uruguayos. El Parlamento tiene la última palabra.